Rodrigo Duterte: un mes en la presidencia filipina, 800 muertos y la promesa de que morirán 100.000 más

Desde la victoria del presidente más popular en la historia filipina, 800 personas han sido asesinadas. Aparecen en las carreteras, en plena avenida, en los andenes, la boca prensada con cinta y las manos atadas al modo castrense. Aparecen con los ojos vendados, el cuerpo derruido y la sangre tibia. Para fines de identificación rápida, aparecen rotulados: distribuidor, consumidor, ladrón. Los matan en grupos, uno por uno, a quemarropa y a la manera dictatorial: juicio breve y fusilamiento. Los matan los policías, los forajidos sin autoridad moral pero con arma al cinto, los matan los militares. Los matan por drogadictos, por vender drogas, por quizá venderlas, por quizá ser drogadictos. El presidente Rodrigo Duterte, elegido en mayo por 15 millones de votos, se declara en franca rebelión contra las drogas.

—Si conocen a algún adicto, mátenlos ustedes mismos puesto que sería muy doloroso si lo hicieran sus propios padres.

Con esas palabras juró ser presidente.

Duterte lleva un mes en la presidencia y, según cifras de organizaciones internacionales, en el país son asesinadas 10 personas al día bajo el argumento de que pertenecen a la cadena de tráfico de estupefacientes. Pueden ser consumidores, pueden ser distribuidores. Pueden no serlo. Los asesinatos extrajudiciales, ejecutados por grupos que siguieron el consejo de Duterte o por la Policía, se multiplican. “Odio matar a seres humanos (…). Pero tengo que hacer algo con el crimen y las drogas”, dijo Duterte esta semana.

“Cuerpos amarrados con cintas sugieren que grupos paramilitares están tomando en serio la salvaje promesa de Duterte de erradicar el crimen —escribe Tom Smith en The Guardian—. Pero la verdad sobre la culpabilidad de los muertos nunca será probada y apenas si es cuestionada. La incitación de Duterte ha creado rápidamente un monstruo, desatando una criminalidad asesina”. La senadora filipina Leila de Lima criticó el discurso de Duterte y dijo: “No podemos librar la guerra contra las drogas con sangre. Sólo estaremos cambiando una adicción por otra más malévola. Es un impulso para más asesinatos”.

Políticos y activistas denuncian que las regiones más pobres del país se están convirtiendo en “zonas de tiro libre”, donde cualquiera puede asesinar a cualquiera sin que exista causa ni investigación. De ese modo, según denuncias de Human Rights Watch (HRW), la guerra contra las drogas es una tapadera para crímenes que deberían ser juzgados. “Las agencias internacionales de control de drogas deben dejar claro que el incremento de los asesinatos de supuestos vendedores de droga y de consumidores no es un aceptable ‘control del crimen’, sino una falla del Gobierno para proteger los derechos fundamentales”, señaló la organización en una carta.

HRW agrega que numerosos asesinatos han sido cometidos por la policía bajo el argumento de la defensa propia. Sin embargo, en buena parte de ellos nunca fue probada. Rowena Tiamson, una joven de 22 años, apareció asesinada: las autoridades aceptaron que no estaba en ninguna lista de buscados —o lista de asesinatos, como ellos las llaman—, pero tampoco investigaron. Para Duterte, los asesinatos son una muestra del “éxito” de su campaña y pidió a la Policía que “aprovechara el momento”. En sus tiempos de campaña, decía que 100.000 personas serían asesinadas durante su Gobierno y que los peces de la bahía de Manila iban a engordar de tanto alimento.

Duterte ofrece recompensas por los cuerpos de los vendedores de drogas, entrega dinero por matar a un consumidor y reintroduce la pena de muerte por ahorcamiento. El gobierno de Estados Unidos, uno de sus más cercanos aliados, se refirió a las ejecuciones extrajudiciales a través de su Departamento de Estado. “Estamos preocupados por las detenciones —dijo la portavoz Elizabeth Trudeau—, así como por el asesinato extrajudicial de individuos sospechosos de estar involucrados en actividades de narcotráfico en Filipinas”.  En Manila, el 27 de julio, esa misma oficina había dicho que “los derechos civiles y humanos deben protegerse”. No se anunciaron medidas ni sanciones. Estados Unidos tiene en Filipinas al principal aliado para detener el avance de China, mientras muchas de sus bases militares son reabiertas en el país.

Duterte tampoco parece interesado en la opinión que tengan los organismos internacionales de todo cuanto ejecuta en su país. “Que se joda Naciones Unidas, que no fueron capaces de resolver la carnicería en Oriente Medio (…), que no levantaron ni un dedo ante la masacre de negros en África. Cállense todos”. Desde julio han sido detenidos 26.270 traficantes y drogadictos. Como si se tratara de una profecía que debe ser cumplida a cabalidad, Óscar Albayalde, director en funciones de la Oficina de la Policía Nacional, dijo: “Manila va a ser el escaparate del cambio que el presidente ha prometido a los filipinos y nosotros vamos a ser el instrumento”.

Desde la victoria del presidente más popular en la historia filipina, 800 personas han sido asesinadas. Aparecen en las carreteras, en plena avenida, en los andenes, la boca prensada con cinta y las manos atadas al modo castrense. Aparecen con los ojos vendados, el cuerpo derruido y la sangre tibia. Para fines de identificación rápida, aparecen rotulados: distribuidor, consumidor, ladrón. Los matan en grupos, uno por uno, a quemarropa y a la manera dictatorial: juicio breve y fusilamiento. Los matan los policías, los forajidos sin autoridad moral pero con arma al cinto, los matan los militares. Los matan por drogadictos, por vender drogas, por quizá venderlas, por quizá ser drogadictos. El presidente Rodrigo Duterte, elegido en mayo por 15 millones de votos, se declara en franca rebelión contra las drogas.

—Si conocen a algún adicto, mátenlos ustedes mismos puesto que sería muy doloroso si lo hicieran sus propios padres.

Con esas palabras juró ser presidente.

Duterte lleva un mes en la presidencia y, según cifras de organizaciones internacionales, en el país son asesinadas 10 personas al día bajo el argumento de que pertenecen a la cadena de tráfico de estupefacientes. Pueden ser consumidores, pueden ser distribuidores. Pueden no serlo. Los asesinatos extrajudiciales, ejecutados por grupos que siguieron el consejo de Duterte o por la Policía, se multiplican. “Odio matar a seres humanos (…). Pero tengo que hacer algo con el crimen y las drogas”, dijo Duterte esta semana.

“Cuerpos amarrados con cintas sugieren que grupos paramilitares están tomando en serio la salvaje promesa de Duterte de erradicar el crimen —escribe Tom Smith en The Guardian—. Pero la verdad sobre la culpabilidad de los muertos nunca será probada y apenas si es cuestionada. La incitación de Duterte ha creado rápidamente un monstruo, desatando una criminalidad asesina”. La senadora filipina Leila de Lima criticó el discurso de Duterte y dijo: “No podemos librar la guerra contra las drogas con sangre. Sólo estaremos cambiando una adicción por otra más malévola. Es un impulso para más asesinatos”.

Políticos y activistas denuncian que las regiones más pobres del país se están convirtiendo en “zonas de tiro libre”, donde cualquiera puede asesinar a cualquiera sin que exista causa ni investigación. De ese modo, según denuncias de Human Rights Watch (HRW), la guerra contra las drogas es una tapadera para crímenes que deberían ser juzgados. “Las agencias internacionales de control de drogas deben dejar claro que el incremento de los asesinatos de supuestos vendedores de droga y de consumidores no es un aceptable ‘control del crimen’, sino una falla del Gobierno para proteger los derechos fundamentales”, señaló la organización en una carta.

HRW agrega que numerosos asesinatos han sido cometidos por la policía bajo el argumento de la defensa propia. Sin embargo, en buena parte de ellos nunca fue probada. Rowena Tiamson, una joven de 22 años, apareció asesinada: las autoridades aceptaron que no estaba en ninguna lista de buscados —o lista de asesinatos, como ellos las llaman—, pero tampoco investigaron. Para Duterte, los asesinatos son una muestra del “éxito” de su campaña y pidió a la Policía que “aprovechara el momento”. En sus tiempos de campaña, decía que 100.000 personas serían asesinadas durante su Gobierno y que los peces de la bahía de Manila iban a engordar de tanto alimento.

Duterte ofrece recompensas por los cuerpos de los vendedores de drogas, entrega dinero por matar a un consumidor y reintroduce la pena de muerte por ahorcamiento. El gobierno de Estados Unidos, uno de sus más cercanos aliados, se refirió a las ejecuciones extrajudiciales a través de su Departamento de Estado. “Estamos preocupados por las detenciones —dijo la portavoz Elizabeth Trudeau—, así como por el asesinato extrajudicial de individuos sospechosos de estar involucrados en actividades de narcotráfico en Filipinas”.  En Manila, el 27 de julio, esa misma oficina había dicho que “los derechos civiles y humanos deben protegerse”. No se anunciaron medidas ni sanciones. Estados Unidos tiene en Filipinas al principal aliado para detener el avance de China, mientras muchas de sus bases militares son reabiertas en el país.

Duterte tampoco parece interesado en la opinión que tengan los organismos internacionales de todo cuanto ejecuta en su país. “Que se joda Naciones Unidas, que no fueron capaces de resolver la carnicería en Oriente Medio (…), que no levantaron ni un dedo ante la masacre de negros en África. Cállense todos”. Desde julio han sido detenidos 26.270 traficantes y drogadictos. Como si se tratara de una profecía que debe ser cumplida a cabalidad, Óscar Albayalde, director en funciones de la Oficina de la Policía Nacional, dijo: “Manila va a ser el escaparate del cambio que el presidente ha prometido a los filipinos y nosotros vamos a ser el instrumento”.