Presidente de Filipinas reta a la Corte Internacional a condenarlo a la horca
Días antes de que Filipinas abandone formalmente el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, Rodrigo Duterte, mandatario filipino, retó a ese organismo a llevarlo a la horca.
Agencia EFE
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, retó a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenarlo a la horca, días antes de que el país abandone formalmente el Estatuto de Roma, constitutivo de ese tribunal de La Haya.
"Quizá algún día esos idiotas de la CPI decidan colgarme, en ese caso estaré contento de ir y colocar yo mismo la soga", señaló anoche el mandatario en un acto de campaña en la provincia de Isabela, en el norte de Filipinas.
Ver más: Seis países llevaron a Venezuela al a CPI, ¿de qué sirve?
Filipinas hará efectiva su salida de la CPI el próximo domingo, 17 de marzo, un año después de notificarlo formalmente a la ONU, aunque hay dos demandas interpuestas contra Duterte por crímenes de lesa humanidad y varias comunicaciones adicionales.
Duterte anunció en marzo del año pasado su intención de abandonar ese tribunal, pocas semanas después de que la fiscal Fatou Bensouda iniciara un examen preliminar sobre las "ejecuciones extrajudiciales" a raíz de una demanda interpuesta en abril de 2017.
Esa primera demanda fue presentada por el abogado Jude Sabio en nombre de su representado Edgar Matobato, sicario arrepentido de los "escuadrones de la muerte de Davao", que confesó haber matado bajo las órdenes de Duterte en las dos décadas que este fue alcalde de esa ciudad para acabar con drogadictos, criminales y opositores.
Ver más: ¿Qué es la Corte Penal Internacional?
Esa querella estuvo seguida por comunicaciones suplementarias facilitadas por los legisladores de la oposición Antonio Trillanes y Gary Alejano, con pruebas sobre los abusos de la guerra contra las drogas, en la que han muerto unas 5.000 personas según la policía, aunque grupos civiles elevan la cifra a cerca de 20.000.
El pasado agosto, familiares de víctimas de la guerra sucia contra las drogas acusaron en La Haya de crímenes de lesa humanidad al mandatario filipino, al considerarlo "penalmente responsable" y "susceptible a cumplir condena" por asesinato y actos inhumanos cometidos en esa campaña.
Sobre la posibilidad de que la CPI abra una investigación contra él, Duterte ha insistido en que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Filipinas, ya que, si bien firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó el Congreso en 2011, el mandatario esgrime que ese último paso no es válido porque no figura en la Gaceta Oficial.
Filipinas será el segundo país que abandone el Estatuto de Roma después de que Burundi lo hiciera en 2017 por considerar ese tribunal "blanco y parcial", aunque eso no frenó que siguiera su curso el examen preliminar.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, retó a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenarlo a la horca, días antes de que el país abandone formalmente el Estatuto de Roma, constitutivo de ese tribunal de La Haya.
"Quizá algún día esos idiotas de la CPI decidan colgarme, en ese caso estaré contento de ir y colocar yo mismo la soga", señaló anoche el mandatario en un acto de campaña en la provincia de Isabela, en el norte de Filipinas.
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Filipinas hará efectiva su salida de la CPI el próximo domingo, 17 de marzo, un año después de notificarlo formalmente a la ONU, aunque hay dos demandas interpuestas contra Duterte por crímenes de lesa humanidad y varias comunicaciones adicionales.
Duterte anunció en marzo del año pasado su intención de abandonar ese tribunal, pocas semanas después de que la fiscal Fatou Bensouda iniciara un examen preliminar sobre las "ejecuciones extrajudiciales" a raíz de una demanda interpuesta en abril de 2017.
Esa primera demanda fue presentada por el abogado Jude Sabio en nombre de su representado Edgar Matobato, sicario arrepentido de los "escuadrones de la muerte de Davao", que confesó haber matado bajo las órdenes de Duterte en las dos décadas que este fue alcalde de esa ciudad para acabar con drogadictos, criminales y opositores.
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Esa querella estuvo seguida por comunicaciones suplementarias facilitadas por los legisladores de la oposición Antonio Trillanes y Gary Alejano, con pruebas sobre los abusos de la guerra contra las drogas, en la que han muerto unas 5.000 personas según la policía, aunque grupos civiles elevan la cifra a cerca de 20.000.
El pasado agosto, familiares de víctimas de la guerra sucia contra las drogas acusaron en La Haya de crímenes de lesa humanidad al mandatario filipino, al considerarlo "penalmente responsable" y "susceptible a cumplir condena" por asesinato y actos inhumanos cometidos en esa campaña.
Sobre la posibilidad de que la CPI abra una investigación contra él, Duterte ha insistido en que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Filipinas, ya que, si bien firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó el Congreso en 2011, el mandatario esgrime que ese último paso no es válido porque no figura en la Gaceta Oficial.
Filipinas será el segundo país que abandone el Estatuto de Roma después de que Burundi lo hiciera en 2017 por considerar ese tribunal "blanco y parcial", aunque eso no frenó que siguiera su curso el examen preliminar.