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Este miércoles, durante el intermedio de la Asamblea general de las Naciones Unidas, los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Canadá le solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que, según información recogida en los últimos años, se han cometido en Venezuela. El anuncio es inédito, pues desde la creación del Tribunal en 2002, nunca un Estado había pedido la intervención del organismo en otro país. Aunque este es solo un primer paso del proceso indagatorio, la solicitud colectiva le ha dado velocidad a la causa.
De querer abrir una investigación sobre Venezuela, la Corte Penal Internacional, en cabeza de la fiscal nigeriana Fatou Bensouda, debería solicitarle una autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, complejizando el proceso. Sin embargo, con la solicitud de los gobiernos mencionados, Bensouda ya no necesita el aval de la Sala y podría comenzar la investigación. En febrero, la fiscal ya había anunciado un examen preliminar a la crisis venezolana para averiguar si el gobierno de Nicolás Maduro había cometido violaciones a los derechos humanos. Con el apoyo de las seis naciones que emitieron la solicitud hoy, ese examen preliminar podría convertirse en la investigación formal del caso y así acelerar más el proceso. Le puede interesar: CPI anuncia exámenes preliminares por "presuntos crímenes" en Venezuela
“Para mí la denuncia es una forma de presionar. Es muy difícil que Venezuela permita una investigación seria y, además, el carácter subsidiario de la CPI requiere que se puede demostrar que las vías internas se han agotado. Lo veo complejo, pero es una forma adicional de presión, sin que eso indique que vaya a ser medianamente efectiva”, explica el profesor de la Universidad Externado, Rafael Piñeros.
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La razón del apoyo de estos países a una investigación es clara: todos se han visto afectados por el éxodo de venezolanos a la región. El último estado en sumarse a la solicitud fue Canadá. El primer ministro del país, Justin Trudeau, calificó de "catastrófica" la situación en el país y aseguró estar a favor de usar “todas las vías” para ayudar a los venezolanos. "El fracaso del liderazgo de Venezuela es una preocupación no sólo para nosotros, sino para líderes de la región, amigos de Venezuela y el mundo", señaló Trudeau preguntado en una conferencia de prensa en la ONU.
Con esto, los gobiernos le envían un ultimátum a la administración de Maduro. Tras concluir la investigación, la fiscal Bensouda puede emitir a través de la Sala de Cuestiones Preliminares una orden de captura contra Maduro y otros funcionarios del gobierno venezolano para juzgarlos en la Corte de La Haya. Esto no significa que sea el final de Maduro, pues hay un precedente revelador. El presidente de Sudán, Omar Al Bashir, quien cuenta con dos órdenes de detención en su contra emitidas por la CPI en 2009 y 2010, continúa gobernando su país. Esto indica que la investigación no deriva inmediatamente en derrocar el gobierno de Maduro, aunque es un golpe de opinión fuerte.
“Después de la denuncia, se solicita información, se verifica y posteriormente comenzarían las investigaciones. Al no ser un caso extremo, como el genocidio en Ruanda, no creo si quiera que se abra un proceso formal”, afirmó Piñeros. Le recomendamos: Colombia es un "vividor del sistema internacional", dice Venezuela en la ONU
¿Hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
En febrero de 2018, la Organización de los Estados Americanos publicó un informe en el que recogió más de 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde 2015 y más de 8000 ejecuciones extrajudiciales. El documento advirtió que había “fundamento suficiente” para considerar que el gobierno venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad.
Hoy, junto con la carta que pasaron los seis estados americanos, se anexaron dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales. Esos documentos pasarán ahora a revisión de la Corte. De tener éxito la investigación, se sentaría un precedente en la región para enfrentar futuras crisis humanitarias.