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Sergio Hernández fue asesinado a tiros a los 15 años en 2010 por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cuando jugaba con un grupo de amigos en suelo mexicano. Nueve años después de buscar exhaustivamente justicia, la familia del menor logró que el tribunal de mayor rango del país aceptara reabrir el caso y examinar la responsabilidad del funcionario norteamericano.
La situación de Hernández no es un caso aislado. De hecho, durante los últimos años se ha vuelto un fenómeno recurrente, pese al aumento de políticas adoptadas para evitar el uso de la fuerza en los cuerpos policiales. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de estos homicidios se ha resuelto, ni siquiera se ha sancionado a algún agente.
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En 2017, el alto tribunal rechazó pronunciarse sobre el caso de Hernández, pero jurisdicciones inferiores han dictado sentencias contradictorias desde entonces obligándolo a intervenir de nuevo. Por eso la Corte Suprema volverá a escuchar a finales de 2019 los argumentos de las partes implicadas en la muerte, ocurrida el 7 de junio de 2010.
Según su familia, el adolescente jugaba con tres amigos en el lecho seco del río Grande, que separa El Paso, en Estados Unidos, de Ciudad Juárez, en México. En algún momento habrían tocado la alambrada fronteriza y fue en ese momento que el agente estadounidense Jesus Mesa abrió fuego contra el grupo de chicos, matando a Sergio Hernández. El guardia fronterizo gozó de una inmunidad de facto, ya que los tribunales consideraron que la ley estadounidense no se podía aplicar para un mexicano muerto en su país.
Los padres del adolescente, apoyados por el Gobierno mexicano, lograron llevar el caso hasta la Corte Suprema en junio de 2017. Pero el alto tribunal se negó a tratar esa cuestión y remitió la denuncia a un tribunal de apelación de Nueva Orleans que confirmó la inmunidad del guardia fronterizo.
Situación recurrente
El debate judicial provocado por la muerte de Sergio Hernández coincide con un caso similar, el de José Rodríguez, un mexicano de 16 años abatido el 10 de octubre de 2012 en la ciudad mexicana de Nogales. Según los familiares de Rodríguez, el joven caminaba cerca de la frontera cuando el agente estadounidense Lonnie Swartz, apostado en Arizona, lo mató a tiros.(En contexto: Grupos privados buscan construir el muro fronterizo de Trump en EE.UU.)
La justicia estadounidense juzgó a Swartz por lo ocurrido, pero éste fue absuelto. La madre de la víctima presentó entonces una denuncia por lo civil en Estados Unidos, y un tribunal de apelación federal admitió su recurso. El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus prioridades, ha pedido a la Corte Suprema que rechace las denuncias de las familias.
"Imponer una responsabilidad penal a agentes que ejercen una función importante para la seguridad nacional podría comprometer su acción", argumentó el Ejecutivo. El Gobierno mexicano reclamó, por su parte, que los agentes estadounidenses puedan ser considerados "responsables" de sus actos, subrayando que habían matado "a decenas de personas en la frontera en los últimos años".
Cada vez que alguno de estos eventos ocurre, las organizaciones de defensoras de derechos humanos protestan por el trato que se les da a los oficiales. Por eso el año pasado Arturo Del Cueto, presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza, aseguró a Univisión: “En algunos casos después de ese tiempo el agente puede regresar al campo, pero si es un caso en el que le presentan cargos entonces lo dejan en labores administrativas”.
Cambios en el reglamento
Muchas veces uno de los problemas con los que se encuentran los jueces es la evaluación de la versión del funcionario. Y es que muchos dicen que tuvieron que disparar porque sintieron que su vida corría peligro porque les lanzaban objetos como piedras. Desde 2015, por ejemplo, se trató de regularizar los pasos a seguir cuando los guardias encuentren migrantes ilegales en la frontera.(Le puede interesar: ¿Un muro virtual para la frontera EEUU-México?)
R. Gil Kerlikowske, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del gobierno de Barack Obama, ordenó en su momento que antes que nada los funcionarios tenían que cubrirse y retroceder cuando les arrojaran piedras. Además, se debía buscar otras alternativas, utilizadas en otros estados del país, antes que abrir fuego contra las personas. Las medidas, sin embargo, no funcionaron. De hecho ese mismo año se presentaron otros dos casos similares que quedaron en impunidad total.
Tres años antes ya se había puesto en conocimiento de los medios los abusos por parte de los funcionarios de la guardia, cuando el Foro Ejecutivo de Investigación de la Policía, un grupo independiente de expertos, publicó un informe en el que aseguraba que había una falta de diligencia en la investigación de los homicidios. Además, señalaron que en numerosos informes quedaba expuesto que los disparos se dieron por frustración y no en defensa personal.