México: ¿Por qué es tan peligrosa la nueva ley de seguridad interior?

El 2017 fue un año doloroso para los mexicanos. Los dos terremotos que vivió el país en el mes de septiembre llegaron en un contexto caótico y sangriento. Este último ha sido uno de los períodos más violentos de la historia del paós. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México hablan por sí solas: en el 2007, murieron 10.253 personas en homicidios dolosos, en el 2011, la cifra de estos delitos aumentó a 22.855. Y en el 2017, aún sin haber siquiera terminado el año, las autoridades ya han sistematizado la muerte de 213.000 personas.

Como respuesta a la crisis, el gobierno decidió promover una ley que le permita a las fuerzas armadas intervenir en labores de seguridad pública, dentro de las ciudades. No obstante, organismos internacionales han señalado el peligro que aplicar esta norma trae consigo.

“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Senado para que no ratifique la medida, pues según ellos, “perpetúa institucionalmente” el fracaso del gobierno ante la violencia.

La entidad entregó una carta al presidente del Senado, en donde expresa su "grave preocupación" por la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y actualmente bajo consideración de los senadores.

AI considera que la aprobación definitiva del proyecto "sería un grave retroceso en materia de derechos humanos", argumentando que "prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rinden cuentas".

Según Human Rights Watch, entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2.000 recibidas durante el actual gobierno. Esta y otras organizaciones de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. En estos abusos, la impunidad sigue siendo la regla.

Los números que ha recogido HRW, no hablan bien de la capacidad del Estado y del actual gobierno para pelear contra el narcotráfico. Desde que México inició su “guerra contra las drogas” en 2006, más de 100.000 personas han sido asesinadas y más de 30.000 desaparecieron, en una estrategia que implicó la movilización masiva de miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir la delincuencia organizada Los índices de homicidios descendieron en 2014 y 2015, pero desde entonces han aumentado en forma constante.

Este podría ser el año más letal de la historia de México.

*Con información de Human Rights Watch y EFE

El 2017 fue un año doloroso para los mexicanos. Los dos terremotos que vivió el país en el mes de septiembre llegaron en un contexto caótico y sangriento. Este último ha sido uno de los períodos más violentos de la historia del paós. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México hablan por sí solas: en el 2007, murieron 10.253 personas en homicidios dolosos, en el 2011, la cifra de estos delitos aumentó a 22.855. Y en el 2017, aún sin haber siquiera terminado el año, las autoridades ya han sistematizado la muerte de 213.000 personas.

Como respuesta a la crisis, el gobierno decidió promover una ley que le permita a las fuerzas armadas intervenir en labores de seguridad pública, dentro de las ciudades. No obstante, organismos internacionales han señalado el peligro que aplicar esta norma trae consigo.

“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW). “Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Senado para que no ratifique la medida, pues según ellos, “perpetúa institucionalmente” el fracaso del gobierno ante la violencia.

La entidad entregó una carta al presidente del Senado, en donde expresa su "grave preocupación" por la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y actualmente bajo consideración de los senadores.

AI considera que la aprobación definitiva del proyecto "sería un grave retroceso en materia de derechos humanos", argumentando que "prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rinden cuentas".

Según Human Rights Watch, entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2.000 recibidas durante el actual gobierno. Esta y otras organizaciones de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. En estos abusos, la impunidad sigue siendo la regla.

Los números que ha recogido HRW, no hablan bien de la capacidad del Estado y del actual gobierno para pelear contra el narcotráfico. Desde que México inició su “guerra contra las drogas” en 2006, más de 100.000 personas han sido asesinadas y más de 30.000 desaparecieron, en una estrategia que implicó la movilización masiva de miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir la delincuencia organizada Los índices de homicidios descendieron en 2014 y 2015, pero desde entonces han aumentado en forma constante.

Este podría ser el año más letal de la historia de México.

*Con información de Human Rights Watch y EFE