ONU pide a México esclarecer el secuestro de 22.000 migrantes
El organismo alertó sobre el aumento de represión violenta a la protesta social.
AFP
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU le pidió al gobierno de México que arroje luz sobre el secuestro de 22.000 migrantes, uno de los puntos abordados durante dos días de audiencia pública en Ginebra.
"México debe rendir cuentas sobre el secuestro de 22.000 migrantes", reiteró a la AFP el guatemalteco Jose Francisco Cali Tzay, uno de los 16 expertos de este Comité, quien formuló el requerimiento durante los debates con una nutrida delegación mexicana, sin conseguir respuesta.
"Hay criminalización de la protesta social y el ejemplo son los asesinatos de José Trinidad de la Cruz, indígena Naua, por disputa de tierras, abatido por paramilitares, y de José Ramón Anicdeto y Agustín Cruz, indígenas otomí, detenidos arbitrariamente por un conflicto de acceso al agua", agregó el experto colombiano Pastor Elias Murillo Martínez.
Los países que han ratificado la Convención contra la Discriminación Racial de la ONU, piden a estos expertos que, reunidos en Comité, los examinen con el fin de verificar si respetan la Convención.
Tras los debates orales, el Comité emite recomendaciones al Estado concernido, lo cual en el presente caso de México será el próximo 9 de marzo.
"Creo que el Comité ha reconocido que hay una revolución jurídica garantista en México para terminar con la impunidad, limitar los excesos del poder, y no dar valor probatorio a confesiones producidas en ausencia de un abogado", declaró a la AFP Alejandro Negrín Muñoz, Director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria (ministerio) de Relaciones Exteriores de México.
Pero el experto estadounidense Carlos Manuel Vázquez, estimó que "empeora la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad".
Su colega de Francia, Régis de Gouttes, constató que hay racismo contra indígenas en el seno de la población mexicana por prejuicios de larga data."México no protege derechos de las mujeres indígenas y de los migrantes, practica un racismo por omisión", precisó el experto Cali Tzay.
"México deportó un indígena a Honduras por su perfil físico, quien tuvo que trabajar para juntar el dinero y pagarse el viaje de regreso al Estado de Guerrero, de donde era oriundo", subrayó Cali Tzay.
La experta de Burkina Faso, Fatima-Binta Victoire Dah, preguntó al gobierno de México cuándo va a retirar las tropas del Ejercito de la lucha contra el narcotráfico, pero tampoco obtuvo respuesta.
Janitzio Durán Ortegón, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México aseguró que todo proyecto de explotación de recursos mineros o energéticos obliga a la empresa a presentar un informe del impacto ambiental, que es verificado por un órgano del Estado, en el marco de consultas con las poblaciones afectadas.
"Hemos avanzado en la educación de lenguas indígenas, hay intérpretes para los casos sometidos a los tribunales, no toleramos violaciones de los derechos humanos, el gobierno es transparente y hay más garantías que antes en el combate contra la criminalidad organizada", concluyó Negrín Muñoz.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU le pidió al gobierno de México que arroje luz sobre el secuestro de 22.000 migrantes, uno de los puntos abordados durante dos días de audiencia pública en Ginebra.
"México debe rendir cuentas sobre el secuestro de 22.000 migrantes", reiteró a la AFP el guatemalteco Jose Francisco Cali Tzay, uno de los 16 expertos de este Comité, quien formuló el requerimiento durante los debates con una nutrida delegación mexicana, sin conseguir respuesta.
"Hay criminalización de la protesta social y el ejemplo son los asesinatos de José Trinidad de la Cruz, indígena Naua, por disputa de tierras, abatido por paramilitares, y de José Ramón Anicdeto y Agustín Cruz, indígenas otomí, detenidos arbitrariamente por un conflicto de acceso al agua", agregó el experto colombiano Pastor Elias Murillo Martínez.
Los países que han ratificado la Convención contra la Discriminación Racial de la ONU, piden a estos expertos que, reunidos en Comité, los examinen con el fin de verificar si respetan la Convención.
Tras los debates orales, el Comité emite recomendaciones al Estado concernido, lo cual en el presente caso de México será el próximo 9 de marzo.
"Creo que el Comité ha reconocido que hay una revolución jurídica garantista en México para terminar con la impunidad, limitar los excesos del poder, y no dar valor probatorio a confesiones producidas en ausencia de un abogado", declaró a la AFP Alejandro Negrín Muñoz, Director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria (ministerio) de Relaciones Exteriores de México.
Pero el experto estadounidense Carlos Manuel Vázquez, estimó que "empeora la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad".
Su colega de Francia, Régis de Gouttes, constató que hay racismo contra indígenas en el seno de la población mexicana por prejuicios de larga data."México no protege derechos de las mujeres indígenas y de los migrantes, practica un racismo por omisión", precisó el experto Cali Tzay.
"México deportó un indígena a Honduras por su perfil físico, quien tuvo que trabajar para juntar el dinero y pagarse el viaje de regreso al Estado de Guerrero, de donde era oriundo", subrayó Cali Tzay.
La experta de Burkina Faso, Fatima-Binta Victoire Dah, preguntó al gobierno de México cuándo va a retirar las tropas del Ejercito de la lucha contra el narcotráfico, pero tampoco obtuvo respuesta.
Janitzio Durán Ortegón, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México aseguró que todo proyecto de explotación de recursos mineros o energéticos obliga a la empresa a presentar un informe del impacto ambiental, que es verificado por un órgano del Estado, en el marco de consultas con las poblaciones afectadas.
"Hemos avanzado en la educación de lenguas indígenas, hay intérpretes para los casos sometidos a los tribunales, no toleramos violaciones de los derechos humanos, el gobierno es transparente y hay más garantías que antes en el combate contra la criminalidad organizada", concluyó Negrín Muñoz.