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En este momento, cien personas mueren a diario por el abuso de opiáceos en Estados Unidos. La crisis por la que el presidente Donald Trump declaró la emergencia nacional y dijo que destinará más recursos a las agencias encargadas de combatir la epidemia sólo promete ponerse peor.
Según un grupo de expertos consultados por el portal de noticias STAT, en 2027 la cifra de personas que mueran por sobredosis cada 24 horas escalará hasta llegar a 250. En diez años, la plaga desencadenada por el abuso de analgésicos dejaría una estela de 650.000 muertos, lo que, llevado a Colombia, equivaldría a decir que toda la población de una ciudad como Cúcuta, Villavicencio o Santa Marta podría desaparecer por cuenta de la adicción.
“Vamos a emplear mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero en la crisis provocada por los opiáceos”, anunció Trump, sin dejar del todo claro cuáles serán sus medidas.
Lo cierto es que la crisis, que lleva años cocinándose, ha empezado a afectar la economía estadounidense. Según un estudio de la revista Medical Care, la pérdida de productividad y los gastos del sistema de salud y de justicia llegó a los US$78,5 billones el año pasado y sigue creciendo.
La cifra es exorbitante, pero detrás de ella hay varias historias que también hablan de la dimensión del problema. En mayo de este año, por ejemplo, las autoridades forenses de Montgomery, en Ohio, anunciaron que las neveras del anfiteatro ya no daban abasto. “Si seguimos a este ritmo, no sé qué vamos a hacer. Se llenan todas las noches”, dijo el doctor Kent Harshbarger.
La imagen de niñas en pijama y niños vestidos con camisetas de dinosaurios le dieron la vuelta al mundo cuando las fotos y videos en los que aparecían con sus padres, desencajados por la sobredosis, se volvieron virales en internet.
Muchos de quienes llegaron a los opiáceos lo hicieron por prescripción médica y después se engancharon a la heroína, un suplemento más barato y más fácil de conseguir en las calles. A pesar de esto, el mercado negro de analgésicos no ha parado de crecer.
El pasado 13 de junio, el fiscal general Jeff Sessions sancionó a 412 doctores, enfermeras y otros profesionales médicos involucrados en un esquema ilegal para recetar y distribuir pastillas de oxicodona, un analgésico opioide altamente adictivo. Ese mismo mes, la farmacéutica Mallinckrodt, responsable de la producción del medicamento, aceptó pagar una multa de US$35 millones por los fallos en su cadena de producción que permitieron la fabricación excesiva de oxicodona y su llegada a las calles.
Según el Washington Post, 38 % de los estadounidenses consume analgésicos con o sin la aprobación de un profesional médico, una cifra superior al 31 % que consume productos con tabaco. Aunque no todos los analgésicos son opiáceos, la cifra es preocupante si se considera que, según la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Salud (AHRQ por sus siglas en inglés), entre 2005 y 2014 se duplicó el número de gente que llegaba a las salas de emergencia por problemas relacionados con el consumo excesivo de opiáceos.
A la ya alarmante situación se suma la amenaza de los opiáceos sintéticos. Según el Wall Street Journal, los ingredientes necesarios para producir fentanil son tan fáciles de conseguir que han desencadenado la proliferación de laboratorios caseros dedicados a producirla. También están los casos excesivos, como el de los usuarios de carfentanil, otro opiáceo sintético utilizado originalmente como tranquilizante de elefantes y rinocerontes.
Drogas como el fentanil y el carfentanil están detrás de casos de sobredosis masivas, como el que ocurrió en Cincinnati el año pasado, cuando en un período de seis días se registraron 171 casos de sobredosis. Los opiáceos sintéticos son tan peligrosos que, en un documento oficial, la DEA recomendó al personal de asistencia médica utilizar máscaras y gafas protectoras para no ser víctimas de sus efectos cuando atienden a personas con sobredosis.
A pesar de la declaración de emergencia nacional hecha por Trump, todavía no es claro qué medidas vienen después del anuncio. “Confío en que el presidente se dirigirá a este problema agresivamente para hacer todo lo que pueda para aliviar el sufrimiento y las pérdidas de cientos de familias en cada rincón del país”, dijo Tom Price, el secretario de Salud y Servicios Humanos del presidente, declaraciones que tal vez satisfacen el tono halagüeño que le gusta oír a Trump por parte de sus funcionarios, pero que no da ninguna claridad sobre lo que viene.
Con la declaración de emergencia, se abre la puerta para que el Congreso y la Presidencia tomen medidas al respecto, pero las presiones que pesan sobre la administración Trump por sus numerosos escándalos y las divisiones del Partido Republicano hacen pensar que las soluciones para la crisis seguirán tardando en llegar.