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El 22 de junio de 2012, mientras la prensa internacional divulgaba la Cumbre Río+20 en Río de Janeiro, se iniciaron los rumores de un golpe de Estado parlamentario en Paraguay, lo que recordó lo sucedido en Honduras en 2009.
El entonces presidente, Fernando Lugo, había llegado al poder en 2008, mediante la Alianza Patriótica por el Cambio, después de 62 años de permanencia del Partido Colorado en la primera magistratura del país. Sin embargo, 32 horas de juicio político fueron suficientes para que el Congreso paraguayo lo destituyera. La democracia paraguaya desconoció el sufragio universal y consagró el derecho de las minorías.
Según el fallo, Lugo fue destituido por “promover el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación al derecho de propiedad, atentando de modo permanente contra la Carta Magna”, pero lo que supuestamente provocó su caída fue la masacre de Curuguaty, cuyo detonante fue la resistencia de algunos campesinos a desocupar 2.000 hectáreas de tierra sin títulos definidos.
En seguida, Paraguay fue expulsado del Mercosur por incumplir la cláusula democrática, sin la aplicación de sanciones económicas que pudieran afectar aún más a su pueblo. Después de ocho meses de ruptura institucional, los paraguayos volvieron a las urnas y, al contrario de 2008, cuando votaron con la esperanza de terminar con la larga hegemonía del Partido Colorado, eligieron al empresario Horacio Cartes, lo que significó el retorno de ese partido al poder.
Los últimos días han demostrado, sin embargo, que dicha inestabilidad pervive: el pasado viernes en la noche, tras días de protestas por un proyecto de ley que permite la reelección, los manifestantes quemaron las instalaciones del Congreso y la policía respondió con balas de goma. Rodrigo Quintana, un joven de 25 años, fue asesinado por un policía antimotín.
Luguistas y cartistas, antes opositores y enemigos irreconciliables, se unieron para proponer cambios en la Constitución paraguaya —enmienda de los artículos 161, 197, 229 y 235—, con el objetivo de aprobar la posibilidad de reelección presidencial en el país, lo que daría la oportunidad para que se presenten las candidaturas de Lugo y Cartes en las próximas elecciones presidenciales.
Para entender por qué desembocó en este caos, habría que ver la situación actual del país. Paraguay sigue siendo señalado como uno de los países más desiguales de la región. Gran parte de su economía proviene de fuentes ilegales y de la agricultura, y el 43 % de su población está en áreas rurales. El 1 % de los propietarios posee el 77 % del área productiva y de la propiedad de la tierra. Tierra significa poder y Curuguaty se ha vuelto un doloroso símbolo de la historia del despojo de tierras y un falso positivo para consumar el golpe parlamentario.
Actualmente, Paraguay tiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo, ofrece gran facilidad para la apertura de empresas, ventajas para la inversión de capital extranjero y nacional, entre ellas el régimen de maquila y zona franca, y posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta: el acuífero Guaraní, que cuenta con gran potencial hidroeléctrico y es uno de los primeros exportadores mundiales de soya y carne. No obstante, se debate entre agronegocios (transgénicos), liderados por multinacionales, y una contrarreforma agraria, la pobreza, el narcotráfico y su persistente dilema: estar o no estar en el Mercosur.
En esta ocasión, a diferencia de 2012, cuando la plaza de Armas estuvo vacía y los campesinos nunca llegaron a protestar por la destitución del expresidente Lugo, miles de personas se reunieron para reivindicar la reforma agraria y aproximadamente 25.000 estudiantes acudieron al centro de Asunción. El escenario de protestas y el incendio del Congreso demostraron el profundo cansancio de los paraguayos respecto a su entorno político y la posterior represión reafirma que “la militarización es moneda corriente y las cárceles de alta seguridad son el antídoto para quienes se rebelen”. Por ahora, no se invoca la carta democrática.
Un basta ya a la paraguaya, así como en otras latitudes regionales. Ojalá sean capaces de ratificarlo en las urnas.
Por Beatriz Miranda Côrtes
