Obama intenta pasar la página de las torturas cometidas por la CIA

El día después de que el mundo supiera con certeza que entre 2002 y 2006 Estados Unidos torturó a los sospechosos de terrorismo detenidos tras los ataques terroristas del 11-S –aunque obviara la palabra tortura y usara un eufemismo como la aplicación de técnicas de interrogatorio reforzadas- ha quedado claro que la toma de responsabilidad concluye con la publicación del informe del Comité de Inteligencia del Senado.

Hasta ahí llegará la rendición de cuentas. Nadie será llevado ante la justicia ni se reabrirán o abrirán investigaciones criminales nuevas. La Casa Blanca se remitía este miércoles al departamento de Justicia al ser preguntado su portavoz sobre el siguiente paso, el “¿y ahora qué?”. Josh Earnest declaraba que la pelota estaba en la cancha del fiscal general del Estado, Eric Holder, y el departamento que este todavía dirige ya había dejado claro el día anterior que no abriría ningún expediente para investigar el comportamiento de la Agencia o llevar a los responsables del programa de detención e interrogatorios ante la justicia.

Dicho esto, que es un cierre de página en toda regla sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de este país –algo que suele ser costumbre, Ford perdonó a Nixon-, la Casa Blanca reconocía sin embargo que los brutales interrogatorios habían socavado “la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo”. Según admisión del portavoz de Barack Obama, el presidente está preocupado por 'el impacto que los usos de la CIA han tenido sobre la imagen del país'. La conciencia se lava en los medios pero no en los tribunales.

El sórdido capítulo reclama a gritos una toma de responsabilidad, que exigen desde los grupos de defensa de los derechos civiles, hasta los abogados de los presos encerrados sin cargos todavía a día de hoy en Guantánamo o Naciones Unidas. “Si nos atenemos a la ley internacional, Estados Unidos está obligado a llevar a los responsables ante la justicia”, aseguraba el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, Ben Emmerson.

En términos de libertades civiles, la rendición de cuentas y un cambio en el sistema es todavía más apremiante, ya que de la misma manera que cuando Obama llegó al poder dictó una orden ejecutiva restringiendo los abusos de la CIA, el siguiente presidente o el siguiente podrían acabar con esa formulación a golpe de una nueva firma.
La senadora Dianne Feinstein, portavoz en este caso de un ejercicio de transparencia –por limitada que sea- que solo pueden realizar las democracias más sofisticadas, describió el episodio como “una mancha en nuestros valores y nuestra historia”. El comité que ella preside, a sus 81 años de edad, ha expuesto en poco más de medio millar de páginas lo mejor y lo peor de Estados Unidos.

Los acusados en el informe siguen defendiendo su trabajo argumentando que su labor ha salvado miles de vidas. Los antiguos directores de la Agencia George Tenet, Porter Goss y Michale Hayden publicaban este miércoles un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal en el que aseguraban que el informe senatorial se equivocaba al decir que la Agencia había mentido. “El Comité ha ofrecido un estudio con una sola cara plagado de errores en los hechos e interpretativo, básicamente se trata de un ataque partidista e interesado sobre la agencia que ha hecho todo lo que ha podido para proteger América después del 11-S”.

Sin tribunales, los hechos descritos en el informe tienen algo de acusación formal contra una institución concreta. También de confesión colectiva. De catarsis en boca del Congreso, la institución que representa la voluntad popular. En los meses posteriores a los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, pocos norteamericanos habrían aceptado que sus agentes secretos no hicieran todo lo posible para evitar otro atentado. El informe es una manera de decir: esto hicimos y no volverá ocurrir. Pero hasta ahí. Con el informe, Obama pasa página y EE UU sigue adelante tras vislumbrar 500 de 6.000 páginas dedicadas a las cloacas.

El día después de que el mundo supiera con certeza que entre 2002 y 2006 Estados Unidos torturó a los sospechosos de terrorismo detenidos tras los ataques terroristas del 11-S –aunque obviara la palabra tortura y usara un eufemismo como la aplicación de técnicas de interrogatorio reforzadas- ha quedado claro que la toma de responsabilidad concluye con la publicación del informe del Comité de Inteligencia del Senado.

Hasta ahí llegará la rendición de cuentas. Nadie será llevado ante la justicia ni se reabrirán o abrirán investigaciones criminales nuevas. La Casa Blanca se remitía este miércoles al departamento de Justicia al ser preguntado su portavoz sobre el siguiente paso, el “¿y ahora qué?”. Josh Earnest declaraba que la pelota estaba en la cancha del fiscal general del Estado, Eric Holder, y el departamento que este todavía dirige ya había dejado claro el día anterior que no abriría ningún expediente para investigar el comportamiento de la Agencia o llevar a los responsables del programa de detención e interrogatorios ante la justicia.

Dicho esto, que es un cierre de página en toda regla sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de este país –algo que suele ser costumbre, Ford perdonó a Nixon-, la Casa Blanca reconocía sin embargo que los brutales interrogatorios habían socavado “la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo”. Según admisión del portavoz de Barack Obama, el presidente está preocupado por 'el impacto que los usos de la CIA han tenido sobre la imagen del país'. La conciencia se lava en los medios pero no en los tribunales.

El sórdido capítulo reclama a gritos una toma de responsabilidad, que exigen desde los grupos de defensa de los derechos civiles, hasta los abogados de los presos encerrados sin cargos todavía a día de hoy en Guantánamo o Naciones Unidas. “Si nos atenemos a la ley internacional, Estados Unidos está obligado a llevar a los responsables ante la justicia”, aseguraba el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, Ben Emmerson.

En términos de libertades civiles, la rendición de cuentas y un cambio en el sistema es todavía más apremiante, ya que de la misma manera que cuando Obama llegó al poder dictó una orden ejecutiva restringiendo los abusos de la CIA, el siguiente presidente o el siguiente podrían acabar con esa formulación a golpe de una nueva firma.
La senadora Dianne Feinstein, portavoz en este caso de un ejercicio de transparencia –por limitada que sea- que solo pueden realizar las democracias más sofisticadas, describió el episodio como “una mancha en nuestros valores y nuestra historia”. El comité que ella preside, a sus 81 años de edad, ha expuesto en poco más de medio millar de páginas lo mejor y lo peor de Estados Unidos.

Los acusados en el informe siguen defendiendo su trabajo argumentando que su labor ha salvado miles de vidas. Los antiguos directores de la Agencia George Tenet, Porter Goss y Michale Hayden publicaban este miércoles un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal en el que aseguraban que el informe senatorial se equivocaba al decir que la Agencia había mentido. “El Comité ha ofrecido un estudio con una sola cara plagado de errores en los hechos e interpretativo, básicamente se trata de un ataque partidista e interesado sobre la agencia que ha hecho todo lo que ha podido para proteger América después del 11-S”.

Sin tribunales, los hechos descritos en el informe tienen algo de acusación formal contra una institución concreta. También de confesión colectiva. De catarsis en boca del Congreso, la institución que representa la voluntad popular. En los meses posteriores a los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, pocos norteamericanos habrían aceptado que sus agentes secretos no hicieran todo lo posible para evitar otro atentado. El informe es una manera de decir: esto hicimos y no volverá ocurrir. Pero hasta ahí. Con el informe, Obama pasa página y EE UU sigue adelante tras vislumbrar 500 de 6.000 páginas dedicadas a las cloacas.