Se sigue pidiendo justicia por asesinato de Berta Cáceres

La ambientalista Berta Cáceres murió a tiros el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza (Honduras). Alrededor del caso hay una serie de irregularidades que, tres años después de su asesinato, siguen sin esclarecerse. El crimen se suma al de cientos de líderes sociales y ambientales, como Isidro Baldenegro, en México, y Edwin Chota, en el Perú, que padecieron el mismo destino en una de las regiones del mundo que menos tolera la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

Esta semana, ONG de todo el mundo clamaron nuevamente por que se haga justicia en el caso de Cáceres. “El sistema de justicia hondureño aún tiene la responsabilidad de continuar una investigación exhaustiva. Se debe identificar a todos los responsables de este crimen, no solo a los directamente involucrados, y garantizar que no quede impune”, aseguró la directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara-Rosas.

(Le puede interesar: “Se ocultó información de autores intelectuales del asesinato": Hija de Berta Cáceres)

Cáceres, quien era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había hecho campaña enérgicamente durante años contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque, que amenaza a la comunidad indígena lenca. La madre de la activista, Austra Berta, denunció que las autoridades de Honduras las han excluido a ella y a su familia del proceso legal para esclarecer la muerte de su hija: “Se nos sigue negando la información, pero seguiremos batallando, haciendo movilizaciones y denunciando públicamente la impunidad que prevalece”.

El 30 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a siete personas por el crimen, incluyendo un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que amenazó a la ambientalista. No obstante, su madre insistió: “Todavía no se han dictado los años de sentencia para cada uno de los gatilleros y los autores intelectuales están completamente en la impunidad”.

El año pasado, Laura Zúñiga, hija de Cáceres, aseguró a Amnistía Internacional: “Ella era un símbolo dentro de nuestra comunidad. Con su asesinato quisieron sembrar el miedo y la desunión entre nosotros. Pero la construcción en colectivo es lo único que nos puede ayudar a ganar y eso lo aprendimos bien de mi madre. Ellos tendrán las armas y el poder, querrán burlar la justicia, comprar la impunidad, pero nosotros tenemos la verdad. Somos un pueblo valiente”.

La figura de la líder se convirtió en un símbolo nacional. Por eso diferentes organizaciones le han rendido homenaje. En Madrid, varias decenas de personas se concentraron hoy ante la Embajada de Honduras, convocadas por el Copinh. En el acto participaron unas veinte organizaciones sociales, de derechos humanos y ecologistas españolas e internacionales, entre ellas AI y Greenpeace.

Además, las autoridades del municipio de Cantarranas, cercano a Tegucigalpa, mandaron a pintar grafitis en las paredes de una de las casas coloniales del pueblo de 6.000 habitantes que se extiende al pie de una imponente montaña verde. “Los ojos pintados en unas gradas que bajan por una ladera hacia el centro de la comunidad simbolizan la protección de la naturaleza que emprendió Berta”, dijo a la AFP el vicealcalde del municipio, Marco Guzmán.

(Ver más: Piden cadena perpetua para los asesinos de Berta Cáceres)

La muerte de Cáceres no es el único crimen del país y mucho menos de la región. De hecho, se ha convertido en un problema sistemático. En Colombia, a finales de enero de este año, ya eran 11 los líderes sociales asesinados y en 2018 la cifra de homicidios fue de 226, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

A finales del año pasado, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), aseguró a Sputnik: “En América Latina está la mayor parte de defensoras y defensores de DD. HH. que han sido asesinados en el mundo en los últimos años. En 2017, alrededor de dos tercios de los defensores que fueron asesinados en el mundo eran de esta región y esas cifras, alrededor de 300 personas hace dos años, ahora son mayores. Para este año (2018) solo con Nicaragua y Colombia tenemos más de 400 personas asesinadas”.

La organización ambientalista Global Witness, además de asegurar que Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente, denunció que en 2017 fueron asesinados en la región 124 de los 207 líderes que se registraron a nivel mundial. Los más grave es que la cifra va en aumento. En 2015 fueron 185 asesinatos y 200 en 2016.

La ambientalista Berta Cáceres murió a tiros el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza (Honduras). Alrededor del caso hay una serie de irregularidades que, tres años después de su asesinato, siguen sin esclarecerse. El crimen se suma al de cientos de líderes sociales y ambientales, como Isidro Baldenegro, en México, y Edwin Chota, en el Perú, que padecieron el mismo destino en una de las regiones del mundo que menos tolera la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

Esta semana, ONG de todo el mundo clamaron nuevamente por que se haga justicia en el caso de Cáceres. “El sistema de justicia hondureño aún tiene la responsabilidad de continuar una investigación exhaustiva. Se debe identificar a todos los responsables de este crimen, no solo a los directamente involucrados, y garantizar que no quede impune”, aseguró la directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara-Rosas.

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Cáceres, quien era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había hecho campaña enérgicamente durante años contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque, que amenaza a la comunidad indígena lenca. La madre de la activista, Austra Berta, denunció que las autoridades de Honduras las han excluido a ella y a su familia del proceso legal para esclarecer la muerte de su hija: “Se nos sigue negando la información, pero seguiremos batallando, haciendo movilizaciones y denunciando públicamente la impunidad que prevalece”.

El 30 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a siete personas por el crimen, incluyendo un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que amenazó a la ambientalista. No obstante, su madre insistió: “Todavía no se han dictado los años de sentencia para cada uno de los gatilleros y los autores intelectuales están completamente en la impunidad”.

El año pasado, Laura Zúñiga, hija de Cáceres, aseguró a Amnistía Internacional: “Ella era un símbolo dentro de nuestra comunidad. Con su asesinato quisieron sembrar el miedo y la desunión entre nosotros. Pero la construcción en colectivo es lo único que nos puede ayudar a ganar y eso lo aprendimos bien de mi madre. Ellos tendrán las armas y el poder, querrán burlar la justicia, comprar la impunidad, pero nosotros tenemos la verdad. Somos un pueblo valiente”.

La figura de la líder se convirtió en un símbolo nacional. Por eso diferentes organizaciones le han rendido homenaje. En Madrid, varias decenas de personas se concentraron hoy ante la Embajada de Honduras, convocadas por el Copinh. En el acto participaron unas veinte organizaciones sociales, de derechos humanos y ecologistas españolas e internacionales, entre ellas AI y Greenpeace.

Además, las autoridades del municipio de Cantarranas, cercano a Tegucigalpa, mandaron a pintar grafitis en las paredes de una de las casas coloniales del pueblo de 6.000 habitantes que se extiende al pie de una imponente montaña verde. “Los ojos pintados en unas gradas que bajan por una ladera hacia el centro de la comunidad simbolizan la protección de la naturaleza que emprendió Berta”, dijo a la AFP el vicealcalde del municipio, Marco Guzmán.

(Ver más: Piden cadena perpetua para los asesinos de Berta Cáceres)

La muerte de Cáceres no es el único crimen del país y mucho menos de la región. De hecho, se ha convertido en un problema sistemático. En Colombia, a finales de enero de este año, ya eran 11 los líderes sociales asesinados y en 2018 la cifra de homicidios fue de 226, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

A finales del año pasado, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), aseguró a Sputnik: “En América Latina está la mayor parte de defensoras y defensores de DD. HH. que han sido asesinados en el mundo en los últimos años. En 2017, alrededor de dos tercios de los defensores que fueron asesinados en el mundo eran de esta región y esas cifras, alrededor de 300 personas hace dos años, ahora son mayores. Para este año (2018) solo con Nicaragua y Colombia tenemos más de 400 personas asesinadas”.

La organización ambientalista Global Witness, además de asegurar que Honduras es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente, denunció que en 2017 fueron asesinados en la región 124 de los 207 líderes que se registraron a nivel mundial. Los más grave es que la cifra va en aumento. En 2015 fueron 185 asesinatos y 200 en 2016.