Mohamed al Qiq, el periodista palestino en huelga de hambre

En el centro médico de la ciudad israelí de Afula permanece recluido el periodista palestino Mohamed al Qiq, de 32 años y reportero del canal de televisión saudita Al Majd. Fue arrestado el 21 de noviembre en su casa en Ramahllah (Cisjordania) y hasta hoy no se conocen los cargos por los cuales está detenido. En protesta por las injusticias en su proceso, Al Qiq inició hace más de 62 días una huelga de hambre, su condición de salud es crítica y estaría en riesgo ser alimentado de manera forzada.

Amany Dayif, directora del departamento de prisioneros y detenidos de la ONG israelí Physicians for Human Rights (PHR), dice que Mohammed alega haber sido interrogado y torturado durante los tres días posteriores a su detención. Según él, lo presionaron para admitir y dar información de temas sobre los cuales no tenía idea alguna. Luego le dijeron que, por no cooperar, obtendrían una orden administrativa. “Eso significa en Israel ‘detención administrativa’, que es ordenada por un oficial del ejercito, no por un juez, y que puede ser por cualquier tiempo. Es usualmente por seis meses, pero se puede extender a cualquier período. En ese tiempo el detenido no es acusado de nada, no hay juicio”, dice Dayif.

La reportera y activista israelí Noam Rottem asegura que el Shin Beth, la agencia de seguridad israelí, dice tener un archivo secreto de inteligencia que vincula a Mohamed con la organización islámica Hamás y con amenazas a la seguridad de Israel. No obstante, dice Dayif, los detalles sobre esa información no los conoce el prisionero ni su abogado. No hay acusación y por lo tanto no hay posibilidad de defenderse.

Como Mohamed, hay al menos 660 palestinos bajo detención administrativa, entre estos por lo menos seis niños, detenidos indefinidamente y sin cargos. Después de una masiva huelga de hambre en 2012, en la cual más de 2.000 presos palestinos exigían revisar el mecanismo de detención administrativa, el número de presos bajo está condición disminuyó considerablemente.

“Desafortunadamente ha vuelto a subir. Esto se debe a que la detención administrativa tiene un uso político; se usa para presionar a la sociedad palestina, a los líderes, los estudiantes, los periodistas, los parlamentarios, para que dejen de resistir a la ocupación israelí. El actual deterioro de la situación política ha incrementado las detenciones ”, dice Dayif. PHR ha manifestado que la medida viola la cuarta convención de Ginebra y el Convenio Internacional para los Derechos Políticos y Civiles, y constituye una de las más serias formas de crímenes de guerra.

Desde que ordenaron su detención administrativa, Mohamed inició una huelga de hambre para protestar contra esta medida. Lleva 62 días en los que se ha negado a recibir minerales, vitaminas y tratamiento médico. Sólo recibe agua. La semana pasada, cuando representantes de PHR pudieron visitarlo, encontraron que si bien no había sido alimentado de manera forzada, sí recibió un tratamiento forzoso. Estuvo durante cuatro días atado de pies y manos a una cama, consciente, mientras le inyectaban líquidos a la fuerza. Al quinto día se le permitió moverse y bañarse. El riesgo ahora es que empiece a ser alimentado de manera forzada. Según Mohamed, las autoridades ya lo han amenazado con aplicarle este método brutal.

La alimentación forzada de personas en huelga de hambre, también utilizada en el centro de detención de Guantánamo, se convirtió en ley en Israel en julio de 2015, en medio de una enorme polémica. Incluso desde antes de aprobada la ley, la Relatoría de la ONU sobre la Tortura, la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica israelí la rechazaron, por considerarla una forma de tortura que contraviene la ética médica e instrumentos internacionales como la Declaración de Malta y el Protocolo de Estambul, entre otros. En la otra esquina, partidarios de la medida aseguran que las huelgas de hambre se han convertido en una “amenaza” para Israel y que la alimentación forzada sólo se utilizará en casos extremos en que los médicos estimen que la continuación de la huelga genera un riesgo para la vida del prisionero o daños permanentes para su salud.

La Asociación Médica israelí ha llamado a que se “actúe únicamente en función de las reglas éticas y no se alimente a los huelguistas de hambre en contra de su voluntad”. Según esta Asociación, en los últimos dos años más de mil presos palestinos decidieron realizar huelgas de hambre en prisiones israelíes, pero ninguno de ellos murió. “Los presos están protestando, no suicidándose”.

Además, señala Dayif, la ley que permite la alimentación forzada entra en contradicción con leyes israelíes como la Patient’s Right’s Act de 1996, que establece que los presos no pueden recibir tratamiento en contra de su consentimiento, a menos de que se cumplan condiciones específicas, como que el estado físico o mental del paciente no permita tener un consentimiento informado, entre otras. Según Dayif, la ley que permite la alimentación forzada contradice todas esas condiciones.

En el centro médico de la ciudad israelí de Afula permanece recluido el periodista palestino Mohamed al Qiq, de 32 años y reportero del canal de televisión saudita Al Majd. Fue arrestado el 21 de noviembre en su casa en Ramahllah (Cisjordania) y hasta hoy no se conocen los cargos por los cuales está detenido. En protesta por las injusticias en su proceso, Al Qiq inició hace más de 62 días una huelga de hambre, su condición de salud es crítica y estaría en riesgo ser alimentado de manera forzada.

Amany Dayif, directora del departamento de prisioneros y detenidos de la ONG israelí Physicians for Human Rights (PHR), dice que Mohammed alega haber sido interrogado y torturado durante los tres días posteriores a su detención. Según él, lo presionaron para admitir y dar información de temas sobre los cuales no tenía idea alguna. Luego le dijeron que, por no cooperar, obtendrían una orden administrativa. “Eso significa en Israel ‘detención administrativa’, que es ordenada por un oficial del ejercito, no por un juez, y que puede ser por cualquier tiempo. Es usualmente por seis meses, pero se puede extender a cualquier período. En ese tiempo el detenido no es acusado de nada, no hay juicio”, dice Dayif.

La reportera y activista israelí Noam Rottem asegura que el Shin Beth, la agencia de seguridad israelí, dice tener un archivo secreto de inteligencia que vincula a Mohamed con la organización islámica Hamás y con amenazas a la seguridad de Israel. No obstante, dice Dayif, los detalles sobre esa información no los conoce el prisionero ni su abogado. No hay acusación y por lo tanto no hay posibilidad de defenderse.

Como Mohamed, hay al menos 660 palestinos bajo detención administrativa, entre estos por lo menos seis niños, detenidos indefinidamente y sin cargos. Después de una masiva huelga de hambre en 2012, en la cual más de 2.000 presos palestinos exigían revisar el mecanismo de detención administrativa, el número de presos bajo está condición disminuyó considerablemente.

“Desafortunadamente ha vuelto a subir. Esto se debe a que la detención administrativa tiene un uso político; se usa para presionar a la sociedad palestina, a los líderes, los estudiantes, los periodistas, los parlamentarios, para que dejen de resistir a la ocupación israelí. El actual deterioro de la situación política ha incrementado las detenciones ”, dice Dayif. PHR ha manifestado que la medida viola la cuarta convención de Ginebra y el Convenio Internacional para los Derechos Políticos y Civiles, y constituye una de las más serias formas de crímenes de guerra.

Desde que ordenaron su detención administrativa, Mohamed inició una huelga de hambre para protestar contra esta medida. Lleva 62 días en los que se ha negado a recibir minerales, vitaminas y tratamiento médico. Sólo recibe agua. La semana pasada, cuando representantes de PHR pudieron visitarlo, encontraron que si bien no había sido alimentado de manera forzada, sí recibió un tratamiento forzoso. Estuvo durante cuatro días atado de pies y manos a una cama, consciente, mientras le inyectaban líquidos a la fuerza. Al quinto día se le permitió moverse y bañarse. El riesgo ahora es que empiece a ser alimentado de manera forzada. Según Mohamed, las autoridades ya lo han amenazado con aplicarle este método brutal.

La alimentación forzada de personas en huelga de hambre, también utilizada en el centro de detención de Guantánamo, se convirtió en ley en Israel en julio de 2015, en medio de una enorme polémica. Incluso desde antes de aprobada la ley, la Relatoría de la ONU sobre la Tortura, la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica israelí la rechazaron, por considerarla una forma de tortura que contraviene la ética médica e instrumentos internacionales como la Declaración de Malta y el Protocolo de Estambul, entre otros. En la otra esquina, partidarios de la medida aseguran que las huelgas de hambre se han convertido en una “amenaza” para Israel y que la alimentación forzada sólo se utilizará en casos extremos en que los médicos estimen que la continuación de la huelga genera un riesgo para la vida del prisionero o daños permanentes para su salud.

La Asociación Médica israelí ha llamado a que se “actúe únicamente en función de las reglas éticas y no se alimente a los huelguistas de hambre en contra de su voluntad”. Según esta Asociación, en los últimos dos años más de mil presos palestinos decidieron realizar huelgas de hambre en prisiones israelíes, pero ninguno de ellos murió. “Los presos están protestando, no suicidándose”.

Además, señala Dayif, la ley que permite la alimentación forzada entra en contradicción con leyes israelíes como la Patient’s Right’s Act de 1996, que establece que los presos no pueden recibir tratamiento en contra de su consentimiento, a menos de que se cumplan condiciones específicas, como que el estado físico o mental del paciente no permita tener un consentimiento informado, entre otras. Según Dayif, la ley que permite la alimentación forzada contradice todas esas condiciones.