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El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, compareció este viernes en su primera audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, acusado por presuntos crímenes contra la humanidad en su guerra contra el narcotráfico.
El exmandatario de 79 años, que esta semana fue detenido y enviado a Países Bajos, apareció por videoconferencia en una breve audiencia, en la que se le informó de los crímenes que se le imputan y de sus derechos como acusado.
De aspecto frágil y vestido con traje y corbata azules, habló brevemente para confirmar su nombre y fecha de nacimiento. El presidente del tribunal le permitió seguir la audiencia a distancia debido a su largo vuelo a La Haya.
Duterte es acusado por la CPI de “crimen contra la humanidad” en su represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieran relacionados con el narcotráfico.
Su abogado, Salvador Medialdea, declaró ante la corte que su cliente fue “secuestrado de su país”. En un pronunciamiento añadió: “Fue trasladado sumariamente a La Haya. Para los abogados, se trata de una extradición extrajudicial. Para las mentes menos jurídicas, es un secuestro puro y simple”. El letrado añadió que Duterte sufre “problemas médicos debilitantes” y que, “aparte de identificarse, no está en condiciones de contribuir a esta audiencia”.
En medio de ella, el hombre que dirigió Filipinas entre 2016 y 2022 parecía dormir en algunos momentos. La corte le recordó que el médico del tribunal opina que “es plenamente consciente y apto mentalmente”. La jueza fijó el 22 de septiembre como fecha para la siguiente fase del proceso, una vista en la que se confirmarán los cargos.
Reacciones a la detención de Duterte
En su orden de arresto, la CPI afirmó que existen “motivos razonables para creer” que al menos 19 personas fueron asesinadas en esa localidad por miembros del “Escuadrón de la muerte de Davao”, dirigido por Duterte. Además, al menos 24 personas fueron abatidas por la Policía filipina en distintos lugares, según la orden de arresto.
Las familias de las víctimas esperan obtener justicia, mientras que los partidarios del expresidente creen que es víctima de las luchas internas en la cúpula del Estado y de las desavenencias entre la familia Duterte y la del presidente Marcos.
A primera hora del viernes, Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, declaró a la AFP que había presentado una solicitud de última hora para que se trasladara la vista.
Más tarde reveló que había visitado a su padre durante una hora en el centro de detención y que estaba “de buen humor, bien cuidado” y “descansado”, siendo su principal queja la comida.
Según expertos en derecho internacional, este caso, muy mediático, llega en un momento crucial para la CPI, que es objeto de críticas e incluso de sanciones por parte de Estados Unidos.
Partidarios del expresidente se congregaron frente al tribunal en La Haya al grito de “¡llévenlo de vuelta a casa!”. El miércoles, al ser entregado a la CPI, Duterte afirmó que asumía su responsabilidad. “Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al Ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad”, declaró en un video compartido en redes sociales.
Para el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, el arresto de Duterte es un “paso muy importante” en la búsqueda de justicia “de miles de víctimas de asesinatos”. Aun así, el expresidente sigue siendo muy popular y presentó su candidatura a la alcaldía de Davao para las elecciones de mayo.
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