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La condena a la nueva ley israelí que permite la pena de muerte a palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo mereció este martes una amplia condena internacional, salvo por parte de EE.UU., cuyo gobierno defendió el derecho soberano de Israel a aprobar esa reforma legal.
La ONU, La Unión Europea (UE), la Liga Árabe, el Consejo de Europa, el Vaticano, varios países europeos y asociaciones de defensa de los derechos humanos rechazaron la medida aprobada por el Parlamento israelí, que solo encontró apoyo y comprensión en la administración estadounidense.
Rechazo de la UE y países europeos
La UE expresó su preocupación por la nueva ley: “La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”, indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni en rueda de prensa.
El Anouni destacó que diferentes voces en Israel se alzaron contra la ley y que se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, pero también constató que existe “una clara tendencia negativa en lo que respecta a la obligación de Israel de respetar los derechos humanos”.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia también rechazaron la medida, criticada asimismo por la ONU y el Consejo de Europa.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió ayer lunes no callar ante esta nueva ley en un mensaje en la red social X: “Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el ‘apartheid’. El mundo no puede callar”, afirmó.
En Alemania, el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius, recordó que el rechazo a la pena de muerte es un principio fundamental de la política alemana y aseguró que el Ejecutivo observa “con gran preocupación” la ley aprobada la víspera.
La máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, lamentó este martes que esta reforma legal cambia “la idea de Estado que existe en Israel”.
Reacciones regionales y recursos legales
Cinco asociaciones israelíes -entre ellas Adalah, HaMoked y Médicos por los Derechos Humanos Israel- recurrieron la ley ante el Tribunal Supremo al considerar que constituye una “ejecución con base explícitamente racista” y vulnera el derecho a la vida.
Por su parte, la Presidencia palestina calificó la ley como un “crimen de guerra” y una violación del derecho internacional humanitario.
El Gobierno palestino pidió sanciones contra Israel y una acción urgente árabe, islámica e internacional para revocar la decisión.
Los 22 países miembros de la Liga Árabe coordinarán el jueves en una reunión extraordinaria en El Cairo una respuesta unificada a la aprobación por parte del Parlamento de Israel de esta ley, que describieron como “racista” y “crimen de guerra”.
Una ley “horrible” para ONG
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que, en la práctica, la ley se aplicará solo a los ciudadanos palestinos y no a los judío-israelíes.
La ONG Oxfam denunció la aprobación de la ley y la calificó como “simplemente horrible” e instó a los gobiernos a utilizar “todas las herramientas políticas y económicas a su alcance” para presionar al gobierno israelí a dar “marcha atrás en su decisión”.
El apoyo de Estados Unidos
Por su parte, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el derecho de Israel de imponer la pena de muerte a los palestinos de Cisjordania ocupada que considere que son terroristas.
“Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo”, declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU, país que también aplica la pena de muerte.
“Confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo y respetando todas las garantías y protecciones procesales aplicables”, agregó.
La aprobación de la nueva ley
El Parlamento israelí (Knéset) aprobó ayer lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato con motivos terroristas.
La medida fue respaldada por 62 votos a favor y 48 en contra y contó con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de la mayoría de su coalición.
El texto obliga -salvo excepciones no definidas- a imponer la pena capital a palestinos residentes en Cisjordania ocupada.
En cambio, para los ciudadanos israelíes juzgados por tribunales penales ordinarios, la norma permite optar por la cadena perpetua y añade condiciones adicionales que dificultan la aplicación de la pena de muerte.
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