Oposición venezolana acusa a chavismo de intentar 'golpe de Estado judicial'
La Mesa de la Unidad Democrática acusa al oficialismo de haber presentado un recurso para impugnar la elección de 22 de sus parlamentarios.
AFP
A dos semanas de asumir el control del Parlamento, la oposición venezolana denunció que el chavismo intenta dar un "golpe de Estado judicial" con la impugnación de 22 de sus diputados electos, que sin embargo el Tribunal Supremo negó haber recibido.
Es "un intento de golpe de Estado judicial contra la voluntad del pueblo expresada de forma nítida, clara, rotunda y pacífica el 6 de diciembre", dijo el secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha), Jesús Torrealba, en rueda de prensa.
El dirigente señaló que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) impugnó la elección de 22 parlamentarios de la MUD ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 13 de cuyos magistrados serán designados este miércoles por la mayoría chavista en una sesión legislativa extraordinaria.
No obstante, en la noche de este martes el TSJ divulgó un comunicado señalando que "la Sala Electoral no ha recibido ninguna acción judicial esta semana con el objeto de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre".
Torrealba había detallado más temprano que se trataba de un "recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo", con lo que de ser admitido dejaría en suspenso la posesión de esos parlamentarios el 5 de enero, cuando se instalará la nueva Asamblea (parlamento venezolano).
La coalición opositora aseguró incluso, tener el número de expediente en que figuraba el recurso de impugnación.
En respaldo a la denuncia un grupo de 36 exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), hicieron un llamado a la Organización de los Estados Americano, Mercosur y Unión Europea ante lo que llamaron "graves alteraciones constitucionales que están teniendo lugar en Venezuela y que amenazan con desconocer la voluntad popular expresada en los resultados electorales del 6 de diciembre pasado".
La misiva fue suscrita por José María Aznar, Felipe Calderón, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Felipe González, Luis Alberto Lacalle, Ricardo Lagos, Andrés Pastrana o Sebastián Piñera, entre otros.
La denuncia se conoce en momentos en que la mayoría oficialista se apresta a juramentar a 13 jueces del TSJ durante sesiones extras, convocadas por el presidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. El período ordinario finalizó el 15 de diciembre.
Estaba previsto que este martes se hicieran los nombramientos, pero tras dos sesiones no se alcanzó el quorum, por lo que se citó a una tercera hoy en la mañana.
En una cuarta sesión, prevista para la tarde, los magistrados podrán ser designados con los votos de la mayoría simple que tiene el oficialismo.
"Tendemos invitación formal a las personas propuestas por la comisión (de postulaciones) para ser juramentadas como magistrados", dijo Cabello.
Aduciendo que se violaron los plazos para la selección de aspirantes, la oposición rechaza el proceso y sostiene que las nominaciones correspondían al nuevo parlamento, donde la MUD tendrá una mayoría de dos tercios de los diputados (112 de 167 escaños).
Pero Cabello asegura que el oficialismo está facultado para completar la nómina de 32 magistrados del TSJ, que analistas estiman jugará un rol importante en el pulso que mantendrán el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la MUD tras 16 años de hegemonía chavista en el Legislativo.
El diputado reelecto de la MUD Alfonso Marquina afirmó en las sesiones de este martes que la designación de los jueces "es un acto írrito y sus efectos son nulos", y sostuvo que son maniobras "para que no se investiguen los actos de corrupción" del gobierno.
Además de acortar el mandato presidencial mediante vías constitucionales, la supermayoría legislativa que tendrá la oposición la faculta para remover magistrados del TSJ.
No obstante, se trata de un proceso complejo, pues solo se lo puede hacer con base en faltas graves previamente calificadas por el Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, que según la oposición están regidas por el chavismo.
El TSJ podría cumplir un papel de árbitro -especialmente su poderosa Sala Constitucional- en las disputas que se vislumbran entre el chavismo y la MUD, como una amnistía para unos 80 "presos políticos" que se plantea aprobar la oposición como primer acto legislativo.
Si considera que dejaría impunes delitos de "lesa humanidad", la Sala Constitucional podría bloquear el indulto que beneficiaría a dirigentes como el líder del ala radical de la MUD, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas que dejaron 43 muertos en 2014.
El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, considera que el gobierno podría "usar su control institucional para bloquear al Parlamento", con lo que las leyes aprobadas por la oposición -entre las cuales varias para enfrentar la crisis económica- correrían el riesgo de ser desechadas por el TSJ.
Al mismo tiempo, "los juicios contra magistrados no contarán con el apoyo indispensable de los otros poderes ciudadanos", sostiene León.
A dos semanas de asumir el control del Parlamento, la oposición venezolana denunció que el chavismo intenta dar un "golpe de Estado judicial" con la impugnación de 22 de sus diputados electos, que sin embargo el Tribunal Supremo negó haber recibido.
Es "un intento de golpe de Estado judicial contra la voluntad del pueblo expresada de forma nítida, clara, rotunda y pacífica el 6 de diciembre", dijo el secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha), Jesús Torrealba, en rueda de prensa.
El dirigente señaló que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) impugnó la elección de 22 parlamentarios de la MUD ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 13 de cuyos magistrados serán designados este miércoles por la mayoría chavista en una sesión legislativa extraordinaria.
No obstante, en la noche de este martes el TSJ divulgó un comunicado señalando que "la Sala Electoral no ha recibido ninguna acción judicial esta semana con el objeto de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre".
Torrealba había detallado más temprano que se trataba de un "recurso contencioso electoral ordinario, acompañado por una cautelar de amparo", con lo que de ser admitido dejaría en suspenso la posesión de esos parlamentarios el 5 de enero, cuando se instalará la nueva Asamblea (parlamento venezolano).
La coalición opositora aseguró incluso, tener el número de expediente en que figuraba el recurso de impugnación.
En respaldo a la denuncia un grupo de 36 exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), hicieron un llamado a la Organización de los Estados Americano, Mercosur y Unión Europea ante lo que llamaron "graves alteraciones constitucionales que están teniendo lugar en Venezuela y que amenazan con desconocer la voluntad popular expresada en los resultados electorales del 6 de diciembre pasado".
La misiva fue suscrita por José María Aznar, Felipe Calderón, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Felipe González, Luis Alberto Lacalle, Ricardo Lagos, Andrés Pastrana o Sebastián Piñera, entre otros.
La denuncia se conoce en momentos en que la mayoría oficialista se apresta a juramentar a 13 jueces del TSJ durante sesiones extras, convocadas por el presidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. El período ordinario finalizó el 15 de diciembre.
Estaba previsto que este martes se hicieran los nombramientos, pero tras dos sesiones no se alcanzó el quorum, por lo que se citó a una tercera hoy en la mañana.
En una cuarta sesión, prevista para la tarde, los magistrados podrán ser designados con los votos de la mayoría simple que tiene el oficialismo.
"Tendemos invitación formal a las personas propuestas por la comisión (de postulaciones) para ser juramentadas como magistrados", dijo Cabello.
Aduciendo que se violaron los plazos para la selección de aspirantes, la oposición rechaza el proceso y sostiene que las nominaciones correspondían al nuevo parlamento, donde la MUD tendrá una mayoría de dos tercios de los diputados (112 de 167 escaños).
Pero Cabello asegura que el oficialismo está facultado para completar la nómina de 32 magistrados del TSJ, que analistas estiman jugará un rol importante en el pulso que mantendrán el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la MUD tras 16 años de hegemonía chavista en el Legislativo.
El diputado reelecto de la MUD Alfonso Marquina afirmó en las sesiones de este martes que la designación de los jueces "es un acto írrito y sus efectos son nulos", y sostuvo que son maniobras "para que no se investiguen los actos de corrupción" del gobierno.
Además de acortar el mandato presidencial mediante vías constitucionales, la supermayoría legislativa que tendrá la oposición la faculta para remover magistrados del TSJ.
No obstante, se trata de un proceso complejo, pues solo se lo puede hacer con base en faltas graves previamente calificadas por el Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, que según la oposición están regidas por el chavismo.
El TSJ podría cumplir un papel de árbitro -especialmente su poderosa Sala Constitucional- en las disputas que se vislumbran entre el chavismo y la MUD, como una amnistía para unos 80 "presos políticos" que se plantea aprobar la oposición como primer acto legislativo.
Si considera que dejaría impunes delitos de "lesa humanidad", la Sala Constitucional podría bloquear el indulto que beneficiaría a dirigentes como el líder del ala radical de la MUD, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas que dejaron 43 muertos en 2014.
El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, considera que el gobierno podría "usar su control institucional para bloquear al Parlamento", con lo que las leyes aprobadas por la oposición -entre las cuales varias para enfrentar la crisis económica- correrían el riesgo de ser desechadas por el TSJ.
Al mismo tiempo, "los juicios contra magistrados no contarán con el apoyo indispensable de los otros poderes ciudadanos", sostiene León.