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El Parlamento griego aprobó este viernes una nueva reforma de la Ley de Asilo, que modifica algunos de los reglamentos aprobados hace medio año para hacer más ágil el examen de las demandas de protección internacional. El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que el país es uno de los que más migrantes recibe del continente y uno de los que en los últimos meses ha recibido numerosas denuncias por malos tratos en su campos de refugiados.
El doble objetivo de la ley es que "reducir sustancialmente los flujos migratorios y paliar los efectos de la crisis en las comunidades locales" y que "Grecia deje de ser un país atractivo para la migración", dijo el ministro de Migración, durante el debate parlamentario que comenzó el pasado miércoles.
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En esta nueva modificación de la ley se establecen, entre otras cosas, las reglas de funcionamiento de los centros cerrados que sustituirán los campamentos actuales en las islas donde viven cerca de 40.000 personas en espacios concebidos para acoger a 6.000.
Las disposiciones de la ley, que han provocado las críticas de decenas de organizaciones humanitarias -entre ellas Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y Human Rights 360- reducen el plazo para apelar un rechazo de una solicitud de asilo a tan solo dos días y generalizan la detención de los solicitantes.
Otra medida restrictiva es que, en caso de "llegadas masivas", la comisión que examina en segundo grado las solicitudes -compuesta por tres jueces- puede ser sustituida por un solo juez. Además se elimina, con efecto retroactivo a partir de 1 del enero, el derecho de solicitantes cuyas demandas han sido rechazadas, a recibir permiso de residencia por razones humanitarias, principalmente personas con problemas de salud grave.
Se elimina asimismo la obligación de la Policía a examinar cada caso de solicitante de asilo individualmente y justificar por escrito su decisión antes de decretar su detención administrativa.
En los nuevos centros "multifuncionales", como los denomina el Gobierno, habrá centros de detención, espacios para menores de edad, y también una parte abierta pero vigilada que permitirá la salida del campo en un horario definido por el director del lugar. El Gobierno ha decidido también el cese a finales de este año de los programas de alojamiento para solicitantes de asilo en hoteles y apartamentos alquilados por el Estado.
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Ambos programas, gestionados por ACNUR, son financiados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea, no suponen ningún coste para el Estado griego y ayudan actualmente a más de 30.000 personas.
Con esta decisión el Gobierno cede a las presiones de la ultraderecha, que lleva una violenta campaña contra estos programas en la parte continental del país, y a las presiones de alcaldes afines a Nueva Democracia que no quieren la presencia de refugiados en sus ayuntamientos.
Además, a partir de junio, todas las personas que ya han recibido el estatuto de refugiado y siguen viviendo en apartamentos, pisos y campamentos en la parte continental del país, deberán abandonar su alojamiento y no percibirán más las ayudas previstas para los solicitantes de asilo.
Esta decisión puede dejar a miles de personas sin techo y sin ningún recurso, pues la ley que entró en vigor en enero estipula que las personas reconocidas como refugiados tienen derecho de acceso al mercado laboral tan solo seis meses después de haber obtenido asilo.
Por - Redacción Internacional
