Las ilegalidades del Gran Canal nicaragüense
Hoy se realiza una audiencia ante la CIDH, en la que se expondrán irregularidades y posibles afectaciones en la aprobación y construcción de este megaproyecto.
Daniel Salgar Antolínez
Hoy, en el marco del 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizará una audiencia solicitada por 11 peticionarios de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, movimientos ciudadanos e indígenas, entre otros, que expondrán su incertidumbre por la afectación que les pueda generar la construcción del canal interoceánico nicaragüense. Además, se visibilizarán episodios de represión en recientes manifestaciones en contra del proyecto, así como los vicios de las leyes con las cuales se aprobó su construcción y la falta de información pública al respecto.
Represión y presencia militar
Luis Buob es uno de los abogados que manejan el caso en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las organizaciones peticionarias de la audiencia. Dice que ante la Comisión se expondrán los episodios ocurridos durante el 23 y el 24 de diciembre, cuando se dieron los momentos más tensionantes de represión por parte de fuerzas policiales y militares, no sólo contra campesinos, sino contra ciudadanos y movimientos sociales e indígenas que se sumaron a las protestas contra el canal. “Se reportaron casos de tortura, violación, privación arbitraria de la libertad. Ahora están libres todos los que estuvieron detenidos, pero varios días estuvieron bajo custodia policial sin ningún cargo”.Buob añade que otra de las preocupaciones radica en que ahora las fuerzas militares nicaragüenses están presentes en varios centros poblados que van a verse afectados de manera directa con la construcción del canal, muchos de ellos siendo expropiados de sus tierras. “Esa presencia militar se ha reforzado también en las escuelas. Esto atemoriza a los padres, que preferirían no enviar a sus hijos a estudiar. Es uno de los elementos que vamos a visibilizar en la audiencia”.
Sin consulta previa
El año pasado, después de acudir a la justicia interna, pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa sur caribe de Nicaragua, principalmente las poblaciones Rama y Kriol, que verían afectado un 40% de su territorio con la construcción del Canal, presentaron una demanda contra el Estado nicaragüense ante la CIDH, por la falta de consulta previa en relación con la Ley 840 sobre la concesión del canal interoceánico.Buob aclara que el reclamo se realiza no sólo por la construcción del Canal, sino por la misma elaboración y promulgación de la ley que aprueba este proyecto. “Los pueblos indígenas no están en contra del ‘desarrollo’ que traería el Canal, pero denuncian la ausencia total de consulta desde la aprobación de la Ley 840 que permite la construcción”.
Según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los pueblos que puedan verse afectados por un proyecto deben ser informados de manera previa y libre, teniendo en cuenta el impacto directo que la construcción pueda causar a su vida y subsistencia. Sin embargo, son frecuentes las denuncias sobre la falta de un conocimiento detallado de todas estas comunidades sobre los estudios del Canal y sus implicaciones, mientras que funcionarios del gobierno y de la empresa HKND van a sus territorios supuestamente para adelantar estudios técnicos y medioambientales.
El Gran Canal plantearía serios riesgos para estos pueblos, que en su mayoría dependen de la agricultura, la pesca y la caza para el autoconsumo, tareas que sólo pueden desarrollar si se mantiene el medio ambiente en sus territorios ancestrales. Sin embargo, la ruta para construir el megaproyecto lo haría imposible y además llevaría a estas comunidades al aislamiento.
Vicios de la Ley 840
Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México de Cejil, aclara que la Ley 840 (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas) establece una serie de cambios que generan preocupación.Por ejemplo, que en la zona de construcción del canal no van a regir las leyes nicaragüenses y que el personal que contrate la empresa, nacional o extranjero, no va a estar sujeto a las leyes del país. “Ahí vemos un tema de violación a derechos laborales”. La Ley 840 también “establece que las personas que vayan a sufrir alguna expropiación solamente van a poder impugnar el monto, no así la causa, ni la extensión ni otros elementos de la expropiación, y que además la expropiación la puede hacer una comisión que crea esta ley. Hay serios vicios que claramente afectan otras legislaciones, derechos humanos y para algunos sectores afectan la propia soberanía nicaragüense”.
Otras posibles irregularidades del proceso radican en que no se sabe con exactitud de dónde vendrá la millonaria financiación de US$40 mil millones requerida para el proyecto. Dice Buob que esto hace parte de un proceso en el que de un momento a otro, en 2013, se aprueba de manera expedita la Ley, se firma el acuerdo macro con el empresario chino Wang Jing, y luego se anuncia la inversión de Nicaragua con un engranaje de 16 empresas de distintos países. Varias de esas empresas tienen un fondo de inversión pequeño, de entre 1.000 y 2.000 dólares, y tampoco hay ningún banco privado o público que haya manifestado el préstamo, la posibilidad de girar esos US$40 mil millones. Eso forma parte de la falta de información sobre el financiamiento.
Incertidumbre sobre las afectaciones
Una de las grandes críticas que se hacen al proceso del Gran Canal es que no se conocen estudios del impacto ambiental que pueda generar la construcción. Según Marcia Aguiluz, la magnitud colosal de esta obra afectaría zonas importantes: dos reservas de biosfera y ocho áreas protegidas, entre estas algunas muy importantes no solo para Nicaragua sino para la región, como la reserva de Indio Maíz o la Seaflower. “Esto podría tener efectos para toda Centroamérica”.Hasta ahora, sin embargo, son organizaciones independientes, como el Centro Humboldt, las que hacen las proyecciones, porque por parte del Estado no se conoce estudio alguno.
Buob complementa que con la Ley 840 se dan al inversionista o al concesionario derechos plenos sobre territorios, aguas internas y externas, durante 50 años prorrogables por cincuenta años más. “Durante alrededor de 100 años podría tener control absoluto sobre toda la franja o toda la ruta escogida. Eso afectaría reservas de biosfera donde están el Lago Cocibolca o el Gran Lago de Nicaragua. Podría haber consecuencias graves, por ejemplo, en el acceso al agua potable de las poblaciones circundantes”.
Otro problema que generaría la construcción del canal es el desplazamiento, cuando en el proceso de construcción se realicen expropiaciones a terrenos de habitantes de escasos recursos que tienen producción agropecuaria de autosubsistencia. Buob dice que estos desplazamientos forzados no sólo irían hacia Nicaragua sino también a otros países fronterizos como Costa Rica y Honduras. “A falta de información oficial, algunos estudios calculan que se afectarían por lo menos 24 mil hogares de manera directa, serían aproximadamente 100 mil personas”. Además, la seguridad alimentaria de Nicaragua estaría en riesgo, dado que los territorios por los que pasaría el canal también son usados para la producción agrícola que abastece al país.
Hoy, en el marco del 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizará una audiencia solicitada por 11 peticionarios de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, movimientos ciudadanos e indígenas, entre otros, que expondrán su incertidumbre por la afectación que les pueda generar la construcción del canal interoceánico nicaragüense. Además, se visibilizarán episodios de represión en recientes manifestaciones en contra del proyecto, así como los vicios de las leyes con las cuales se aprobó su construcción y la falta de información pública al respecto.
Represión y presencia militar
Luis Buob es uno de los abogados que manejan el caso en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las organizaciones peticionarias de la audiencia. Dice que ante la Comisión se expondrán los episodios ocurridos durante el 23 y el 24 de diciembre, cuando se dieron los momentos más tensionantes de represión por parte de fuerzas policiales y militares, no sólo contra campesinos, sino contra ciudadanos y movimientos sociales e indígenas que se sumaron a las protestas contra el canal. “Se reportaron casos de tortura, violación, privación arbitraria de la libertad. Ahora están libres todos los que estuvieron detenidos, pero varios días estuvieron bajo custodia policial sin ningún cargo”.Buob añade que otra de las preocupaciones radica en que ahora las fuerzas militares nicaragüenses están presentes en varios centros poblados que van a verse afectados de manera directa con la construcción del canal, muchos de ellos siendo expropiados de sus tierras. “Esa presencia militar se ha reforzado también en las escuelas. Esto atemoriza a los padres, que preferirían no enviar a sus hijos a estudiar. Es uno de los elementos que vamos a visibilizar en la audiencia”.
Sin consulta previa
El año pasado, después de acudir a la justicia interna, pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa sur caribe de Nicaragua, principalmente las poblaciones Rama y Kriol, que verían afectado un 40% de su territorio con la construcción del Canal, presentaron una demanda contra el Estado nicaragüense ante la CIDH, por la falta de consulta previa en relación con la Ley 840 sobre la concesión del canal interoceánico.Buob aclara que el reclamo se realiza no sólo por la construcción del Canal, sino por la misma elaboración y promulgación de la ley que aprueba este proyecto. “Los pueblos indígenas no están en contra del ‘desarrollo’ que traería el Canal, pero denuncian la ausencia total de consulta desde la aprobación de la Ley 840 que permite la construcción”.
Según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los pueblos que puedan verse afectados por un proyecto deben ser informados de manera previa y libre, teniendo en cuenta el impacto directo que la construcción pueda causar a su vida y subsistencia. Sin embargo, son frecuentes las denuncias sobre la falta de un conocimiento detallado de todas estas comunidades sobre los estudios del Canal y sus implicaciones, mientras que funcionarios del gobierno y de la empresa HKND van a sus territorios supuestamente para adelantar estudios técnicos y medioambientales.
El Gran Canal plantearía serios riesgos para estos pueblos, que en su mayoría dependen de la agricultura, la pesca y la caza para el autoconsumo, tareas que sólo pueden desarrollar si se mantiene el medio ambiente en sus territorios ancestrales. Sin embargo, la ruta para construir el megaproyecto lo haría imposible y además llevaría a estas comunidades al aislamiento.
Vicios de la Ley 840
Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México de Cejil, aclara que la Ley 840 (Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas) establece una serie de cambios que generan preocupación.Por ejemplo, que en la zona de construcción del canal no van a regir las leyes nicaragüenses y que el personal que contrate la empresa, nacional o extranjero, no va a estar sujeto a las leyes del país. “Ahí vemos un tema de violación a derechos laborales”. La Ley 840 también “establece que las personas que vayan a sufrir alguna expropiación solamente van a poder impugnar el monto, no así la causa, ni la extensión ni otros elementos de la expropiación, y que además la expropiación la puede hacer una comisión que crea esta ley. Hay serios vicios que claramente afectan otras legislaciones, derechos humanos y para algunos sectores afectan la propia soberanía nicaragüense”.
Otras posibles irregularidades del proceso radican en que no se sabe con exactitud de dónde vendrá la millonaria financiación de US$40 mil millones requerida para el proyecto. Dice Buob que esto hace parte de un proceso en el que de un momento a otro, en 2013, se aprueba de manera expedita la Ley, se firma el acuerdo macro con el empresario chino Wang Jing, y luego se anuncia la inversión de Nicaragua con un engranaje de 16 empresas de distintos países. Varias de esas empresas tienen un fondo de inversión pequeño, de entre 1.000 y 2.000 dólares, y tampoco hay ningún banco privado o público que haya manifestado el préstamo, la posibilidad de girar esos US$40 mil millones. Eso forma parte de la falta de información sobre el financiamiento.
Incertidumbre sobre las afectaciones
Una de las grandes críticas que se hacen al proceso del Gran Canal es que no se conocen estudios del impacto ambiental que pueda generar la construcción. Según Marcia Aguiluz, la magnitud colosal de esta obra afectaría zonas importantes: dos reservas de biosfera y ocho áreas protegidas, entre estas algunas muy importantes no solo para Nicaragua sino para la región, como la reserva de Indio Maíz o la Seaflower. “Esto podría tener efectos para toda Centroamérica”.Hasta ahora, sin embargo, son organizaciones independientes, como el Centro Humboldt, las que hacen las proyecciones, porque por parte del Estado no se conoce estudio alguno.
Buob complementa que con la Ley 840 se dan al inversionista o al concesionario derechos plenos sobre territorios, aguas internas y externas, durante 50 años prorrogables por cincuenta años más. “Durante alrededor de 100 años podría tener control absoluto sobre toda la franja o toda la ruta escogida. Eso afectaría reservas de biosfera donde están el Lago Cocibolca o el Gran Lago de Nicaragua. Podría haber consecuencias graves, por ejemplo, en el acceso al agua potable de las poblaciones circundantes”.
Otro problema que generaría la construcción del canal es el desplazamiento, cuando en el proceso de construcción se realicen expropiaciones a terrenos de habitantes de escasos recursos que tienen producción agropecuaria de autosubsistencia. Buob dice que estos desplazamientos forzados no sólo irían hacia Nicaragua sino también a otros países fronterizos como Costa Rica y Honduras. “A falta de información oficial, algunos estudios calculan que se afectarían por lo menos 24 mil hogares de manera directa, serían aproximadamente 100 mil personas”. Además, la seguridad alimentaria de Nicaragua estaría en riesgo, dado que los territorios por los que pasaría el canal también son usados para la producción agrícola que abastece al país.