“Tenemos muy claro que Zelaya es el presidente democráticamente elegido”, manifestó el presidente norteamericano, Barack Obama, quien dijo que estaba trabajando con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con otros Gobiernos amigos para intentar resolver la situación de forma pacífica.
Las gestiones para detener el golpe se iniciaron ya antes de que éste se confirmara, al conocerse las primeras tensiones entre el presidente y el ejército, y se intensificaron el domingo, tras las comunicaciones iniciales sobre el arresto de Zelaya, según confirmaron portavoces oficiales estadounidenses.
Desde ese momento, funcionarios norteamericanos han estado en contacto con todas las partes involucradas en la crisis, incluidas las Fuerzas Armadas, en busca de una solución dentro de los cauces constitucionales hondureños, pero esos contactos no han dado frutos hasta el momento. Fuentes oficiales han admitido que, en algún momento, los militares de ese país centroamericano no respondieron a los mensajes procedentes de Washington o del embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens.
La prioridad absoluta para la administración norteamericana en esta crisis es la de despejar cualquier sospecha de que pueda estar involucrada en el golpe, algo que han hecho circular Chávez y sus aliados y que podrían llegar a pensar algunos que aún creen en las teorías sobre la mano negra de Estados Unidos en América Latina.
Para Obama es esencial que el presidente de Venezuela no aproveche esta crisis para extender su poder y su influencia. El presidente norteamericano ya alertó sobre la necesidad de que la situación se resuelva “sin interferencias extranjeras”. Existe preocupación en Washington de que Chávez, que ha amenazado varias veces con el uso de la fuerza para frenar el imperialismo, utilice cualquier pretexto para intervenir en Honduras.
Tal como ahora se contempla, la mejor manera de evitar esos riesgos es la restitución de Zelaya, lo que, aunque no se trata de un personaje que goce de las simpatías de EE.UU., demostraría la sinceridad de las intenciones de Obama en el continente.
En ese sentido, Obama dejó claro que el movimiento insurgente que depuso de su cargo a Zelaya y lo expulsó del país “no es legal” y representa “un retroceso a los años oscuros” de las dictaduras militares latinoamericanas. “Sería un terrible precedente si empezamos a retroceder a una era en la que los golpes militares eran el medio de hacer política en lugar de las elecciones democráticas. La región ha hecho un enorme progreso en los últimos 20 años para establecer tradiciones democráticas en Centroamérica y América Latina. No queremos volver al oscuro pasado”.
* Corresponsal en Washington del diario ‘El País’.
Por Antonio Caño*
