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La ONG venezolana Paz Activa informó que durante 2017 se registraron 1.335 casos de crimen organizado en el país petrolero, 51 más que el año anterior. El reporte se realizó basándose en las publicaciones diarias de más de 50 medios de comunicación nacionales y regionales durante los 365 días del año pasado.
El director ejecutivo de la ONG, Luis Cedeño, dijo a la agencia EFE que "solo en el renglón del asesinato por encargo o sicariato registraron 262 casos que dejaron 310 víctimas mortales el año pasado. Estas cifras arrojan un promedio de 22 homicidios pagados por mes.
El 66,7 % de los asesinatos por encargo registrados durante el 2017 se reportaron en el estado Zulia (oeste, limítrofe con Colombia), mientras que el 89 % de las víctimas de este flagelo fueron hombres. El 83,2 % tenía entre 18 y 44 años de edad y la gran mayoría eran residentes de zonas de clase baja.
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El tráfico de drogas registró 256 casos; la extorsión, 248; el secuestro, 206, y el contrabando, 170. Estas son otras formas de crimen organizado sobre las que se reseñaron en los periódicos venezolanos el año pasado. La ONG indicó, además, que se produjeron al menos 77 delitos financieros, 67 de corrupción, 29 de legitimación de capitales o lavado de dinero, 12 delitos informáticos y 8 relacionados con la minería ilegal.
Según cifras no oficiales, Venezuela registró, en 2017, 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 26.616 víctimas, un descenso de casi un 3 % respecto a las cifras de 2016 y mantiene al país caribeño en el segundo lugar en la lista de países más peligrosos del mundo, encabezada por El Salvador.
Por otro lado, el Observatorio Venezolano de Violencia advirtió en su informe sobre otros tipos de violencia que suceden en el país, además de las que son provocadas por las estructuras de crimen organizado.
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La organización llamó la atención sobre el incremento de la violencia interciudadana "por la agresividad expresada en la competencia por adquirir bienes y por el surgimiento de modalidades del delito, asociadas a la captación de la renta económica derivada de su control y comercialización".
A su vez, creció la tasa de casos de violencia doméstica "derivada de las situaciones de hambre que se han presentado en los hogares. La carencia de alimentos en las familias ha obligado a una administración estricta de los pocos recursos disponibles que no siempre es acatada por sus miembros, provocándose situaciones de violencia de pareja o maltrato infantil inéditas en el país".