Prohíben la pena capital en Nuevo México, EE.UU.

El 17 de febrero de 2004, cuando Cameron Todd Willingham fue amarrado a una camilla en una sala de ejecución de Texas y recibió la muerte con una inyección letal, todos parecían convencidos de que este hombre, trece años atrás, había incendiado su propia casa en vísperas de Nochebuena, dejando morir adentro a sus tres hijas.

Willingham había perdido el trabajo, tenía problemas con el alcohol, debía dos meses de renta y era mantenido por su esposa. El día del incendio salió de la casa dejando a las niñas adentro. Quienes lo vieron aseguraron que no hizo todo lo posible por salvar a sus hijas y que sus gritos desesperados una vez afuera “no parecían genuinos”. La prueba reina, no obstante, consistía en una serie de dictámenes técnicos que aseguraban que el tipo de incendio que consumió la casa de Willingham no habría podido formarse espontáneamente.

Pocos meses después de la ejecución, sin embargo, un reportaje del periódico Chicago Tribune y un nuevo informe redactado por especialistas forenses señalaron que el fuego se habría podido producir espontáneamente. Pero de nada servía ya reabrir el caso.

“Independientemente de mi opinión personal frente a la pena de muerte, no confío en que el actual sistema de justicia decida  quién debe morir y quién debe vivir por sus crímenes”. Con estas palabras, el gobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson, firmó la semana pasada la ley que prohíbe la pena de muerte en su estado. Richardson aseguró que creía en la pena capital como un castigo justo para muchos crímenes, pero las evidencias científicas lo habían llevado a temerle a este castigo: “Hay gente inocente que ha sido enviada al callejón de la muerte en todo el país. Las pruebas de ADN lo demuestran”.

Tras la decisión de Richardson se encuentra el trabajo de coaliciones de abogados e investigadores, que durante años han venido recolectando las evidencias que demuestran los defectos del sistema judicial norteamericano. Según el trabajo de grupos como el Centro de Sentencias Erradas de la Universidad de  Northwestern, Illinois, y la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, al menos 130 personas han sido exoneradas de sus crímenes estando ad portas de su ejecución, y cuatro personas inocentes —entre ellas Cameron Todd Willingham— fueron ejecutadas en las últimas dos décadas.

El hispano Carlos de Luna fue ejecutado en 1989 por el asesinato de una cajera de una bomba de gasolina. Años después se conoció que el verdadero asesino habría sido un hispano de mismo nombre y apariencia: Carlos Hernández, quien murió en prisión de cirrosis y  confesó ser el autor del crimen.

Larry Griffin fue ejecutado por el asesinato de un distribuidor de drogas. El caso, tras el descubrimiento de un nuevo testigo, tuvo que ser reabierto diez años después de que Griffin recibiera la inyección letal. También murió por la inyección Rubén Cantú, cuyo juicio, como revelaría la unidad investigativa del diario Houston Chronicle, estuvo plagado de testigos engañosos.

“En los corredores de la muerte nunca hay nadie rico, por lo general son gente de color y en el 80% de los casos su víctima era blanca. Hay mucha iniquidad para defenderse”, asegura Gail Chassey, miembro de la Cámara de Representantes de Nuevo México que diseñó y promovió durante diez años la ley contra la pena capital.

Exonerados, activistas y familiares de personas asesinadas buscan que los 35 estados que aún avalan la pena de muerte la prohíban. “Los familiares están cansados de que se  le dé tanto protagonismo al asesino. Nadie recuerda hoy a la víctima, y el proceso es muy doloroso”, asegura Chassey.

Las víctimas son hoy las más interesadas en cambiar de castigo, y darle a los victimarios la cadena perpetua. “El otro proceso es muy largo, genera demasiado dolor”, asegura Dian Rust-tierney, directora ejecutiva de la Coalición Nacional contra la Pena de Muerte.

Al menos seis estados adelantan iniciativas que modifican la pena capital. El optimismo reina en estas organizaciones, envalentonadas por la decisión de Richardson. “Así no sea pública”, afirma Rust-tierney, “contamos con el rechazo de  una mayoría silenciosa”.