Seguridad en América Latina, un reto para el futuro de la región

En 2018, América Latina fue catalogada como la región más violenta del planeta. / AFP

Los números para la región no son alentadores a nivel económico y mucho menos en materia de seguridad. A principios de julio de 2019, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reveló un informe alarmante sobre las cifras de violencia homicida en 2017 en el mundo, que deja un mensaje preocupante sobre los fenómenos de inseguridad y violencia en América Latina. Las víctimas de violencia homicida fueron cinco veces el número de muertos por conflictos armados durante ese mismo periodo de tiempo en el mundo, y los puntos críticos se concentran de esa violencia están ubicados tanto en Centroamérica como en Sudamérica. La tasa de homicidios en África fue más baja que en las Américas, donde la tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes puede tener un promedio de hasta 62.1 homicidios.

El vínculo entre el crimen organizado y las muertes violentas, según el informe, es una constante alarmante en el mundo. En 2017 causó el 19% de los homicidios en el mundo, una cifra incluso más elevada que la del conflicto armado y el terrorismo combinados. Según la ONUDD, el crimen organizado “desestabiliza a los países, socava el desarrollo socioeconómico y erosiona al estado de derecho”. El Director Ejecutivo de ONUDD, Yury Fedotov, apunta que, si la tendencia continúa así, “las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible se reducirán significativamente”. Le recomendamos: Así está la ciberseguridad en América Latina

Los hombres representan más del 50% de las víctimas. En todas las regiones, indica el informe, las víctimas de homicidio aumentan con la edad y son las personas entre 15 y 29 años quienes tienen mayor riesgo de homicidio a nivel mundial. Las armas de fuego están mucho más presentes en los asesinatos en las Américas que en otros lugares del mundo. “

Por otro lado, los casos de feminicidio son a menudo ignorados y si bien los homicidios de mujeres y niñas representan una tasa más baja que la de los hombres en la cifra total, son ella quienes soportan una carga mayor pues los homicidios son perpetrados por parejas o familiares. “Los asesinatos llevados a cabo por parejas intimas son rara vez espontáneos o aleatorios”, indica la ONUDD.

El informe subraya que para abordar esta problemática es necesario fortalecer el estado de derecho e invertir en servicios públicos, particularmente en la educación para reducir la delincuencia violenta. Pero además apunta a que hay que producir políticas específicas contra las redes criminales, que incluyen la participación de la comunidad y reformas policiales, propuestas frecuentes en las naciones de la región.

En Uruguay, por ejemplo, se ha impulsado una reforma a la seguridad que incluye la creación de una Guardia Nacional especializada para fortalecer las labores policiales. La medida, que será votada este domingo durante la jornada electoral en la que también se elegirá presidente, ha sido altamente criticada por miles de uruguayos, pues la ven con tintes represivos.

Si algo han revelado los recientes y diversos informes sobre inseguridad en América Latina es que el tema ha estado muy distante del foco de discusión de los líderes de la región que, frecuentemente, impulsan las mismas medidas arcaicas para resolver la problemática central. La reacción de los gobiernos de la región ha sido generalmente recurrir a políticas represivas, llamadas de mano dura, con frecuencia dando a las fuerzas armadas tareas de seguridad pública. Esto a pesar de que, en términos de doctrina, la seguridad pública debería estar a cargo de las autoridades civiles y de la policía, que es la institución que está (o debería estar) capacitada y equipada para las labores que requieren contacto cercano con la ciudadanía. Por el contrario, la formación y entrenamiento de las fuerzas armadas hace que darles responsabilidades de seguridad pública implique serios riesgos de abusos a los derechos humanos y de uso excesivo de la fuerza. Le puede interesar: Economía, violencia y corrupción: los problemas de América Latina

Esta tendencia de los gobiernos latinoamericanos a usar a los militares en tareas de seguridad interior se ha evidenciado en los últimos días con la decisión del presidente Sebastián Piñera en Chile de sacar el ejército a la calle ante el estallido generalizado de las protestas en varias ciudades del país. También se ha observado en el caso de Ecuador, en donde amplios sectores sociales están marchando contra las medidas económicas del presidente Lenin Moreno, y en México en donde un fallido operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán terminó con al menos 8 muertos, 16 heridos y con la fuga de 49 presos de una cárcel local.

Los acontecimientos de los últimos días en Quito y Santiago de Chile reconfirman no solo el creciente malestar social frente a gobiernos que no cumplen sus funciones de garantizar el acceso a los bienes y servicios públicos, entre ellos la seguridad, a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Estos hechos evidencian además que amplios sectores sociales no encuentran mecanismos institucionales para tramitar sus demandas y descontento frente a las autoridades. Y ante su incapacidad de solucionar esas demandas, los gobiernos encuentran en las fuerzas armadas la única garantía de gobernabilidad en tiempos de crisis.

Precisamente para discutir sobre estos fenómenos de inseguridad y violencia, y sobre los resultados de las políticas públicas de seguridad que los gobiernos latinoamericanos han implementado para atenderlos, la Friedrich Ebert Stiftung, a través de su oficina en Colombia, Fescol, organizó el primer Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, con la participación de expertos, formuladores de política y representantes de organizaciones sociales, de 16 países de Latinoamérica, Estados Unidos, España, Alemania. El Ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell hizo una intervención durante el evento, señalando la importancia de discutir sobre estos fenómenos y sus implicaciones para la democracia en la región, en particular desde perspectivas progresistas que vayan más allá de las respuestas de mano dura.

En la misma línea, una de las principales conclusiones del evento fue la necesidad de ampliar los espacios de discusión sobre estos asuntos, para incluir a todos los sectores y grupos sociales que pueden tener algo que aportar a la conversación, para construir respuestas más integrales que atiendan no solo las manifestaciones de la violencia y la inseguridad sino también sus causas subyacentes.