“No puede haber TLC sin justicia”

La semana pasada, en una corte de Los Angeles, California, el abogado Terry Collingsworth instauró una demanda contra Dole Food Corporation, una de las tres gigantescas bananeras norteamericanas que, junto a Chiquita Brands y Del Monte, han sido las  protagonistas  históricas del negocio de la exportación bananera en Colombia.

Chiquita Brands se declaró culpable en 2007 de financiar a los paramilitares colombianos y pagó una multa de US$25 millones al gobierno de Estados Unidos. Collingsworth entabló entonces una demanda civil a nombre de las víctimas de los crímenes de paramilitares relacionados con esta corporación bananera.

Con la demanda de la semana pasada, ya son dos los procesos civiles que lleva Collingswoth en contra de las bananeras. Esta vez, en representación de  73 familiares de campesinos y sindicalistas asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Zona Bananera, en el departamento de Magdalena, Colombia. La demanda sostiene que todas las víctimas estaban relacionadas con Dole Food, a la que acusan de financiar a las autodefensas en la zona.

Dole Food rechazó ese mismo día la acusación, y en un comunicado la tildó de “farsa”, apoyada en “increíbles afirmaciones hechas por terroristas”. Collingswoth le contó a El Espectador por qué cree tener la razón.

¿De cuántos asesinatos estamos hablando en esta demanda y cuál fue la responsabilidad de Dole?

Fueron 57 asesinatos, cuidadosamente seleccionados tras entrevistar a unas 2.000 víctimas de la violencia en la zona bananera. Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano.  Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran.

¿Durante cuánto tiempo y cuánto dinero le habría dado Dole a las Auc?

Entre 1997 y 2006. Pero yo sigo pensando que siguen apoyándolas de manera indirecta. Mis fuentes estuvieron encargadas de la zona bananera hasta 2006 y ellos confirmaron que recibieron apoyo hasta ese momento. Las Auc aseguran que Dole financió el 40% del presupuesto anual de sus operaciones en la zona bananera.

Pero las Auc, como tal, se desmovilizaron en Colombia, ¿a qué tipo de grupos estarían financiando ahora?

La presencia visible de las Auc ha disminuido. Pero nuestra gente y los sindicatos con los que trabajamos siguen recibiendo amenazas de la nueva manifestación de las Auc, las Águilas Negras. La pregunta es: ¿por qué siguen estos grupos operando y quién les está pagando? La gente allá dice que nada ha cambiado.

Usted cita en la demanda a José Gregorio Mangones Lugo, ‘Carlos Tijeras’, quien fuera comandante del frente “William Rivas” en  la zona bananera del Magdalena,  ¿tuvo la oportunidad de reunirse con él?

Me entrevisté con él en Barranquilla (donde está recluido).

¿Y qué le contó?

Me confirmó que Dole y Chiquita eran  partidarios del frente ‘William Rivas’ y que los pagos, contrario a lo que Chiquita ha dicho, no respondieron a extorsiones; al contrario, Tijeras dice que ellos realizaron toda clase de servicios para las compañías bananeras: les daban seguridad, los ayudaban con problemas con los sindicatos, eran escoltas de sus vehículos. Chiquita y Dole sabían lo que estaba pasando.

¿Cómo se habrían efectuado estos pagos?

Lo mismo que hizo Chiquita: a través de las Convivir, que eran fachadas de las Auc. Dole también creó compañías fantasmas para lavar dinero en Colombia. En el caso de Chiquita, el gobierno de Estados Unidos los procesó, obtuvo sus estados financieros y estableció cómo fue la cadena de pagos y la cantidad de dinero entregado a las Auc. En el caso de Dole, sabemos que  (las autodefensas) recibieron dinero de la empresa  y proveyeron servicios. Desconocemos el monto exacto y el nombre de las empresas fachada que Dole creó.

¿Cómo esperan averiguar los nombres de los ejecutivos de Dole que habrían permitido esos pagos?

Cuando algún norteamericano llegaba a la zona bananera, no llegaba con una tarjeta de presentación. Nuestro trabajo es analizar sus récords de viajes y tarjetas de empleo y luego identificar quién estaba viajando, quién fue responsable y, si es necesario, mostrarles sus fotos a las Auc  para que los identifiquen.

Eso probaría que sí hubo reuniones entre funcionarios de Dole y las Auc.

Absolutamente. Los comandantes han contado que ellos proveían escoltas armados para los camiones con banano que eran enviados al exterior, había retenes para entrar y salir de cualquiera de las operaciones de Dole, así que cualquier americano que viniera a ver cualquier cosa, incluyendo las operaciones de bananas, tenían que pasar por las Auc. No hay nadie que pueda decir: “Hey, yo no sabía que ellos estaban allá”.

Ustedes también citan en su demanda a Salvatore Mancuso y a ‘Jorge 40’, ¿qué opinan  de la extradición de los comandantes paramilitares?

Salvatore Mancuso y Jorge 40 estaban apenas empezando a hablar del papel del Gobierno y de otras empresas, además de Chiquita y fueron extraditados para callarlos. Ahora cumplen largas penas por crímenes de narcotráfico y el gobierno norteamericano no ha mostrado interés en indagar sus crímenes corporativos. Por eso, una de las cosas que intentamos es presionar para que el Congreso de Estados Unidos exija audiencias para que en ellas   estos personajes digan lo que saben

sobre sus nexos con compañías norteamericanas. Eric Holder fue el abogado de Chiquita y ahora es Fiscal General, creo que debe ser muy sensible al hecho de que es un blanco para ser acusado de presunta obstrucción o encubrimiento. Por ahora le doy el beneficio de la duda, porque está lidiando con temas muy grandes como la Bahía de Guantánamo y otros desastres que la administración Bush dejó.

El plan sería llevar a los altos ejecutivos de estas compañías y a los jefes paramilitares a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos…

Sí. Es necesario por la discusión del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo podríamos firmar un TLC si no hemos identificado a las personas que actualmente operan y comercian en este ambiente de negocios y permanecen impunes? No puede haber TLC hasta que se haya hecho justicia.

¿Cuál será en ese proceso la responsabilidad de Holder?

El Senado puede organizar audiencias, pero para entrevistar a un prisionero, el Departamento de Justicia debe cooperar.

¿Planea llamar como testigos de su proceso contra Dole a ‘Jorge 40’ y a Salvatore Mancuso?

No nos dejan traer testigos en custodia. Lo que sí podemos es ir a las prisiones y grabar sus testimonios.

¿Entonces funcionó la extradición de estos comandantes?

Hubiera preferido que se quedaran en Colombia y utilizar su testimonio ante Justicia y Paz. Es más fácil entrevistar a estas personas cuando están en cárceles colombianas que cuando están acá.

¿Cómo evalúan ustedes el clima político en Washington para sacar adelante los  procesos contra las corporaciones?

El hecho de que la administración Obama quiera un Tratado de Libre Comercio con Colombia no quiere decir que lo vaya a hacer sin condiciones. Obama dijo en campaña que iba a utilizar la influencia del TLC para proteger a los sindicatos y a los activistas de Derechos Humanos en Colombia. Lo que indica que habrá TLC,  pero asegurando que los crímenes se detengan.

Chiquita, el primer caso

El 19 de marzo de 2007, la empresa bananera norteamericana Chiquita Brands se declaró culpable ante un juez de los Estados Unidos de haber pagado US$1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004.

Tras la sentencia, Chiquita Brands accedió a pagar US$25 millones de multa al gobierno de Estados Unidos. Desde entonces, diez demandas han sido interpuestas en contra de la multinacional, por parte  de víctimas de crímenes de guerrilleros y paramilitares.

Aunque inicialmente Chiquita se negó a revelar nombres de sus ejecutivos, en un informe reciente aceptó que una docena de empleados y ejecutivos de la empresa sabían de los pagos realizados a los grupos irregulares y reveló algunos de sus nombres.

El defensor de Chiquita Brands

Eric Holder, hoy fiscal general de Estados Unidos, trabajó durante algunos años como un exitoso abogado privado en la firma Covington & Burling, en Washington.  Entre sus clientes se encontraba la multinacional Chiquita Brands, envuelta en el escándalo por la financiación de grupos paramilitares en las zonas bananeras de Colombia.

Holder acompañó a Chiquita durante el proceso que llevó a la multinacional a declararse culpable en 2007. Y fue una pieza fundamental a la hora de llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano, que condujo al pago de 25 millones de dólares y a la no judicialización de ninguno de los directivos y funcionarios de la empresa.

La semana pasada, en una corte de Los Angeles, California, el abogado Terry Collingsworth instauró una demanda contra Dole Food Corporation, una de las tres gigantescas bananeras norteamericanas que, junto a Chiquita Brands y Del Monte, han sido las  protagonistas  históricas del negocio de la exportación bananera en Colombia.

Chiquita Brands se declaró culpable en 2007 de financiar a los paramilitares colombianos y pagó una multa de US$25 millones al gobierno de Estados Unidos. Collingsworth entabló entonces una demanda civil a nombre de las víctimas de los crímenes de paramilitares relacionados con esta corporación bananera.

Con la demanda de la semana pasada, ya son dos los procesos civiles que lleva Collingswoth en contra de las bananeras. Esta vez, en representación de  73 familiares de campesinos y sindicalistas asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Zona Bananera, en el departamento de Magdalena, Colombia. La demanda sostiene que todas las víctimas estaban relacionadas con Dole Food, a la que acusan de financiar a las autodefensas en la zona.

Dole Food rechazó ese mismo día la acusación, y en un comunicado la tildó de “farsa”, apoyada en “increíbles afirmaciones hechas por terroristas”. Collingswoth le contó a El Espectador por qué cree tener la razón.

¿De cuántos asesinatos estamos hablando en esta demanda y cuál fue la responsabilidad de Dole?

Fueron 57 asesinatos, cuidadosamente seleccionados tras entrevistar a unas 2.000 víctimas de la violencia en la zona bananera. Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano.  Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran.

¿Durante cuánto tiempo y cuánto dinero le habría dado Dole a las Auc?

Entre 1997 y 2006. Pero yo sigo pensando que siguen apoyándolas de manera indirecta. Mis fuentes estuvieron encargadas de la zona bananera hasta 2006 y ellos confirmaron que recibieron apoyo hasta ese momento. Las Auc aseguran que Dole financió el 40% del presupuesto anual de sus operaciones en la zona bananera.

Pero las Auc, como tal, se desmovilizaron en Colombia, ¿a qué tipo de grupos estarían financiando ahora?

La presencia visible de las Auc ha disminuido. Pero nuestra gente y los sindicatos con los que trabajamos siguen recibiendo amenazas de la nueva manifestación de las Auc, las Águilas Negras. La pregunta es: ¿por qué siguen estos grupos operando y quién les está pagando? La gente allá dice que nada ha cambiado.

Usted cita en la demanda a José Gregorio Mangones Lugo, ‘Carlos Tijeras’, quien fuera comandante del frente “William Rivas” en  la zona bananera del Magdalena,  ¿tuvo la oportunidad de reunirse con él?

Me entrevisté con él en Barranquilla (donde está recluido).

¿Y qué le contó?

Me confirmó que Dole y Chiquita eran  partidarios del frente ‘William Rivas’ y que los pagos, contrario a lo que Chiquita ha dicho, no respondieron a extorsiones; al contrario, Tijeras dice que ellos realizaron toda clase de servicios para las compañías bananeras: les daban seguridad, los ayudaban con problemas con los sindicatos, eran escoltas de sus vehículos. Chiquita y Dole sabían lo que estaba pasando.

¿Cómo se habrían efectuado estos pagos?

Lo mismo que hizo Chiquita: a través de las Convivir, que eran fachadas de las Auc. Dole también creó compañías fantasmas para lavar dinero en Colombia. En el caso de Chiquita, el gobierno de Estados Unidos los procesó, obtuvo sus estados financieros y estableció cómo fue la cadena de pagos y la cantidad de dinero entregado a las Auc. En el caso de Dole, sabemos que  (las autodefensas) recibieron dinero de la empresa  y proveyeron servicios. Desconocemos el monto exacto y el nombre de las empresas fachada que Dole creó.

¿Cómo esperan averiguar los nombres de los ejecutivos de Dole que habrían permitido esos pagos?

Cuando algún norteamericano llegaba a la zona bananera, no llegaba con una tarjeta de presentación. Nuestro trabajo es analizar sus récords de viajes y tarjetas de empleo y luego identificar quién estaba viajando, quién fue responsable y, si es necesario, mostrarles sus fotos a las Auc  para que los identifiquen.

Eso probaría que sí hubo reuniones entre funcionarios de Dole y las Auc.

Absolutamente. Los comandantes han contado que ellos proveían escoltas armados para los camiones con banano que eran enviados al exterior, había retenes para entrar y salir de cualquiera de las operaciones de Dole, así que cualquier americano que viniera a ver cualquier cosa, incluyendo las operaciones de bananas, tenían que pasar por las Auc. No hay nadie que pueda decir: “Hey, yo no sabía que ellos estaban allá”.

Ustedes también citan en su demanda a Salvatore Mancuso y a ‘Jorge 40’, ¿qué opinan  de la extradición de los comandantes paramilitares?

Salvatore Mancuso y Jorge 40 estaban apenas empezando a hablar del papel del Gobierno y de otras empresas, además de Chiquita y fueron extraditados para callarlos. Ahora cumplen largas penas por crímenes de narcotráfico y el gobierno norteamericano no ha mostrado interés en indagar sus crímenes corporativos. Por eso, una de las cosas que intentamos es presionar para que el Congreso de Estados Unidos exija audiencias para que en ellas   estos personajes digan lo que saben

sobre sus nexos con compañías norteamericanas. Eric Holder fue el abogado de Chiquita y ahora es Fiscal General, creo que debe ser muy sensible al hecho de que es un blanco para ser acusado de presunta obstrucción o encubrimiento. Por ahora le doy el beneficio de la duda, porque está lidiando con temas muy grandes como la Bahía de Guantánamo y otros desastres que la administración Bush dejó.

El plan sería llevar a los altos ejecutivos de estas compañías y a los jefes paramilitares a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos…

Sí. Es necesario por la discusión del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo podríamos firmar un TLC si no hemos identificado a las personas que actualmente operan y comercian en este ambiente de negocios y permanecen impunes? No puede haber TLC hasta que se haya hecho justicia.

¿Cuál será en ese proceso la responsabilidad de Holder?

El Senado puede organizar audiencias, pero para entrevistar a un prisionero, el Departamento de Justicia debe cooperar.

¿Planea llamar como testigos de su proceso contra Dole a ‘Jorge 40’ y a Salvatore Mancuso?

No nos dejan traer testigos en custodia. Lo que sí podemos es ir a las prisiones y grabar sus testimonios.

¿Entonces funcionó la extradición de estos comandantes?

Hubiera preferido que se quedaran en Colombia y utilizar su testimonio ante Justicia y Paz. Es más fácil entrevistar a estas personas cuando están en cárceles colombianas que cuando están acá.

¿Cómo evalúan ustedes el clima político en Washington para sacar adelante los  procesos contra las corporaciones?

El hecho de que la administración Obama quiera un Tratado de Libre Comercio con Colombia no quiere decir que lo vaya a hacer sin condiciones. Obama dijo en campaña que iba a utilizar la influencia del TLC para proteger a los sindicatos y a los activistas de Derechos Humanos en Colombia. Lo que indica que habrá TLC,  pero asegurando que los crímenes se detengan.

Chiquita, el primer caso

El 19 de marzo de 2007, la empresa bananera norteamericana Chiquita Brands se declaró culpable ante un juez de los Estados Unidos de haber pagado US$1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004.

Tras la sentencia, Chiquita Brands accedió a pagar US$25 millones de multa al gobierno de Estados Unidos. Desde entonces, diez demandas han sido interpuestas en contra de la multinacional, por parte  de víctimas de crímenes de guerrilleros y paramilitares.

Aunque inicialmente Chiquita se negó a revelar nombres de sus ejecutivos, en un informe reciente aceptó que una docena de empleados y ejecutivos de la empresa sabían de los pagos realizados a los grupos irregulares y reveló algunos de sus nombres.

El defensor de Chiquita Brands

Eric Holder, hoy fiscal general de Estados Unidos, trabajó durante algunos años como un exitoso abogado privado en la firma Covington & Burling, en Washington.  Entre sus clientes se encontraba la multinacional Chiquita Brands, envuelta en el escándalo por la financiación de grupos paramilitares en las zonas bananeras de Colombia.

Holder acompañó a Chiquita durante el proceso que llevó a la multinacional a declararse culpable en 2007. Y fue una pieza fundamental a la hora de llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano, que condujo al pago de 25 millones de dólares y a la no judicialización de ninguno de los directivos y funcionarios de la empresa.