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El caso de Gustavo Petro creó roces entre el gobierno de Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no acatar las medidas cautelares dictadas por la CIDH para detener la destitución de Petro, el gobierno colombiano se levantó de una audiencia sobre derechos políticos citada por la Comisión en señal de protesta. En ese momento el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, explicó que en la audiencia se tocaría el caso Petro, que ahora pasa a una revisión de fondo independientemente del tema de las medidas cautelares, y que Colombia no había aún fijado una posición al respecto.
¿Cómo le fue al Gobierno en las pasadas sesiones de la CIDH?
Quiero destacar que en siete casos de circunstancias complejas el Estado colombiano reiteró su compromiso con las medidas cautelares solicitadas en el pasado por la CIDH a líderes del Catatumbo, grupos de abogados, defensores de derechos humanos y periodistas. Hubo un trabajo intenso con participación de los peticionarios y el Estado, y una intervención muy apropiada de la CIDH. De manera que Colombia reiteró que fortalece y ajusta esas medidas cautelares ante las solicitudes formuladas por la CIDH.
¿Entonces las medidas cautelares de la Comisión sí valen?
Sí se mantienen. Es una tradición en cuanto se refieren a la protección de la vida y la integridad física de las personas.
En el caso de las medidas cautelares dictadas por la Comisión para proteger la vida, ¿el Gobierno las entiende como obligatorias?
En los últimos años, Colombia, interpretando su Constitución y actuando de buena fe, ha estimado que tratándose de estas circunstancias en particular, las medidas cautelares son plenamente convenientes y se ajustan a lo que establece la Corte Constitucional. Y se han acogido y se acogen de nuevo en estas sesiones en las que se han revisado siete casos.
¿Por qué entonces no se acogieron las medidas dictadas a Gustavo Petro, que pedían proteger sus derechos políticos?
Primero, cabe precisar que los derechos políticos están consagrados en nuestra Constitución y son igualmente fundamentales. Pero hay distintos caminos y vías de protección, según la naturaleza de los derechos. Y la discusión que se ha dado es cómo juega la aplicación de instrumentos internacionales e internos.
Segundo, en el caso colombiano existe una variedad de caminos especiales en el campo de las medidas cautelares de protección a los derechos políticos: está la tutela, están las medidas cautelares ante la jurisdicción contencioso administrativa, está el evento de la Corte Constitucional, cuando a la hora de la selección de las tutelas pueda fijar alguna postura que dé luz sobre cómo se armonizan los derechos del régimen interno y externo. De manera que no hay discusión sobre la importancia de jerarquía de los derechos políticos fundamentales, sino una perspectiva de interpretación sobre cómo o cuándo operan recursos de naturaleza interna o internacionales.
¿Entonces quienes soliciten medidas cautelares por protección a la vida ante la CIDH pueden estar tranquilos de que si son otorgadas el Gobierno las cumplirá?
Sin lugar a dudas. Colombia lo ha venido haciendo así en los últimos años y en este gobierno se han fortalecido plenamente todas las medidas. Colombia es de los países adalides en la aplicación y adopción de estos derechos fundamentales.
¿Cómo quedaron las relaciones con la CIDH?
Se mantienen de manera fluida. Lo importante con las instancias internacionales es que las diferencias se resuelven por la vía del entendimiento. El presidente ha resaltado la importancia de estos sistemas de DD.HH. Son un pilar fundamental. Lo cual no impide que, si hay una diferencia de interpretación en un caso específico, se plantee la perspectiva del Estado y sobre todo la de sus altas cortes.
Durante las pasadas audiencias la CIDH también citó a una sesión sobre el caso de la Unión Patriótica, que los peticionarios insisten en describir como un genocidio. ¿Cómo va este caso?
A través de la Agencia de Defensa del Estado, Colombia ha planteado nuevamente una solución amistosa. Las partes solicitantes aún no la han acogido. Hemos pedido una participación de la CIDH, que se ha reunido con ellos para mediar. Nosotros vamos a perseverar, porque consideramos muy importante para la historia y para la solución pacífica de conflictos que se logre una conciliación.
Las víctimas de la UP dicen que el Gobierno sigue planteando lo mismo que en el pasado.
Ellos han considerado que no hay que arrancar de cero. Tenemos que recoger experiencias pasadas y el trabajo de otros gobiernos e instituciones para poder tener una determinación objetiva de quiénes y cuántas han sido esas víctimas. Finalmente, cada una de las personas que queden incluidas deben responder a una justificación objetiva.
*Corresponsal de Caracol TV y Blu Radio en Washington.
Por Daniel Pacheco
