Los damnificados del canal de Nicaragua

Aunque el futuro del canal interoceánico de Nicaragua es aún incierto, miles de campesinos han salido a las calles durante el último año, en el que ha habido alrededor de 50 manifestaciones, algunas violentas, en contra de las expropiaciones de tierra que serían necesarias para construir el megaproyecto, que implicaría la mayor remoción de tierras de la historia.

Para la construcción del canal entre el océano Atlántico y el Pacífico, que tendría una longitud de 276 kilómetros, sería necesario desalojar a 27.000 personas, lo que el gobierno nicaragüense justifica con los beneficios proyectados de la megaobra: 50.000 empleos y la duplicación del tamaño de la economía del país centroamericano.

HKND Group, la empresa china que tiene la concesión para construir el canal y operarlo por 50 años, asegura que pagará precios de mercado por las áreas expropiadas. Sin embargo, los campesinos no confían en la promesa, y mucho menos después de que en 2013 se aprobó una ley que le permite al gobierno expropiar sobre el valor de tasación de cada propiedad, generalmente mucho más bajo que el valor comercial.

“Si somos expropiados, salimos a las calles”, le dijo al Wall Street Journal Medardo Mairena, un agricultor que participó en una marcha en Ometepe. Pero los campesinos no son los únicos preocupados por el proyecto, los ambientalistas pronostican un gran daño ecológico. Al menos 388 kilómetros cuadrados de sabana serían inundadas para para crear un embalse, lo que afectaría gran cantidad de fauna y flora.

Además, la ruta del canal pasa por el Gran Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica; es posible que las obras levanten sedimentos que pueden disminuir el contenido de oxígeno del lago, amenazando el agua potable y la vida acuática.

Otros que saldrían perdiendo con la obra son los miembros de la etnia Rama, los últimos hablantes de su lengua, pues el canal pasaría por los territorios que han ocupado durante mucho tiempo. “De implementarse el proyecto, existe la fuerte posibilidad que la lengua rama en la comunidad de Bankukuk Taik –el pueblo de los rama- se extinga, al ser desplazados de manera forzada los últimos hablantes de este idioma”, aseguró Becky McCray, abogado del grupo indígena en una audiencia reciente en Washington, según el Wall Street Journal.

Aunque la compañía china ha invertido varios millones de dólares en estudios de todo tipo sobre la viabilidad y el impacto del proyecto, algunos expertos en comercio naviero aseguran que, ante la reciente ampliación del canal de Panamá, el de Nicaragua es innecesario. Además, los US$50.000 millones necesarios para la construcción aún no están asegurados.

(Lea el artículo completo de The Wall Street Journal)

Aunque el futuro del canal interoceánico de Nicaragua es aún incierto, miles de campesinos han salido a las calles durante el último año, en el que ha habido alrededor de 50 manifestaciones, algunas violentas, en contra de las expropiaciones de tierra que serían necesarias para construir el megaproyecto, que implicaría la mayor remoción de tierras de la historia.

Para la construcción del canal entre el océano Atlántico y el Pacífico, que tendría una longitud de 276 kilómetros, sería necesario desalojar a 27.000 personas, lo que el gobierno nicaragüense justifica con los beneficios proyectados de la megaobra: 50.000 empleos y la duplicación del tamaño de la economía del país centroamericano.

HKND Group, la empresa china que tiene la concesión para construir el canal y operarlo por 50 años, asegura que pagará precios de mercado por las áreas expropiadas. Sin embargo, los campesinos no confían en la promesa, y mucho menos después de que en 2013 se aprobó una ley que le permite al gobierno expropiar sobre el valor de tasación de cada propiedad, generalmente mucho más bajo que el valor comercial.

“Si somos expropiados, salimos a las calles”, le dijo al Wall Street Journal Medardo Mairena, un agricultor que participó en una marcha en Ometepe. Pero los campesinos no son los únicos preocupados por el proyecto, los ambientalistas pronostican un gran daño ecológico. Al menos 388 kilómetros cuadrados de sabana serían inundadas para para crear un embalse, lo que afectaría gran cantidad de fauna y flora.

Además, la ruta del canal pasa por el Gran Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica; es posible que las obras levanten sedimentos que pueden disminuir el contenido de oxígeno del lago, amenazando el agua potable y la vida acuática.

Otros que saldrían perdiendo con la obra son los miembros de la etnia Rama, los últimos hablantes de su lengua, pues el canal pasaría por los territorios que han ocupado durante mucho tiempo. “De implementarse el proyecto, existe la fuerte posibilidad que la lengua rama en la comunidad de Bankukuk Taik –el pueblo de los rama- se extinga, al ser desplazados de manera forzada los últimos hablantes de este idioma”, aseguró Becky McCray, abogado del grupo indígena en una audiencia reciente en Washington, según el Wall Street Journal.

Aunque la compañía china ha invertido varios millones de dólares en estudios de todo tipo sobre la viabilidad y el impacto del proyecto, algunos expertos en comercio naviero aseguran que, ante la reciente ampliación del canal de Panamá, el de Nicaragua es innecesario. Además, los US$50.000 millones necesarios para la construcción aún no están asegurados.

(Lea el artículo completo de The Wall Street Journal)