24 Jan 2020 - 2:00 a. m.

¿Qué pasa con las “chuzadas” en el resto del mundo?

El último escándalo de “chuzadas” en Colombia abrió el debate sobre los límites de los gobiernos en nuestras vidas. Las naciones que defienden las interceptaciones telefónicas aseguran que son una herramienta antiterrorista. Sin embargo, tienen un costo para la privacidad.

Nicolás Marín Navas / @nicolasmarinav

Las interceptaciones no solo ocurren en Colombia, sino en casi todos los países.  / Getty Images
Las interceptaciones no solo ocurren en Colombia, sino en casi todos los países. / Getty Images

El pasado martes se vivió un caldeado debate en el Parlamento de Armenia. Los legisladores armenios se encontraban en una complicada disyuntiva, pues debían decidir si aprobar o no un polémico proyecto de ley que permite a la Policía Nacional chuzar cualquier llamada sin pedir permiso al Servicio de Seguridad Nacional, como decía el protocolo previamente. El resultado fue aplastante: 97 votos a favor contra 20 de una frágil oposición que ve en esta medida una puerta a la represión de las libertades individuales del pueblo armenio.

El diputado Armén Jachatrián, uno de los promotores del proyecto de ley, se refirió a las “bondades de la tecnología” para defender la propuesta, y afirmó que la entrada en vigor de la medida ahorrará tiempo en las investigaciones al eludir pasos burocráticos que entorpecen “el trabajo de las autoridades”, según el político. Pero Armenia no es el único gobierno que está impulsando la legalización de las interceptaciones a ciudadanos.

Durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), el presidente Donald Trump pidió a Apple que empezara a colaborar más con las autoridades en materia antiterrorismo. “Apple debe ayudarnos. Tienen la llave para acceder a muchos criminales. Entiendo ambos lados del argumento, pero deberíamos empezar a encontrar a algunas de las personas malas, creo que es muy importante”, afirmó Trump. Esto a raíz de que el gigante tecnológico, según el fiscal general Bill Barr, no proporcionó “asistencia sustantiva” para desbloquear dos iPhones en la investigación del tiroteo del pasado diciembre en una base militar de Florida que dejó dos muertos.

El contexto global nos hace pensar en la privacidad, pues en un mundo en donde cada vez estallan más escándalos sobre irregularidades en los sistemas de vigilancia gubernamental y donde cada vez existen tecnologías más invasivas, las interceptaciones son un arma de doble filo que podría dejar heridas contundentes en cualquier tejido social. En México, España y Rusia se han descubierto redes de espionaje ilegal y también se han aprobado leyes para el almacenamiento de llamadas y datos de los ciudadanos por parte de las empresas de servicio telefónico o de internet.

Sin embargo, nuestro ejemplo inmediato es el colombiano. La revelación, el pasado 11 de enero, de que desde batallones del Ejército Nacional se estarían realizando interceptaciones ilegales a políticos, magistrados y periodistas, podría ser uno de los peores escándalos de la institución en años. Entre las herramientas utilizadas estarían unos equipos Stingray, los cuales interceptan las señales de telefonía celular a corta distancia, y un sistema informático llamado Hombre Invisible. Lo más grave es que este tipo de conductas no solo ocurren en Colombia, sino en casi todos los países y, con el desarrollo de la tecnología, cada vez habrá herramientas más desarrolladas para entrar fácilmente en nuestras vidas. Le puede interesar: El nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército

No es coincidencia que en un país como Estados Unidos, cuyo presupuesto en inteligencia es inmensamente mayor al colombiano, la mayoría de ciudadanos crea que el gobierno monitorea sus llamadas telefónicas y sus correos electrónicos. Así lo asegura un estudio del Pew Research Center publicado en 2017. “Solo el 13 % del público dice que no es probable que el gobierno esté monitoreando sus comunicaciones”, afirma el documento de la organización.

El caso de Edward Snowden es revelador, quien en 2013 suministró información al diario The Guardian, en la que aseguraba que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos tenía en sus archivos millones de llamadas de usuarios de Verizon monitoreadas sin ningún tipo de permiso. Pese a que los cimientos de la estructura de inteligencia del país se resquebrajaron, el tiempo pasó y lo que antes era una intervención de una llamada se convirtió en complejos sistemas de reconocimiento facial y softwares espía que se dedican a suministrar cantidades inimaginables de información de la ciudadanía al aparato estatal.

Este tipo de espionaje ha sido ampliamente documentado por la organización civil para la defensa de los derechos digitales Citizen Lab. En 2017 siguieron el caso del periodista mexicano Javier Valdez, quien fue asesinado el 15 de mayo de ese año, luego de una intensa lucha contra la corrupción y el crimen organizado desde su pequeño diario Río Doce, que se publicaba en el estado de Culiacán.

Días después, mensajes con remitente desconocido empezaron a llegarles a algunos de sus colegas y amigos prometiendo información sobre los responsables del delito; pero, en realidad, estos habrían sido enviados por el gobierno mexicano para infectar sus celulares con Pegassus, un software espía legal, creado por la empresa israelí NSO Group y comprado por el gobierno mexicano, que permite acceder a cualquier tipo de información.

Este es solo el comienzo de lo que se viene en materia de vigilancia. Hasta aquí no se han tenido en cuenta los sistemas de reconocimiento facial, los cuales ya operan en muchas ciudades del mundo y que diariamente recolectan innumerables datos de información ciudadana. Es el caso de Argentina, Chile y China, cuyo gobierno instaló en 2016 unos 176 millones de cámaras de vigilancia capaces de detectar y diferenciar rostros, bajo el programa Ojos de Lince, descrito por algunos como un sistema de vigilancia omnipresente. Vea también: Vivanco vendrá a Colombia a indagar sobre denuncias de chuzadas

La paradoja de los smartphones

La organización civil española Críptica, dedicada a la protección de los derechos digitales, cita en su libro “Resistencia digital” una de las contradicciones más evidentes de la telefonía móvil en materia de seguridad. Según el texto “por un lado, hay que concederle a la industria el mérito que supone haber conseguido desarrollar dispositivos móviles notablemente seguros; por otro observamos que en este proceso nos hemos ido desprendiendo gradualmente de la posibilidad de un uso anónimo, hasta casi desaparecer”. Le recomendamos: Un mundo de chuzadas 

¿Se debe permitir la intrusión del Estado de esta manera? El consultor mexicano José Ramón López Portillo afirmó a este diario que hay posibilidad de conciliar entre los que defienden un control del Estado en la información digital de los ciudadanos y los que buscan proteger su privacidad. “Pienso que sí debe haber una intromisión del Estado entre los dos extremos, en donde los datos digitales que uno permite que sean accesados se hagan públicos para uso de todos. También se debe limitar lo que puede hacer cada compañía sin el conocimiento de uno con esos datos”.

En definitiva, la mejor forma de evitar que nuestros datos caigan en manos de otro, según Críptica, es con la prevención. Críptica afirma que un criptógrafo honesto afirmaba hace poco que, en la actualidad, la seguridad informática consiste fundamentalmente en resistir ataques. Todavía no se sabe cómo prevenirlos en su totalidad”. Por lo tanto, la prevención es fundamental: cerrar cada sesión que se abra en algún dispositivo, tener una contraseña segura, utilizar VPN para ocultar la ubicación de los teléfonos y actualizar los softwares cada vez que sea posible.

La Escuela de Seguridad Digital de Colnodo proporciona una visión similar a la de la organización española. “Hay un gran vacío en estudiantes, en padres de familia. Hay que sensibilizar a las personas sobre estos riesgos que existen y cómo esos peligros pueden convertirse realmente en una amenaza importante para la seguridad personal o para la seguridad de la organización”, aseguró a este diario Ariel Barbosa, funcionario de la organización.

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