Además de los bombardeos con artillería pesada, el gobierno de Bashar al Assad ha utilizado otra forma de castigo contra la oposición en Siria: las demoliciones ilegales de miles de viviendas. Según un informe de Human Rights Wach (HRW), en los últimos dos años desaparecieron miles de viviendas en Damasco y en la provincia central de Hama.
A través de imágenes de satélite, testigos y documentos audiovisuales, HRW denuncia siete casos de derribos a gran escala con explosivos y excavadoras, que podrían ser "castigos intencionados contra la población civil o para causar un daño desproporcionado a los civiles", ya que no sirvieron a ningún propósito militar. De ser así, se trata de una técnica que supera cualquier marco del derecho de la guerra, porque afecta directamente a los civiles. Es otra forma de crimen de guerra que engrosa el inventario de acciones del gobierno: torturas, ejecuciones sumarias, uso de artillería pesada y armas químicas en contra de objetivos no militares.
Además, la demolición sistemática de hogares podría ser una de las causas principales por las que hoy existen alrededor de 2 millones de desplazados internos y otros dos millones de sirios refugiados en países vecinos.
El informe indica que entre julio de 2012 y julio de 2013, las autoridades demolieron una superficie de al menos 140 hectáreas, equivalente a 200 campos de fútbol, en los barrios de Al Masha, Al Arbin y Uadi al Yuz, en Hama; y en Qabun, Al Tadamun, Barze, Harran al Auamid y las inmediaciones del aeropuerto militar de Meze, en Damasco. Estas zonas, donde miles de familia perdieron sus hogares, son bastiones de la oposición.
Según HRW, los derribos fueron supervisados por las fuerzas militares y en algunas ocasiones se realizaron después de los enfrentamientos. “En Damasco, por ejemplo, las autoridades gubernamentales demolieron edificios de viviendas en los barrios Tadamoun y Qaboun inmediatamente después de que fuerzas gubernamentales hicieron retroceder la ofensiva militar de la oposición en la capital a mediados de julio de 2012. Dos barrios de Hama que las fuerzas gubernamentales destruyeron en septiembre-octubre de 2012 y abril-mayo de 2013, habrían sido utilizados por los combatientes de la oposición para entrar y salir de la ciudad”, dice el informe.
Es curioso que en las zonas progubernamentales no se registren este tipo de demoliciones.
Los testimonios obtenidos por HRW son contundentes: Una mujer, residente cerca de Uadi al Yuz, uno de los distritos afectados, dijo que tras las demoliciones las Fuerzas Armadas llegaron al barrio y advirtieron a la población con altavoces que destruirían el lugar como habían hecho con otras áreas si una sola bala se disparaba desde allí. Varios dueños de casas destruidas señalaron que sus viviendas disponían de todos los permisos y documentos exigidos por las autoridades. Además, se quejaron de que las fuerzas del régimen no les avisaron sobre las medidas que iban a tomar, por lo que les fue imposible llevarse sus pertenencias. Tampoco han recibido ningún tipo de indemnización.
Las autoridades sirias, con tan poca credibilidad internacionalmente, argumentan que las demoliciones son parte de proyectos de planificación urbana o de medidas para acabar con las construcciones ilegales. En todo caso, en 2012 el gobernador de la periferia de Damasco, Husein Majluf, había reconocido que las demoliciones eran esenciales para expulsar a los combatientes de la oposición.
Ante esto, el investigador de Emergencias de HRW, Ole Solvang, respondió que "nadie debería dejarse engañar por las afirmaciones del Gobierno de que está llevando a cabo una plan de urbanismo en medio de un conflicto sangriento. Esto ha sido un castigo colectivo contra comunidades sospechosas de respaldar la rebelión".
Por El Espectador
