¿Qué significa el 16 de julio para Venezuela?

En Venezuela, el pasado 16 de Julio, se realizó la consulta popular organizada por la Asamblea Nacional (AN), que convocó a unos 7.600.000 ciudadanos de todos los estratos sociales a buscar, en el escenario de la conflictividad de calle que vivimos hace más de tres meses, una salida a la profunda crisis política, económica y social del país. ¿Sirvió de algo?

Antonio de Lisio
22 de julio de 2017 - 03:00 p. m.
EFE
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Ese día, de manera abrumadora, manifestamos nuestra decisión de rechazar la iniciativa constituyente del presidente Nicolás Maduro. Votamos porque su decisión no fue consultada previamente con el pueblo. Igualmente, le pedimos a la Fuerza Armada, el respeto a la AN y, por lo tanto, a la democracia. Por último, le dimos nuestro apoyo total a la AN en el uso de  sus atribuciones constitucionales  para renovar los poderes públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE), que debido a sus actuaciones parcializadas, se convierten más en parte de los  graves problemas que afrontamos que de las soluciones. Inclusive le dimos el mandato a la AN para convocar elecciones democráticas, universales y directas para la conformación de un gobierno de unidad que logre la reconstrucción nacional.

Esta jornada, que se organizó en menos de quince días y que se convierte en una referencia mundial en la lucha pacífica contra el autoritarismo, ha intentado ser atacada, desvirtuada y minimizada por el régimen venezolano. Así, desde el poder, empezaron negando el uso del término “consulta popular”, a pesar de que es una figura recogida  en  el artículo 70 de la Constitución, en el marco de la tradición plebiscitaria que en Occidente heredamos del Derecho Romano. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), censuró todo tipo de noticia y de propaganda sobre la consulta o plebiscito, prohibió que los medios radiales y televisivos bajo su regulación, cubrieran el evento y El CNE consideró que este no tenía ningún carácter legal ni vinculante. Además, organizó en paralelo, el mismo 16 de julio, un simulacro de votación para la cuestionada iniciativa constitucional presidencial, a realizarse el día 30 Julio.

Con ese paralelismo el  régimen pretendió ejercer su injerencia  clientelar, amenazando a diestra y siniestra a quienes participaran en la consulta o no acudieran al simulacro. Fue así como presionar a los más necesitados con la exclusión en el  programa de subsidio alimentario CLAP; a los empresarios con la supresión del sistema de otorgamiento preferencial de dólares, a los pensionados con eliminarles su pensión y a los empleados públicos con destituirlos. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos no pudo evitar el río de gente que se  movilizó y votó la consulta popular. 

No importó que solo se lograran instalar 14.303 mesas electorales sin el apoyo CNE, el 60% menos de las que normalmente se habilitan, además localizadas en sitios distintos a los acostumbrados para ir a votar. Las fotografías de la consulta contrastaron enormemente para el país y el mundo, con las del vacío y la soledad de los centros donde se realizaba el ostentoso simulacro CNE. Los medios de comunicación gubernamental intentaron falsear la realidad, pero los medios digitales independientes nacionales e internacionales, ayudado por el periodismo gráfico ciudadano, difundieron  como la gran noticia  venezolana del 16 de julio,  la participación masiva y  libérrima  de los ciudadanos y no la coerción que intentó un Estado cada vez más alejado de la democracia.

Indistintamente de  la localización de los centros de la consulta, de  los Puntos Soberanos donde los ciudadanos asistimos contra el miedo y  sin otro interés que el rescate de la democracia, se veía las largas filas de gente. Especialmente hay que destacar los ubicados en  los sectores populares, donde el gobierno ha pretendido comprar conciencias con el programa CLAP, pero ese día  la cola no era para la caja de comida, sino para manifestar su compromiso con el cambio del país. Demostraron que no se venden a pesar del hambre. (En Venezuela, de acuerdo a estadísticas especializadas y confiables, la población ha perdido siete kilos de peso en promedio entre el 2016 y 2017). Fue tal el plante frente a quienes se sienten dueños del poder, que el régimen tuvo que apelar a los paramilitares para tratar atemorizar en las barriadas donde viven los más humildes. Llegaron hasta el extremo del asesinato en Catia, en el oeste popular caraqueño, de la enfermera Scott cuando esperaba su turno para depositar su voto por Venezuela.

El éxito de la consulta popular fue tal que el 16 de julio, en horas vespertinas, el presidente Maduro hizo un llamado al diálogo. Aunque su palabra está devaluada entre los dirigentes opositores, quienes le recuerdan los incumplimientos de la revisión de las actas de su cuestionado triunfo presidencial en el 2013 y de los acuerdo de diálogo en 2014 y 2016, algunos lo interpretaron como un gesto de reconocimiento, que no han tenido otros voceros del régimen quienes han tratado de descalificar el plebiscito. Estos han argumentado, por ejemplo falta de rigurosidad, que contrariamente  la han reconocidos veedores nacionales e internacionales acreditados inclusive ante el CNE. Han llegado hasta decir que la cifra de votantes es falsa, poniendo en entredicho la honorabilidad de los rectores universitarios quienes sin tener ataduras políticas de ningún tipo, aceptaron ser garantes de la trasparencia de la consulta.

La verdad es que la  cúpula de poder no ha podido digerir que la cita del 16 de julio alcanzó  un  respaldo a favor de la Constitución. Fue un respaldo superior, en términos absolutos y relativos, al obtenido en las anteriores consultas constitucionales de 1999, 2007 y 2009. Saben que esta demostración popular pone en entredicho la manipulación que pretenden efectuar el  30 de Julio, con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, basada en una normativa inconstitucional, democráticamente  regresiva. El 16 de julio dejó  demostró que el régimen, a pesar de contar con la fuerza militar y paramilitar, CNE, TSJ, renta petrolera, entre otros, no tiene piso político para el fraude constitucional. Está acorralado, con reducidas opciones para perpetuarse. 

Por Antonio de Lisio

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