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Había durado casi dos años en una prisión israelí bajo detención administrativa –una medida que el Ejército de Israel utiliza en los territorios ocupados para arrestar indefinidamente a musulmanes y palestinos que se consideren una amenaza para el país, sin imputación de delito alguno ni necesidad de evidencias-. Fue liberada en el canje de 1027 prisioneros palestinos a cambio del soldado israelí Gilad Shalit. Pero pasó menos de un mes antes de que la integrante del movimiento radical Yihad Islámica fuera arrestada de nuevo, el 16 de febrero, y puesta bajo detención administrativa por las autoridades del Estado hebreo. El mismo día que fue capturada, torturada y humillada –según ha declarado-, Hana Shalabi comenzó la huelga de hambre que hoy, cuando cumple 43 días, decidió finalizar tras acordar con las autoridades israelíes que se le permitirá exiliarse en la Franja de Gaza durante tres años.
Amani Dayif, miembro del departamento de Detenidos y Prisioneros de la ONG Médicos por los Derechos Humanos (PHR, sus siglas en inglés), en conversación con El Espectador, cuenta que al menos otros 24 prisioneros se sumaron, desde distintos centros penales, a la huelga de hambre de Shalabi, y “cada día se suman más, aunque es difícil determinar el número exacto porque las autoridades israelíes los mantienen aislados, muchas veces sin contacto con el exterior ni derecho a un abogado”. Tampoco se ha podido examinar el estado de salud de la mayoría. Lo que han podido comprobar los médicos independientes de PHR es que Hana Shalabi se encuentra en un estado crítico avanzado.
Además de Shalabi, PHR ha confirmado el grave estado de salud de otros dos reos: Bilal Tyab, de Jenin, quien cumple hoy 30 días de huelga de hambre y Zeere Helahli, de 28 años, oriundo de Hebron. Ambos ingresaron al a los Servicios de Prisioneros Israelíes (IPS, siglas en inglés) debido al notable deterioro de su salud. “No tienen abogados. Las autoridades israelíes casi nos admiten entrar a examinarlos, en una semana no hemos tenido respuesta a una petición formal para poder examinarlos, por lo que ya consideramos ir a una corte y apelar. Eso hicimos en el caso de Shalabi y funcionó”.
La primera vez que PHR pudo examinar la salud de Shalabi fue el 8 de marzo, después de que una Corte obligará a IPS a admitir la entrada de un doctor independiente. Shalabi apareció como “una mujer religiosa para quien ser torturada de una manera tan tremenda fue muy chocante, empezó su huelga en protesta contra el trato degradante que recibió y la falta de evidencias para su detención. Fue arrestada por nada, sin cargos, no sabe por qué fue detenida, solo sabía que Israel la quería en prisión 6 meses. El hambre fue su huelga porque era su única manera de protestar, ya que no tiene derecho a un abogado. No está en prisión por otra razón que ser palestina”, dice Dayif.
Para entonces Shalabi, capturada por segunda vez, estaba en una prisión de mujeres palestinas, donde la pusieron en confinamiento solitario para evitar que su huelga se extendiera en el centro de detención. “Es importante decir que, aún después de que nuestro doctor escribió un reporte sobre el peligro inminente que corría la salud de Shalabi, las autoridades se negaban a dejarla salir y decían que podían cuidarla. Pero ella necesita ser monitoreada, examinada por especialistas. Los doctores oficiales no tienen el mínimo conocimiento de cómo tratar a un paciente de este tipo”. Finalmente el 21 de marzo, Shalabi fue trasladada a un hospital público fuera de prisión.
El hambre de Shalabi se hizo noticia. Revivió el debate que ya había despertado el exportavoz de la Yihad Islámica, Jader Adnan, quien a finales del año pasado inició la protesta contra su detención administrativa con una huelga de hambre que duró 66 días hasta que alcanzó un pacto con la Fiscalía militar, que le garantizó que saldría de prisión el próximo abril. En nombre de Shalabi, esta vez, cientos de palestinos salieron a protestar, algunos porque el Estado hebreo había incumplido su pacto al volver a arrestar no solo a Shalabi, sino a otros que habían sido previamente liberados a cambio de Gilad Shalit; otros gritaron en contra de la detención administrativa, bajo la cual hay cerca de 300 palestinos detenidos según la ONG palestina Addameer, y que permite retener por periodos renovables de seis meses a los palestinos sin informarles a ellos ni a sus abogados de qué se les acusa.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) anunció que pedirá en el próximo encuentro de Naciones Unidas la revocatoria de “esta peligrosa política israelí que ha convertido a los prisioneros palestinos en rehenes de los servicios de seguridad israelíes, vulnerando la legislación internacional de derechos humanos", según Isa Qaraqe, ministro de Prisioneros palestino. “El ser humano tiene el derecho de saber por qué está en prisión y saber los cargos en su contra. En la detención administrativa no existe este conocimiento, la persona es detenida porque el Estado considera que es una amenaza, pero el detenido no sabe cuáles son los cargos específicos, no puede tener un abogado que lo defienda, no hay procedimientos posibles de la corte aparte de aceptar o acortar la medida”, asegura Dayif.