“No somos unos ángeles”: militar de Burundi

 

Burundi es una nación que apenas se introduce en el sistema democrático. Entre 1993 y 1994 tuvo tres presidentes: los tres fueron asesinados. Desde entonces ha habido cuatro golpes de Estado. Burundi, como sus vecinos, está dividido entre dos fuerzas étnicas principales: los hutus —mayoría— y los tutsis —minoría—. Las primeras elecciones presidenciales fueron ganadas por los hutus; los constantes enfrentamientos étnicos produjeron una guerra civil que sólo se apaciguó a principios de este siglo y produjo cerca de 300.000 muertos. La historia de Burundi señala que, además de los argumentos étnicos, el conflicto tiene raíces en una razón al parecer simple: los mandatarios que deciden quedarse con el poder por puro interés personal. Las próximas elecciones, que se realizarán en junio, tienen a Nkurunziza entre los candidatos. En las últimas semanas, numerosas protestas en su contra han realzado el desánimo general frente a su gestión. El general Godefroid Niyombare, quien anunció el golpe de Estado, había aconsejado a Nkurunziza que se retirase de las elecciones. Fue expulsado. Con otros dos militares —hoy capturados— anunciaron el golpe.

 

“La situación podría ponerse peor ahora que se ha producido una violencia entre facciones”, dijo el analista Busingye Kabumba, de la Universidad de Makerere (Uganda), al Daily Monitor. Esa “violencia entre facciones” tiene unas raíces más antiguas: en los últimos dos años las fuerzas del Imborenakure han amenazado a políticos de diversas facciones y a funcionarios del sistema judicial. A pesar de las acusaciones no existen procesos en contra de sus miembros, y el jefe de ese grupo, Denis Karera, aseguró a Amnistía Internacional que el Imbonerakure ha tenido accidentes y tal vez algunas “peleas”, pero que las acusaciones más serias son invenciones para desprestigiar su labor. Y dijo también: “Pero no somos unos ángeles”.

 

Esa violencia no proviene sólo del Gobierno. Los líderes de los partidos Frodebu, Leonce Ngendakumana, y el MSD, Alexis Sinduhije, opositores a la presidencia de Nkurunziza, también han impulsado a sus alas más jóvenes a defenderse contra los ataques del Imborenakure. El mes pasado las Naciones Unidas advirtieron sobre la situación desequilibrada del país, uno de los más pobres del mundo, con el 48% de su población en la pobreza a pesar de la riqueza de su suelo y las fuentes de agua que posee. Entre sus preocupaciones, las Naciones Unidas nombró el discurso de odio entre los partidos políticos —que impulsa también la violencia política—, las restricciones a la asociación colectiva, la prohibición de las protestas, el silenciamiento de numerosos periodistas y el desplazamiento de por lo menos 1.000 personas al día —temerosas de las acciones del Imborenakure y víctimas de la pobreza— hacia Uganda, Tanzania, Ruanda y el Congo.

 

Cuando la violencia despuntaba en las repúblicas del centro de África, los acuerdos de Arusha —en los que estuvo involucrado Nelson Mandela— permitieron repartir el poder de manera equitativa entre hutus y tutsis. Sin embargo, Nkurunziza ha insistido en los últimos años en aumentar el poder de su partido. Su gobierno ha sido señalado de fraude, de intentar cambiar la Constitución en su favor y de una serie de ejecuciones extrajudiciales realizadas en 2010, cuando ganó la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. Dijo Kabumba: “Esto es lo que sucede cuando un líder pone su ambición por encima de los intereses de la nación”.

 

Burundi es una nación que apenas se introduce en el sistema democrático. Entre 1993 y 1994 tuvo tres presidentes: los tres fueron asesinados. Desde entonces ha habido cuatro golpes de Estado. Burundi, como sus vecinos, está dividido entre dos fuerzas étnicas principales: los hutus —mayoría— y los tutsis —minoría—. Las primeras elecciones presidenciales fueron ganadas por los hutus; los constantes enfrentamientos étnicos produjeron una guerra civil que sólo se apaciguó a principios de este siglo y produjo cerca de 300.000 muertos. La historia de Burundi señala que, además de los argumentos étnicos, el conflicto tiene raíces en una razón al parecer simple: los mandatarios que deciden quedarse con el poder por puro interés personal. Las próximas elecciones, que se realizarán en junio, tienen a Nkurunziza entre los candidatos. En las últimas semanas, numerosas protestas en su contra han realzado el desánimo general frente a su gestión. El general Godefroid Niyombare, quien anunció el golpe de Estado, había aconsejado a Nkurunziza que se retirase de las elecciones. Fue expulsado. Con otros dos militares —hoy capturados— anunciaron el golpe.

 

“La situación podría ponerse peor ahora que se ha producido una violencia entre facciones”, dijo el analista Busingye Kabumba, de la Universidad de Makerere (Uganda), al Daily Monitor. Esa “violencia entre facciones” tiene unas raíces más antiguas: en los últimos dos años las fuerzas del Imborenakure han amenazado a políticos de diversas facciones y a funcionarios del sistema judicial. A pesar de las acusaciones no existen procesos en contra de sus miembros, y el jefe de ese grupo, Denis Karera, aseguró a Amnistía Internacional que el Imbonerakure ha tenido accidentes y tal vez algunas “peleas”, pero que las acusaciones más serias son invenciones para desprestigiar su labor. Y dijo también: “Pero no somos unos ángeles”.

 

Esa violencia no proviene sólo del Gobierno. Los líderes de los partidos Frodebu, Leonce Ngendakumana, y el MSD, Alexis Sinduhije, opositores a la presidencia de Nkurunziza, también han impulsado a sus alas más jóvenes a defenderse contra los ataques del Imborenakure. El mes pasado las Naciones Unidas advirtieron sobre la situación desequilibrada del país, uno de los más pobres del mundo, con el 48% de su población en la pobreza a pesar de la riqueza de su suelo y las fuentes de agua que posee. Entre sus preocupaciones, las Naciones Unidas nombró el discurso de odio entre los partidos políticos —que impulsa también la violencia política—, las restricciones a la asociación colectiva, la prohibición de las protestas, el silenciamiento de numerosos periodistas y el desplazamiento de por lo menos 1.000 personas al día —temerosas de las acciones del Imborenakure y víctimas de la pobreza— hacia Uganda, Tanzania, Ruanda y el Congo.

 

Cuando la violencia despuntaba en las repúblicas del centro de África, los acuerdos de Arusha —en los que estuvo involucrado Nelson Mandela— permitieron repartir el poder de manera equitativa entre hutus y tutsis. Sin embargo, Nkurunziza ha insistido en los últimos años en aumentar el poder de su partido. Su gobierno ha sido señalado de fraude, de intentar cambiar la Constitución en su favor y de una serie de ejecuciones extrajudiciales realizadas en 2010, cuando ganó la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. Dijo Kabumba: “Esto es lo que sucede cuando un líder pone su ambición por encima de los intereses de la nación”.