Migrar a Colombia: más allá de abrir las puertas

Han pasado ya cinco años desde que se dio el primer desplazamiento forzado masivo de personas provenientes de Venezuela a Colombia. Desde ese momento, la migración no se ha detenido hasta convertirse en la segunda crisis migratoria mundial después de la de Siria. Las Naciones Unidas calculan que más de cinco millones de personas han salido de Venezuela y cerca del 34 % (1’764.883) están en Colombia, lo que nos convierte en el principal país receptor de la región.

Esta situación ha representado un reto para el Estado, no solo por los limitados recursos y la falta de capacidad institucional local y nacional, sino también por los perfiles de las personas migrantes, que han cambiado a lo largo de los años y se podrían caracterizar en tres grupos. El primer grupo, que llegó antes de 2015, estaba conformado en su mayoría por personas que tenían los medios económicos para acceder a una visa y, en consecuencia, conseguir fácilmente un empleo. Esta fue una migración individual o de grupos familiares, pero no masiva. El segundo grupo, que empezó a llegar desde agosto de 2015, trajo a personas que pudieron regularizar su situación por medio de la expedición gratuita de permisos por ser familiares de nacionales colombianos.

El tercer momento ocurrió desde 2016 con la llegada masiva de personas en situación de vulnerabilidad, debido a las precarias condiciones que viven en Venezuela y el incremento de la violencia. La mayoría de quienes han llegado desde ese momento enfrentan mayores dificultades para acceder a un pasaporte, lo que limita sus posibilidades de aplicar a un estatus migratorio y satisfacer sus necesidades básicas. Como resultado de estas barreras, cerca del 57 % (1’001.472) de las personas migrantes está en situación irregular.

La respuesta del Estado, apoyada por la cooperación internacional, ha tenido avances importantes en áreas como la educación de niños y adolescentes, el reconocimiento de la nacionalidad para los niños nacidos en Colombia de padres y madres venezolanos, la atención de urgencias médicas y la creación y renovación de los tipos de permisos especiales de permanencia. Luego de más de cinco años de migración continua, esta respuesta —que ha tenido un enfoque principalmente humanitario y de corto plazo— tiene un impacto limitado y se enfrenta a retos importantes para garantizar no solo los derechos fundamentales de todas las personas migrantes —en particular de los grupos más vulnerables—, sino promover su integración efectiva en las comunidades receptoras. Un ejemplo de la mirada cortoplacista de la respuesta a la migración es que el acceso a derechos como el trabajo, la salud y finalizar los estudios depende de que las personas tengan un estatus migratorio regular.

Le puede interesar: Colombianos que luchan contra el rechazo a los venezolanos

Las personas en situación irregular, o cuya solicitud de refugio está pendiente de resolver, no están autorizadas para trabajar. Esto ha generado que cerca del 90 % de los migrantes venezolanos trabajen en el sector informal, estén expuestos a explotación laboral y enfrenten serias barreras para sostenerse y atender sus necesidades. En enero de este año, el Gobierno nacional creó el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización (PEPFF), un tipo de PEP que busca facilitar la regularización de los venezolanos que tienen una oferta de trabajo mediante contratos laborales o de prestación de servicios. Un empleador que tenga la intención de contratar a un migrante venezolano debe solicitar el permiso ante el Ministerio de Trabajo. Si bien esta medida está dirigida a las personas en situación irregular, el hecho de que la inscripción dependa del empleador puede limitar su alcance, pues es un proceso que requiere múltiples pasos, que pueden resultar un reto para empleadores menos institucionalizados y además poner a las personas en mayor riesgo de ser explotadas.

En materia de salud, los migrantes que no tienen una visa o permiso solo pueden recibir atención médica de urgencias. ¿Qué pasa entonces con las personas que sufren enfermedades crónicas o terminales, como el cáncer o sida? En la mayoría de los casos no reciben la atención que necesitan. Muchos acuden a la acción de tutela para solicitar protección, pero esto no soluciona el tema de fondo. Muchos otros tienen miedo de acudir a estos servicios por el temor de ser deportados.

Con respecto al sistema educativo, si bien el Gobierno ha insistido en que se debe garantizar el acceso de los niños migrantes, en la práctica persisten barreras por el desconocimiento de las instituciones educativas de las medidas del Gobierno, de cómo funciona el sistema migratorio o, peor aún, por actos de xenofobia. Adicionalmente, ante la ausencia de documentación válida en Colombia, los estudiantes tienen problemas para finalizar sus estudios y graduarse.

A pesar de los avances, la respuesta tiene vacíos importantes que es urgente abordar y se profundizan con la coyuntura. La pandemia agravará la crisis humanitaria en Venezuela, lo que generará que más personas tengan que migrar y enfrentarse a la crisis económica en Colombia. Existen poblaciones migrantes que enfrentan mayores riesgos de protección, como los pueblos indígenas binacionales, los jóvenes y la población LGBTI, víctimas de violencia y delitos relacionados con la migración, como la trata de personas, que no están siendo visibilizados ni atendidos con un enfoque diferencial.

Para atender estos vacíos es indispensable tener una institucionalidad fuerte que, en coordinación con las autoridades locales, promueva políticas y programas de atención e inclusión de esta población. Estas políticas deben ser diferenciales y con enfoque en derechos humanos, estar proyectadas a largo plazo y atender las necesidades de los perfiles migratorios que llegan al país. Una respuesta con estas características requiere un marco legal unificado que oriente claramente las acciones de las instituciones, asigne responsabilidades y recursos para la atención y permita superar la dispersión normativa en materia migratoria. Con el ánimo de contribuir a la construcción de este marco legal, varias organizaciones de la sociedad civil colombiana propusimos diez puntos mínimos que debería contener una ley migratoria en Colombia.

En instancias internacionales Colombia ha sido reconocida por su respuesta positiva a la migración; sin embargo, abrir las puertas no solo implica permitir el cruce de fronteras, sino promover políticas que garanticen la integración efectiva de las personas migrantes y les permita reconstruir sus vidas de manera digna. El Estado colombiano debe superar su visión cortoplacista de la situación y asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos para estar a la altura del reto.

*Coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia. @aydalucia

Han pasado ya cinco años desde que se dio el primer desplazamiento forzado masivo de personas provenientes de Venezuela a Colombia. Desde ese momento, la migración no se ha detenido hasta convertirse en la segunda crisis migratoria mundial después de la de Siria. Las Naciones Unidas calculan que más de cinco millones de personas han salido de Venezuela y cerca del 34 % (1’764.883) están en Colombia, lo que nos convierte en el principal país receptor de la región.

Esta situación ha representado un reto para el Estado, no solo por los limitados recursos y la falta de capacidad institucional local y nacional, sino también por los perfiles de las personas migrantes, que han cambiado a lo largo de los años y se podrían caracterizar en tres grupos. El primer grupo, que llegó antes de 2015, estaba conformado en su mayoría por personas que tenían los medios económicos para acceder a una visa y, en consecuencia, conseguir fácilmente un empleo. Esta fue una migración individual o de grupos familiares, pero no masiva. El segundo grupo, que empezó a llegar desde agosto de 2015, trajo a personas que pudieron regularizar su situación por medio de la expedición gratuita de permisos por ser familiares de nacionales colombianos.

El tercer momento ocurrió desde 2016 con la llegada masiva de personas en situación de vulnerabilidad, debido a las precarias condiciones que viven en Venezuela y el incremento de la violencia. La mayoría de quienes han llegado desde ese momento enfrentan mayores dificultades para acceder a un pasaporte, lo que limita sus posibilidades de aplicar a un estatus migratorio y satisfacer sus necesidades básicas. Como resultado de estas barreras, cerca del 57 % (1’001.472) de las personas migrantes está en situación irregular.

La respuesta del Estado, apoyada por la cooperación internacional, ha tenido avances importantes en áreas como la educación de niños y adolescentes, el reconocimiento de la nacionalidad para los niños nacidos en Colombia de padres y madres venezolanos, la atención de urgencias médicas y la creación y renovación de los tipos de permisos especiales de permanencia. Luego de más de cinco años de migración continua, esta respuesta —que ha tenido un enfoque principalmente humanitario y de corto plazo— tiene un impacto limitado y se enfrenta a retos importantes para garantizar no solo los derechos fundamentales de todas las personas migrantes —en particular de los grupos más vulnerables—, sino promover su integración efectiva en las comunidades receptoras. Un ejemplo de la mirada cortoplacista de la respuesta a la migración es que el acceso a derechos como el trabajo, la salud y finalizar los estudios depende de que las personas tengan un estatus migratorio regular.

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Las personas en situación irregular, o cuya solicitud de refugio está pendiente de resolver, no están autorizadas para trabajar. Esto ha generado que cerca del 90 % de los migrantes venezolanos trabajen en el sector informal, estén expuestos a explotación laboral y enfrenten serias barreras para sostenerse y atender sus necesidades. En enero de este año, el Gobierno nacional creó el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización (PEPFF), un tipo de PEP que busca facilitar la regularización de los venezolanos que tienen una oferta de trabajo mediante contratos laborales o de prestación de servicios. Un empleador que tenga la intención de contratar a un migrante venezolano debe solicitar el permiso ante el Ministerio de Trabajo. Si bien esta medida está dirigida a las personas en situación irregular, el hecho de que la inscripción dependa del empleador puede limitar su alcance, pues es un proceso que requiere múltiples pasos, que pueden resultar un reto para empleadores menos institucionalizados y además poner a las personas en mayor riesgo de ser explotadas.

En materia de salud, los migrantes que no tienen una visa o permiso solo pueden recibir atención médica de urgencias. ¿Qué pasa entonces con las personas que sufren enfermedades crónicas o terminales, como el cáncer o sida? En la mayoría de los casos no reciben la atención que necesitan. Muchos acuden a la acción de tutela para solicitar protección, pero esto no soluciona el tema de fondo. Muchos otros tienen miedo de acudir a estos servicios por el temor de ser deportados.

Con respecto al sistema educativo, si bien el Gobierno ha insistido en que se debe garantizar el acceso de los niños migrantes, en la práctica persisten barreras por el desconocimiento de las instituciones educativas de las medidas del Gobierno, de cómo funciona el sistema migratorio o, peor aún, por actos de xenofobia. Adicionalmente, ante la ausencia de documentación válida en Colombia, los estudiantes tienen problemas para finalizar sus estudios y graduarse.

A pesar de los avances, la respuesta tiene vacíos importantes que es urgente abordar y se profundizan con la coyuntura. La pandemia agravará la crisis humanitaria en Venezuela, lo que generará que más personas tengan que migrar y enfrentarse a la crisis económica en Colombia. Existen poblaciones migrantes que enfrentan mayores riesgos de protección, como los pueblos indígenas binacionales, los jóvenes y la población LGBTI, víctimas de violencia y delitos relacionados con la migración, como la trata de personas, que no están siendo visibilizados ni atendidos con un enfoque diferencial.

Para atender estos vacíos es indispensable tener una institucionalidad fuerte que, en coordinación con las autoridades locales, promueva políticas y programas de atención e inclusión de esta población. Estas políticas deben ser diferenciales y con enfoque en derechos humanos, estar proyectadas a largo plazo y atender las necesidades de los perfiles migratorios que llegan al país. Una respuesta con estas características requiere un marco legal unificado que oriente claramente las acciones de las instituciones, asigne responsabilidades y recursos para la atención y permita superar la dispersión normativa en materia migratoria. Con el ánimo de contribuir a la construcción de este marco legal, varias organizaciones de la sociedad civil colombiana propusimos diez puntos mínimos que debería contener una ley migratoria en Colombia.

En instancias internacionales Colombia ha sido reconocida por su respuesta positiva a la migración; sin embargo, abrir las puertas no solo implica permitir el cruce de fronteras, sino promover políticas que garanticen la integración efectiva de las personas migrantes y les permita reconstruir sus vidas de manera digna. El Estado colombiano debe superar su visión cortoplacista de la situación y asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos para estar a la altura del reto.

*Coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia. @aydalucia