Marihuana legal, la semilla sembrada por Uruguay

A finales de 2013 algo empezó a cambiar en América Latina. Luego de años de lucha contra las drogas —con resultados cuestionables—, varios países de la región se plantearon otras alternativas. El primero en dar el paso fue Uruguay, que legalizó la producción y venta de marihuana, una iniciativa que hoy se sigue implementando. Según anunció recientemente el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), a partir de 2016 dos empresas producirán y distribuirán el producto en farmacias autorizadas. Todo el proceso estará bajo control del Estado.

Dos años después, a comienzos de este año, el debate se trasladó a Chile, en donde se discute una ley para despenalizar su uso con fines medicinales y recreativos. México no es ajeno al debate, propuesto por Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de México, que estudia el tema. Partidos políticos y opinión pública buscan una solución a la guerra contra las drogas que desde el gobierno de Felipe Calderón ha dejado más de 80.000 muertos y miles de desaparecidos.

Más aún cuando el principal promotor de la guerra contra las drogas en el continente ha empezado a dar el giro. Cuatro de sus estados tienen el cannabis recreativo regulado (Washington, Colorado, Alaska y Oregon) y 23 lo legalizaron para usos medicinales. “Le quita cierta credibilidad (a Estados Unidos) a la hora de dictar a los países de América Latina —como han hecho en las últimas décadas— cómo han de definir ciertas metas en sus políticas de drogas”, le dijo Pien Metaal, experta del Centro de Estudios del Instituto Transnacional, en Ámsterdam, a la AFP.

En la región también hay voces tajantes frente al debate mundial. “La legalización de las drogas no está hoy en la agenda”, declaró el ministro de Justicia brasileño, Eduardo Cardozo, a pesar de que ya se han presentado proyectos de ley en ese sentido. En la misma posición se muestran Nicaragua, Panamá, México, Costa Rica, Venezuela y Perú. En Argentina, el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, respalda un proyecto de ley para despenalizar el uso personal, pero el Gobierno se opone.

En Colombia, el Congreso debate un proyecto para su uso médico, con el apoyo del presidente Juan Manuel Santos, quien ha dicho que “la vía represiva ha fracasado”, opinión respaldada por su homólogo de Ecuador, Rafael Correa. Y es justo bajo el liderazgo de Colombia, México y Guatemala que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostendrá una sesión especial en 2016 para discutir el tema.

El caso mexicano

En abril de 2009 el Congreso mexicano aprobó la despenalización del consumo mínimo de varias drogas en todo el país: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 0,5 gramos de cocaína, 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de metanfetamina. Sin embargo, conseguir esas drogas es un delito, según el Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años de prisión para quien produzca, trafique o recete sin licencia algún narcótico.

En México hay alrededor de 5,7 millones de consumidores de marihuana, según la última Encuesta Nacional de Adicciones y el último reporte sobre drogas de la ONU. México es el segundo productor mundial de marihuana, después de Marruecos.

Sin embargo, a pesar de los intentos de la izquierda mexicana en el Congreso para abrirle un nuevo camino al debate del uso del cannabis, la discusión no prosperaba. Hasta ayer, cuando el país, de la mano de la Suprema Corte de Justicia, abrió las puertas para la legalización de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro. Una decisión histórica que supone un gran avance para uno de los países más golpeados por el narcotráfico. Los jueces (tres votos a favor y uno en contra) autorizaron el consumo, el cultivo y la posesión de marihuana al club de fumadores Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), que desde hace dos años había solicitado al Gobierno permisos para cultivar plantas de marihuana para uso recreativo, lo que fue rechazado.

La bandera la tomó el magistrado Arturo Zaldívar, un experto constitucionalista que llegó a la Corte en 2009 y quien argumentó en el proyecto votado ayer en la Corte que el riesgo para la salud que supone la marihuana es menor o similar al del tabaco, y su prohibición, por tanto, resulta desproporcionada respecto al derecho constitucional a la autonomía individual. El juez Zaldívar, miembro de Smart, aunque ha señalado que “nunca he fumado marihuana”, cree que no corresponde al Estado limitar las libertades.

La polémica decisión —sólo 20% de los mexicanos aceptan el consumo recreativo y el 80% está de acuerdo con que se regularice con fines medicinales— recuerda el reciente fallo a favor del matrimonio gay. De nuevo, los jueces decidieron frente a un tema que ningún político quiso asumir.