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La 49ª Cumbre de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebró en Medellín del 26 al 28 de junio, terminó con más preguntas que respuestas para la región. A pesar de contar con una agenda marcada por las crisis de Venezuela y Nicaragua y la migración centroamericana, fueron pocas, o casi ninguna, las respuestas en concreto que se ofrecieron para atender estas emergencias. La hoja de ruta que se trazó en esos tres días parece contar con más de lo mismo, entre lo cual se destaca otra vez el respaldo final de la mayoría de los Estados al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y la solicitud al gobierno del nicaragüense Daniel Ortega para que reanude las negociaciones en su país y permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su territorio. Pero, además de las declaraciones políticas, ¿dónde están las soluciones a la emergencia humanitaria?
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“(La Cumbre) deja algo de incertidumbre todavía. A pesar de todos los pronunciamientos que puedan tener, con toda la elocuencia del mundo, no veo algo que corresponda a una iniciativa concreta coordinada y articulada con corresponsabilidad de los Estados. Puede que haya discusiones a las que soy ajeno, pero creo que es más de lo mismo. Es decir, vamos a llegar a final de año con una mayor crisis humanitaria en Venezuela, a menos que algo extraordinario ocurra allá adentro”, asegura Luis Carlos Rodríguez, oficial de abogacía del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Como explica Rodríguez, Latinoamérica tiene un problema desde hace tiempo y es la incapacidad para fortalecer sus espacios multilaterales, “como la OEA, la Comunidad Andina o la Alianza para Pueblos de Nuestra América (Alba)”, entre otros. “Los mismos países no toman decisiones. Si se reúnen, uno esperaría que no solo emitan un posicionamiento político sino propuestas conjuntas, porque ellos como grupo deberían construir una propuesta coordinada que responda a la situación, pero uno no ve eso. Uno ve que se reúnen dos o tres días, hacen un pronunciamiento y dicen lo de siempre: ‘usurpador, no estamos de acuerdo’, y ya. Ahí quedó”, señala.
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El oficial de abogacía de Cejil recalca que la sociedad civil ha sugerido que la única respuesta a las emergencias es articulada, coordinada y regional, donde haya corresponsabilidad entre Estados y una participación civil y de aliados internacionales. Sin embargo, lo que se ve hasta ahora es que Colombia toma unas medidas por su lado, y Perú, Ecuador y Chile otras por el suyo, por poner algunos ejemplos. “Cada Estado está tomando medidas diferentes, casi siempre justificando su seguridad nacional”, agrega Rodríguez.
La ausencia de decisiones en conjunto estaría alimentando la gravedad de la crisis, según explica el experto. Por ejemplo, en cuanto a movilidad migratoria, la región no se ha atrevido a aprobar un documento de tránsito para los migrantes por todas las complejidades que representa para los gobiernos nacionales. Algunos, incluso, como Chile o Perú, han comenzado a pedirles visa a los venezolanos. El problema yace en que estos trámites estarían agregando leña al fuego.
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“La situación no está para solicitar un documento, como lo hacen Chile o Perú, o incluso el pasaporte, como lo pide Ecuador. No le puedes pedir una visa a esta gente cuando no tienen ni cómo renovar la cédula dentro de su país, cuando no tienen ni para conseguir una canasta de huevos. Adelantar los trámites ya es de por sí difícil. Ellos quieren regularizarse, quieren tener sus papeles bien, pero no pueden. Y, como pasa finalmente en toda la región, si tú no tienes dinero, no logras que se mueva la cosa. Así que los que se benefician son los de las mafias, los tramitadores ilegales o los coyotes. Todo esto contrasta con lo que dicen los gobiernos cuando salen a los medios de comunicación a lamentar la situación”, dice Rodríguez. “Todas esas barreras que ponen ante una situación humanitaria tan compleja lanzan a los migrantes hacia los brazos de esas personas ilegales”, complementa.
Además de las pocas soluciones en cuanto a la crisis migratoria y de violaciones contra los derechos humanos en la región, el retiro de la delegación de Uruguay de la Cumbre, luego de rechazar la presencia de los representantes enviados por Guaidó, reveló las fracturas dentro del organismo. Y las denuncias de la sociedad civil, respecto a que su espacio de participación fue insuficiente, mostraron las deficiencias de la OEA como plaza de discusión para la región.
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“Muchas veces suceden situaciones como las crisis políticas y sociales de Nicaragua y Venezuela, que se consideran prioritarias, pero también se relegan otros temas”, asegura Teresa Alarcón, líder y vocera de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. “Tenemos en nuestro continente las tasas más altas de feminicidio, embarazo infantil y adolescente, infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes del mundo. Nosotras quisiéramos que esos temas se atendieran también en la agenda”, agrega.
Si bien la organización civil fue invitada a la cumbre, muchos de los asistentes y acreditados se sintieron defraudados por su escasa participación en el evento. Miembros de organizaciones de toda América se quejaron con los organizadores por negarles la entrada a la primera plenaria del 27 de junio; otros sintieron que el espacio de tres minutos que se les dio para exponer sus preocupaciones ante los representantes de cada gobierno fue mínimo y que por ello se debieron organizar mesas de trabajo para ahondar en los debates. “Un tema no tiene por qué reemplazar al otro o desplazarlo. Los Estados, la OEA, son perfectamente capaces de trabajar sobre estos temas y comprometerse. Nosotras estamos dispuestas como sociedad civil a trabajar juntamente con los Estados y con la OEA, y estamos siempre insistiendo para que se reconozca la prioridad de estos temas. Nosotras no creemos que la agenda sea incorrecta, lo que creemos es que la agenda tiene que ser integral”, dice Alarcón.
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Por último, la Cumbre terminó con dos derrotas para el Gobierno colombiano. Por un lado, a Everth Bustamante, candidato del presidente Iván Duque para pertenecer a la CIDH, no le alcanzaron los votos en la elección de los nuevos miembros del organismo. El exsenador, cuya aspiración fue cuestionada por un panel de expertos que dijo que no cumplía con los requisitos, manifestó que la salida de Uruguay afectó su elección. Por otro, también fue derrotada la iniciativa encabezada por el país para reformar la defensa de derechos humanos en la OEA, que quería limitar el alcance de las resoluciones del organismo para frenar leyes de amnistía, investigar denuncias de tortura, desaparición forzada o ataques a la libertad de expresión en las que están involucrados los Estados, un mecanismo que ha sido especialmente eficaz en los últimos años, según destaca El País de España.
La OEA cerró su cumbre en Medellín “reiterando e insistiendo” en la preocupante situación que se vive en Nicaragua y convocando a la creación de una comisión para que redacte un informe sobre la gravedad de la crisis. También “reafirmó, consideró y recordó” la situación en Venezuela y pidió apoyo para ese país, así como aceptar a cualquier representante que dicte la Asamblea Nacional de Venezuela ante la organización. Además tomó nota del Proceso de Quito como un “mecanismo de diálogo” para la crisis y llamó a “reconocer la generosidad y solidaridad” de los países de la región que han acogido a los venezolanos. En conclusión, se quedaron en el aire soluciones de fondo para la asistencia coordinada a los migrantes de la región, también en Centroamérica, y muchas otras temáticas expuestas por las organizaciones civiles. “Es una contradicción total donde salen escenarios multilaterales como la OEA a decir ‘vamos a fortalecer el multilateralismo’, pero queda eso, las palabras, la foto, y al final vas a ver lo que realmente se está haciendo y no se ve”, resalta Rodríguez.