Michel Temer: un presidente con cada vez más problemas

Nuevas pruebas de complicidad de personajes notables del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), partido del actual presidente brasileño, Michael Temer, aumentan la presión hacia la clase política en Brasil en el contexto de ‘Lava Jato’ o ‘Petrolão’, el mayor escándalo de corrupción que ha vivido Brasil desde su vuelta a la democracia en los años ochenta.

La Fiscalía brasileña ha pedido al Supremo la prisión contra el jefe del Senado, Renan Calheiros; el expresidente José Sarney; Romero Jucá, el exministro del Gobierno del mandatario interino Michel Temer, y el expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, informaron hoy fuentes judiciales. Las solicitudes, que serán evaluadas por el juez encargado en el Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, se basan en acusaciones de que los cuatro políticos intentaron obstruir las investigaciones del caso Petrobras.

El escándalo salió a la luz después de que Sarney, Calheiros y Jucá, todos cercanos a Temer, fueran grabados discutiendo estrategias para detener las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras por el “arrepentido” Sergio Machado, un funcionario corrupto confeso que presidió Transpetro, una subsidiaria de Petrobras.

Dentro de lo que más ha resaltado de estas grabaciones, ha sido una conversación entre Machado y Jucá, en donde se puede escuchar al entonces ministro de Planificación insinuando que la destitución de Dilma Rousseff –separada del cargo de la presidencia el pasado 12 de mayo- ayudaría a frenar las investigaciones anticorrupción de Petrobras, en donde se veían implicados varios miembros de diferentes partidos, incluido al del presidente Temer. Tras conocerse los primeros pasajes de las grabaciones, Jucá debió renunciar y desató una prematura crisis dentro del gobierno de Temer. A la semana siguiente, cayó el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también grabado criticando la operación Lava Jato. La confesión de Machado ha puesto contra las cuerdas al partido de Temer, generando más dudas sobre la legitimidad y la capacidad de gobernar del nuevo presidente.

Machado, quien firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar en la investigación a cambio de la reducción de sus condenas, afirmó que los sobornos que recibió por favorecer a grandes empresas con millonarios contratos de la estatal fueron distribuidos entre los miembros del PMDB que lo señalaron para el cargo y que lo ayudaron a permanecer trece años al frente de la empresa.

De acuerdo con el denunciante, Calheiros recibió 30 millones de reales (unos US$8,5 millones), Sarney 20 millones de reales (unos 5,7 millones de dólares) y Jucá otros 20 millones de reales de los sobornos que recibió por la adjudicación de contratos de Transpetro.

Las revelaciones y acusaciones de corrupción hacia los líderes del país vecino continúan, y la estabilidad política de la nación parece alejarse cada vez más. La operación Lava Jato hasta ahora había salpicado principalmente al Partido de los Trabajadores de Rousseff, convirtiéndose en un factor influyente al voto que concluyó en el derribe de la presidenta, acción que creó conmoción nacional entre los simpatizantes del partido al generar dudas sobre la imparcialidad de la justicia que parecía trabajar de forma selectiva. Sin embargo, las recientes peticiones de prisión por parte de la fiscalía hacen pensar que las investigaciones apuntan a toda la clase política brasileña, independientemente del cargo y del partido, y desmienten las acusaciones de Rousseff, que asegura que el proceso de su impeachment se trata de una maniobra liderada por Temer para llegar al poder.

Rousseff está siendo juzgada por el Senado acusada de haber manipulado las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y principios del 2015. La sentencia final de su caso está prevista para mediados de agosto, en plena realización de los Juegos Olímpicos de Rio-2016.

Desde que se empezó a discutir la posibilidad de la apertura de un proceso de impeachment contra Dilma en diciembre de 2015, Temer fue hábil al alejarse de señalamientos que en ese entonces iban dirigidos directamente al PT, al expresar su inconformidad mediante una carta filtrada por los medios de comunicación locales, refiriéndose a sí mismo como un "vicepresidente decorativo", y declarándose víctima de la "desconfianza" y el "menosprecio" del gobierno. Con el pasar de los meses y con la cristalización de la apertura del proceso de la presidenta, Temer se fue posicionando como una alternativa práctica e ideológica al gobierno de Rousseff, alejándose del PT- asociado ideológicamente con el socialismo del siglo XXI pero también con grandes escándalos de corrupción en el pasado gobierno de Lula y el de Dilma- y presentándose a sí mismo como un “bombero” hacia la crisis política, económica y social por la que atraviesa Brasil, intentando verse asociado con las ideas de la corriente de Fernando Henrique Cardoso, presidente en el periodo entre 1995-2002 y principal impulsor del liberalismo. En los pocos días que lleva en el poder, su gobierno ha expresado intenciones de preparar planes de austeridad y tomar medidas pro-mercado, incluyendo la apertura económica del país, para intentar aliviar la fuerte recesión en la que lleva atrapada la economía nacional desde hace 2 años.

Sin embargo, a pesar de las grandes promesas por parte del nuevo gobierno de desestancar la economía, y de los esfuerzos por mantener a su partido alejado de los escándalos de corrupción, Temer no ha logrado conseguir apoyo considerable de la población. Efectivamente, según estudios de la encuestadora Datafolha previos a la suspensión de Rousseff, solamente el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pide su renuncia. Un 58% opina que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político. Con los cuatro nuevos importantes señalamientos que implican directamente al PMDB, va a ser difícil para Temer recuperar la legitimidad política de transparencia y estabilidad del gobierno de Brasil frente a la comunidad internacional y sobre todo frente a una población confundida, desconfiada, y reactiva, en especial en este momento, cuando su imagen personal de integridad se ve cuestionada. 

Nuevas pruebas de complicidad de personajes notables del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), partido del actual presidente brasileño, Michael Temer, aumentan la presión hacia la clase política en Brasil en el contexto de ‘Lava Jato’ o ‘Petrolão’, el mayor escándalo de corrupción que ha vivido Brasil desde su vuelta a la democracia en los años ochenta.

La Fiscalía brasileña ha pedido al Supremo la prisión contra el jefe del Senado, Renan Calheiros; el expresidente José Sarney; Romero Jucá, el exministro del Gobierno del mandatario interino Michel Temer, y el expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, informaron hoy fuentes judiciales. Las solicitudes, que serán evaluadas por el juez encargado en el Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, se basan en acusaciones de que los cuatro políticos intentaron obstruir las investigaciones del caso Petrobras.

El escándalo salió a la luz después de que Sarney, Calheiros y Jucá, todos cercanos a Temer, fueran grabados discutiendo estrategias para detener las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras por el “arrepentido” Sergio Machado, un funcionario corrupto confeso que presidió Transpetro, una subsidiaria de Petrobras.

Dentro de lo que más ha resaltado de estas grabaciones, ha sido una conversación entre Machado y Jucá, en donde se puede escuchar al entonces ministro de Planificación insinuando que la destitución de Dilma Rousseff –separada del cargo de la presidencia el pasado 12 de mayo- ayudaría a frenar las investigaciones anticorrupción de Petrobras, en donde se veían implicados varios miembros de diferentes partidos, incluido al del presidente Temer. Tras conocerse los primeros pasajes de las grabaciones, Jucá debió renunciar y desató una prematura crisis dentro del gobierno de Temer. A la semana siguiente, cayó el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también grabado criticando la operación Lava Jato. La confesión de Machado ha puesto contra las cuerdas al partido de Temer, generando más dudas sobre la legitimidad y la capacidad de gobernar del nuevo presidente.

Machado, quien firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar en la investigación a cambio de la reducción de sus condenas, afirmó que los sobornos que recibió por favorecer a grandes empresas con millonarios contratos de la estatal fueron distribuidos entre los miembros del PMDB que lo señalaron para el cargo y que lo ayudaron a permanecer trece años al frente de la empresa.

De acuerdo con el denunciante, Calheiros recibió 30 millones de reales (unos US$8,5 millones), Sarney 20 millones de reales (unos 5,7 millones de dólares) y Jucá otros 20 millones de reales de los sobornos que recibió por la adjudicación de contratos de Transpetro.

Las revelaciones y acusaciones de corrupción hacia los líderes del país vecino continúan, y la estabilidad política de la nación parece alejarse cada vez más. La operación Lava Jato hasta ahora había salpicado principalmente al Partido de los Trabajadores de Rousseff, convirtiéndose en un factor influyente al voto que concluyó en el derribe de la presidenta, acción que creó conmoción nacional entre los simpatizantes del partido al generar dudas sobre la imparcialidad de la justicia que parecía trabajar de forma selectiva. Sin embargo, las recientes peticiones de prisión por parte de la fiscalía hacen pensar que las investigaciones apuntan a toda la clase política brasileña, independientemente del cargo y del partido, y desmienten las acusaciones de Rousseff, que asegura que el proceso de su impeachment se trata de una maniobra liderada por Temer para llegar al poder.

Rousseff está siendo juzgada por el Senado acusada de haber manipulado las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y principios del 2015. La sentencia final de su caso está prevista para mediados de agosto, en plena realización de los Juegos Olímpicos de Rio-2016.

Desde que se empezó a discutir la posibilidad de la apertura de un proceso de impeachment contra Dilma en diciembre de 2015, Temer fue hábil al alejarse de señalamientos que en ese entonces iban dirigidos directamente al PT, al expresar su inconformidad mediante una carta filtrada por los medios de comunicación locales, refiriéndose a sí mismo como un "vicepresidente decorativo", y declarándose víctima de la "desconfianza" y el "menosprecio" del gobierno. Con el pasar de los meses y con la cristalización de la apertura del proceso de la presidenta, Temer se fue posicionando como una alternativa práctica e ideológica al gobierno de Rousseff, alejándose del PT- asociado ideológicamente con el socialismo del siglo XXI pero también con grandes escándalos de corrupción en el pasado gobierno de Lula y el de Dilma- y presentándose a sí mismo como un “bombero” hacia la crisis política, económica y social por la que atraviesa Brasil, intentando verse asociado con las ideas de la corriente de Fernando Henrique Cardoso, presidente en el periodo entre 1995-2002 y principal impulsor del liberalismo. En los pocos días que lleva en el poder, su gobierno ha expresado intenciones de preparar planes de austeridad y tomar medidas pro-mercado, incluyendo la apertura económica del país, para intentar aliviar la fuerte recesión en la que lleva atrapada la economía nacional desde hace 2 años.

Sin embargo, a pesar de las grandes promesas por parte del nuevo gobierno de desestancar la economía, y de los esfuerzos por mantener a su partido alejado de los escándalos de corrupción, Temer no ha logrado conseguir apoyo considerable de la población. Efectivamente, según estudios de la encuestadora Datafolha previos a la suspensión de Rousseff, solamente el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pide su renuncia. Un 58% opina que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político. Con los cuatro nuevos importantes señalamientos que implican directamente al PMDB, va a ser difícil para Temer recuperar la legitimidad política de transparencia y estabilidad del gobierno de Brasil frente a la comunidad internacional y sobre todo frente a una población confundida, desconfiada, y reactiva, en especial en este momento, cuando su imagen personal de integridad se ve cuestionada.