Las escasas opciones frente al fallo

Respecto de la polémica decisión de la CIJ de noviembre del año pasado, y con la demanda reciente interpuesta por Managua, al Gobierno se le van agotando las opciones para alterar el curso del mismo. El país sigue sin saber de la estrategia, y lo único hasta ahora visible ha sido el de recurso de ganar tiempo, sin que eso haya demostrado alguna efectividad.

Entretanto, Noemí Sanín y Miguel Ceballos anunciaron lo que ellos califican como las pruebas que confirmarían que la República Popular China habría estado detrás del fallo. En su momento se especuló si se podría tratar de un hecho nuevo, que le permitiese al gobierno interponer el recurso de revisión. A pesar de que la mayoría de expertos en derecho internacional aseguró que no cabía tal posibilidad, la exministra aún insiste para que la cancillería haga uso de su tesis y le reclame a la Corte Internacional de Justicia.

Esa era, grosso modo, la hipótesis o propuesta de Sanín y Ceballos. El Gobierno, que en los últimos meses ha preferido la prudencia para este caso, optó por desconocer la propuesta de Sanín. Lo más probable es que el grupo de abogados que está asesorando al gobierno colombiano, le hubiese recomendado hacer abstracción de lo expuesto por Sanín y Ceballos. ¿Por qué desconocer la tesis de Sanín y Ceballos, si de comprobarse esa tesis Colombia tendría todo para deslegitimar el fallo?

Dos razones contundentes lo explican. Primero, la excanciller y el exviceministro habían asegurado tener pruebas de que China participó del fallo y que detrás de todo ello estaba la construcción de un canal interoceánico. No obstante y como era de esperarse, las pruebas jamás se han hecho públicas y las declaraciones de ambos se basan en deducciones. Éstas, valga decirlo, desconocen aspectos mínimos y elementales tanto de la política internacional como de las relaciones exteriores.

¿Cómo explicar que Pekín haya incidido en la sentencia de la CIJ para hacer un negocio con un Estado con el que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas? Lo que Sanín y Ceballos desconocen, es el recorrido de la diplomacia de la República Popular que ha buscado, por todos los medios, que se confirme e imponga el principio de una sola China que implica aislar diplomáticamente a Taiwán, tal como lo hace Nicaragua.

Eso ha llevado a Pekín a renunciar a privilegios comerciales con países que reconocen a Taipéi. Dicho de otro modo, la tesis de la excanciller es que China está dispuesta a alterar un aspecto fundamental desde el triunfo de su revolución, como es la unidad territorial, en el afán de tener acceso a ventajas económicas. Ingenuo como simplista.

A su vez, la acusación contra la jueza Xue Hanqin es temeraria y no deja de poner en riesgo la relación con Pekín, actor vital para la proyección de Colombia hacia el Pacífico. El exviceminstro Ceballos afirmó lo siguiente: “De no haber sido nombrada magistrada, habría sido incorporada al Partido Comunista Chino y […] es la mujer más importante políticamente en su país”. Semejante afirmación no resiste el menor análisis, y lleva a demandarse por la rigurosidad que lleva a ese tipo de conclusiones.

El gobierno, por su parte, ha pensado equivocadamente que el decreto 1946 de este año, y que declara la zona contigua integral como una forma de defender la unidad del conjunto de cayos, puede alterar el contenido de la decisión del CIJ de noviembre de 2012. Es menester volver a recordar que el derecho interno no prima sobre el internacional, y menos en cuestiones de delimitación. La firma de ese decreto precipitó la nueva demanda de Managua, que solicitó a la Corte, el 16 de septiembre del 2013, aclarar la línea fronteriza entre los dos países en el Caribe.

Al gobierno le quedan entonces dos opciones, como se dijo desde el principio y que se desprenden más de lo político que de lo legal, aspecto ya agotado. El acatamiento del fallo y una pedagogía ciudadana del mismo, algo que el gobierno jamás ha hecho. La gente tiene derecho a saber exactamente qué fue lo que decidió la Corte Internacional de Justicia no sólo en noviembre sino en las consideraciones preliminares de 2007. O la negociación directa con Nicaragua que permita una explotación común, para que el fallo no tenga efectos negativos en la economía sanandresana.

Una aclaración final: si el Gobierno decidiera pedir una revisión del fallo (cuyos términos para presentar este recurso vencieron ayer –diciembre 13/13–), o la interpretación, en el primer caso, si la Corte no acepta el hecho nuevo que Colombia tendría que presentar, haría aún más difícil no aplicar su decisión; recurrir de nuevo a la Corte, y luego ignorarla, sería una incoherencia injustificable. Y en el segundo caso, se debe puntualizar que exigir una interpretación implicaría reconocer su aplicación, porque tal recurso se interpone para despejar dudas acerca de su ejecución.

* Profesor de la U. del Rosario

Respecto de la polémica decisión de la CIJ de noviembre del año pasado, y con la demanda reciente interpuesta por Managua, al Gobierno se le van agotando las opciones para alterar el curso del mismo. El país sigue sin saber de la estrategia, y lo único hasta ahora visible ha sido el de recurso de ganar tiempo, sin que eso haya demostrado alguna efectividad.

Entretanto, Noemí Sanín y Miguel Ceballos anunciaron lo que ellos califican como las pruebas que confirmarían que la República Popular China habría estado detrás del fallo. En su momento se especuló si se podría tratar de un hecho nuevo, que le permitiese al gobierno interponer el recurso de revisión. A pesar de que la mayoría de expertos en derecho internacional aseguró que no cabía tal posibilidad, la exministra aún insiste para que la cancillería haga uso de su tesis y le reclame a la Corte Internacional de Justicia.

Esa era, grosso modo, la hipótesis o propuesta de Sanín y Ceballos. El Gobierno, que en los últimos meses ha preferido la prudencia para este caso, optó por desconocer la propuesta de Sanín. Lo más probable es que el grupo de abogados que está asesorando al gobierno colombiano, le hubiese recomendado hacer abstracción de lo expuesto por Sanín y Ceballos. ¿Por qué desconocer la tesis de Sanín y Ceballos, si de comprobarse esa tesis Colombia tendría todo para deslegitimar el fallo?

Dos razones contundentes lo explican. Primero, la excanciller y el exviceministro habían asegurado tener pruebas de que China participó del fallo y que detrás de todo ello estaba la construcción de un canal interoceánico. No obstante y como era de esperarse, las pruebas jamás se han hecho públicas y las declaraciones de ambos se basan en deducciones. Éstas, valga decirlo, desconocen aspectos mínimos y elementales tanto de la política internacional como de las relaciones exteriores.

¿Cómo explicar que Pekín haya incidido en la sentencia de la CIJ para hacer un negocio con un Estado con el que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas? Lo que Sanín y Ceballos desconocen, es el recorrido de la diplomacia de la República Popular que ha buscado, por todos los medios, que se confirme e imponga el principio de una sola China que implica aislar diplomáticamente a Taiwán, tal como lo hace Nicaragua.

Eso ha llevado a Pekín a renunciar a privilegios comerciales con países que reconocen a Taipéi. Dicho de otro modo, la tesis de la excanciller es que China está dispuesta a alterar un aspecto fundamental desde el triunfo de su revolución, como es la unidad territorial, en el afán de tener acceso a ventajas económicas. Ingenuo como simplista.

A su vez, la acusación contra la jueza Xue Hanqin es temeraria y no deja de poner en riesgo la relación con Pekín, actor vital para la proyección de Colombia hacia el Pacífico. El exviceminstro Ceballos afirmó lo siguiente: “De no haber sido nombrada magistrada, habría sido incorporada al Partido Comunista Chino y […] es la mujer más importante políticamente en su país”. Semejante afirmación no resiste el menor análisis, y lleva a demandarse por la rigurosidad que lleva a ese tipo de conclusiones.

El gobierno, por su parte, ha pensado equivocadamente que el decreto 1946 de este año, y que declara la zona contigua integral como una forma de defender la unidad del conjunto de cayos, puede alterar el contenido de la decisión del CIJ de noviembre de 2012. Es menester volver a recordar que el derecho interno no prima sobre el internacional, y menos en cuestiones de delimitación. La firma de ese decreto precipitó la nueva demanda de Managua, que solicitó a la Corte, el 16 de septiembre del 2013, aclarar la línea fronteriza entre los dos países en el Caribe.

Al gobierno le quedan entonces dos opciones, como se dijo desde el principio y que se desprenden más de lo político que de lo legal, aspecto ya agotado. El acatamiento del fallo y una pedagogía ciudadana del mismo, algo que el gobierno jamás ha hecho. La gente tiene derecho a saber exactamente qué fue lo que decidió la Corte Internacional de Justicia no sólo en noviembre sino en las consideraciones preliminares de 2007. O la negociación directa con Nicaragua que permita una explotación común, para que el fallo no tenga efectos negativos en la economía sanandresana.

Una aclaración final: si el Gobierno decidiera pedir una revisión del fallo (cuyos términos para presentar este recurso vencieron ayer –diciembre 13/13–), o la interpretación, en el primer caso, si la Corte no acepta el hecho nuevo que Colombia tendría que presentar, haría aún más difícil no aplicar su decisión; recurrir de nuevo a la Corte, y luego ignorarla, sería una incoherencia injustificable. Y en el segundo caso, se debe puntualizar que exigir una interpretación implicaría reconocer su aplicación, porque tal recurso se interpone para despejar dudas acerca de su ejecución.

* Profesor de la U. del Rosario