Para millones de personas en todo el mundo quedarse en casa para evitar el contagio del COVID-19 no es una opción. El coronavirus no ha distinguido fronteras ni clases sociales, contagiando a millones en todos los continentes, pero es a los pobres a quienes ha golpeado con mayor intensidad.
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No es solo una cuestión de salud. Los trabajadores informales, sin ahorros, que viven del diario, saben que quedarse en casa puede ser su propia condena. Salir a trabajar o no comer es una ecuación sencilla que resuelven optando por la primera, algo que para los gobiernos hace imposible doblegar la curva de contagios, sobre todo en los países en vías de desarrollo.
¿Cómo podrían los países evitar que la gente salga a las calles y se contagie, pero al tiempo garantizarles que en casa no pasarán necesidades? El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) tiene una idea: una renta básica temporal para aquellas personas en condición de pobreza —o en riesgo de caer en ella— mientras dure la pandemia. Un ingreso básico para casi 3.000 millones de personas, casi un 40 % de la población mundial.
“Los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes”, dijo Achim Steiner, cabeza del PNUD, al presentar el informe “Ingreso básico temporal: protección de personas pobres y vulnerables en países en desarrollo”.
El PNUD propone que los países en desarrollo, en concreto 132 naciones con ingresos medios y bajos, piensen en un ingreso básico para aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad. El organismo calcula que esto tendría unos costos globales de unos US$199.000 millones. Una cantidad abultada, pero que considera posible, tomando como ejemplo programas como el aprovado en España el pasado junio.
“Un ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un salvavidas financiero, inyectar dinero en las economías locales para ayudar a sobrevivir a los pequeños negocios y ralentizar la devastadora expansión de la COVID-19”, apunta Steiner.
Entre las formas de pagar esa cantidad, el PNUD plantea la posibilidad de que los países usen los fondos que este añoiban a destinar al pago de sus deudas. El G20 acordó, con motivo de la pandemia, una moratoria para los países más pobres, mientras que la ONU insiste en la necesidad de extenderla a más países en vía de desarrollo. También propone, por ejemplo, la reutilización de los subsidios a los combustibles fósiles o los gastos militares.
Debate que ha ganado adeptos
La discusión sobre la renta básica universal se ha intensificado por cuenta de la pandemia, pero no es un concepto nuevo, como lo explica el profesor Daniel Raventós Pañella, de la Universidad de Barcelona, miembro del grupo de investigación de la Red Renta Básica. “Si bien la renta básica ya en 2018 y 2019 se había expandido mucho en cuanto a conocimiento, con la pandemia algunos han entendido que ante una situación extraordinaria se precisaban medidas extraordinarias”, explicó Raventós a El Espectador.
La pandemia ha obligado a algunos países a pensar en programas de subsidios y ayudas para la gente más vulnerable. De hecho, la propuesta del PNUD se justifica en que ya varios gobiernos han optado por acciones en esta línea, entre ellos Estados ricos como España, que aprobó en junio un ingreso mínimo vital que beneficia a cientos de miles de familias, y otros con menos recursos como Togo, en África, que ha puesto en marcha un programa de ayudas para un 12 % de su población.
En cuanto a América Latina, a la fecha, de acuerdo con la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares; es decir, alrededor del 58 % de la población de América Latina.
Pero esto, sin embargo, para quienes defienden la idea de la renta básica no es suficiente. Daniel Raventós aclara que estos programas de transferencias “excepcionales” y el concepto de la renta básica universal no son lo mismo y por ello se deben analizar de manera diferenciada. “Todos los subsidios condicionados más o menos generosos que se conocen en varios países europeos y de otros continentes no son una renta básica.La renta básica no tiene mayor secreto: es un ingreso monetario público incondicional y universal Estamos hablando de una asignación monetaria”, explica Raventós.
¿Es posibleen Latinoamérica?
Antes de que el PNUD hiciera su propuesta sobre una renta básica de emergencia, ya la CEPAL había sugerido a los países latinoamericanos que pusieran en marcha un modelo de ingreso básico de emergencia para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Según este organismo, se espera que la pobreza en la región aumente 4,4% respecto al 2019, es decir, unos 28,7 millones de nuevos pobres.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar, que hoy nos están resultando muy caros”, destacó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
En Colombia, por ejemplo, y motivados por las alarmantes cifras de desempleo (19,1 % de acuerdo con el DANE), disparadas por la cuarentena y las medidas de aislamiento, un grupo de más de cincuenta congresistaspresentó una propuesta para impulsar una renta básica de emergencia, que recibirían 31 millones de colombianos.
“En los temas de la supervivencia de la población, la vida digna y el hambre pasan a ser prioridad del Estado. Se tienen que volcar todos sus recursos y capacidad de endeudamiento para atender las necesidades básicas de la población”, explica Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde y principal impulsador de esta propuesta.
La respuesta del Gobierno colombiano es que, en este momento, el país no está en condiciones de financiar una propuesta de este tipo. Pero Marulanda y académicos como Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, creen que, aunque es difícil, la creación de una renta básica universal en el país es posible y ayudaría a crear una Colombia más justa.
“Los programas existentes de transferencias monetarias del Gobierno (Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y el programa de devolución del IVA, creado por la reforma tributaria) tienen un mal diseño, por lo que pensar en un modelo que pueda unificarlos puede ser una buena opción”, cuenta a El Espectador Reyes, quien considera que un único subsidio, que les dé total libertad de inversión a los beneficiarios, puede ser mucho más beneficioso.
La pregunta que se hacen muchos es qué pasaría con estas transferencias una vez termine la emergencia por el coronavirus. La CEPAL, por ejemplo, propone que el alcance de esas transferencias debe trascender la pandemia y ser permanente, yendo más allá de las personas en situación de pobreza o vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal.
No obstante, una preocupación legítima de quienes se oponen a este tipo de medidas es que las personas que la reciben dependan del Estado o no tengan estímulos suficientes para buscar empleo. Frente a esto, expertos aseguran que experimentos como el de Finlandia, en 2017, demostraron que un programa de renta básica no hizo que la gente trabajara menos o que viviera de “la teta del Estado”, como se dice coloquialmente.
“Nos tenemos que sacar de la cabeza que a la gente no le gusta esforzarse. El famoso mantra liberal del ‘querer es poder’ no es real”, cuenta el investigador David Cassasas, de la Universidad de Barcelona, miembro de la Basic Income Earth Network, en entrevista con este diario.
“La renta básica hay que mirarla como una palanca de activación de muchas formas de trabajo que a mucha gente le gustaría llevar a cabo y no puede, porque está atada a circunstancias difíciles”, concluye el experto.
