Siete meses y aún sin respuestas de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
Sus familias batallan por mantener la presión sobre el gobierno para que los encuentre.
AFP - México, México
Al cumplirse este domingo siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, sus familias batallan por mantener la presión sobre el gobierno para que los encuentre a pesar de que el apoyo social en las calles se ha desinflado.
El brutal ataque de policías corruptos de Iguala (Guerrero, sur) contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre estremeció dentro y fuera de México y generó una ola de protestas como ninguna otra de las atrocidades cometidas en el marco de la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Los familiares encabezaron contundentes protestas en Guerrero y, cada día 26, se han desplazado a la capital, donde miles de personas inundaban las calles para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que buscara a los jóvenes y castigara a todos los culpables.
Sin embargo, con el paso de los meses, la desesperación de los padres y su desconfianza hacia el gobierno fue en aumento, mientras el crimen perdió espacios en la prensa y cayó la participación en las marchas.
Este domingo, los familiares, que también han llevado sus protestas a Estados Unidos y Europa, prefirieron convocar en la capital a una jornada artística y cultural llamada "Voces por Ayotzinapa", en la que habrá breves pronunciamientos de defensores de derechos humanos e intervenciones de música, danza y poesía.
"Es natural que un movimiento con esa intensidad, conforme va pasando el tiempo, se vaya agotando, debilitando. Tuvo su momento álgido y la gente se empieza a cansar, empiezan a tener otras cosas (que atender), salen otros temas" de violencia, explica a la AFP el analista político José Antonio Crespo, del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Para la investigadora Layda Negrete, uno de los factores que debilitó la protesta es que no se identificó un "siguiente paso que sea razonable y lograble".
"Esa falta de claridad en términos de las metas a corto, mediano y largo plazo es lo que hace muy difícil el movimiento", señala la coproductora del multipremiado documental "Presunto culpable", que exhibió los graves problemas de justicia en México.
Distanciados del gobierno
Los familiares de estos jóvenes, que se formaban para ser maestros rurales, siguen sin creer en la investigación oficial de la fiscalía, que concluyó que los jóvenes fueron entregados por la policía de Iguala a narcotraficantes y que éstos los incineraron en un basurero cercano y arrojaron las cenizas a un río.
Los sicarios del cártel Guerreros Unidos habrían masacrado a los estudiantes por pensar que entre ellos había infiltrados de un grupo rival, dijo la fiscalía.
El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que ésta es la "verdad histórica" del crimen, sustentada en los testimonios del centenar de detenidos y pruebas recogidas en el terreno.
Sin embargo, sólo se ha podido determinar científicamente la muerte de uno de los 43 estudiantes, identificado entre los escasos restos humanos hallados en la zona, por lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron precipitadas las conclusiones del fiscal.
Los padres acusan al gobierno, con el que han roto el diálogo, de querer dar carpetazo al caso e intentar que quede en el olvido.
Logros del movimiento
Pese al desgaste, Negrete defiende que la lucha de las familias ha logrado varias metas.
Una de ellas fue el acuerdo alcanzado con el gobierno para que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajaran a México y estén investigando el crimen y la propia actuación de la fiscalía.
Además, las familias convirtieron las desapariciones en un parteaguas para el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), que por primera vez empezó a recibir fuertes críticas de los generadores de opinión, señala Negrete.
"Hubo un costo político para el gobierno en términos de imagen, de credibilidad", coincide Crespo. El crimen de Ayotzinapa "fue como la gota que derramó el vaso de mucho descontento, impunidad, corrupción, abusos, de participación directa de fuerzas de gobierno de algún nivel que tienen vínculos con el crimen organizado", explica.
Numerosos usuarios de Twitter también tratan de mantener viva la memoria de los estudiantes. Uno de ellos, el periodista y productor televisivo Epigmenio Ibarra, hace cada noche en su cuenta un "pase de lista" repitiendo, uno por uno, los nombres de los 43 jóvenes que desaparecieron la fatídica noche de Iguala.
Al cumplirse este domingo siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, sus familias batallan por mantener la presión sobre el gobierno para que los encuentre a pesar de que el apoyo social en las calles se ha desinflado.
El brutal ataque de policías corruptos de Iguala (Guerrero, sur) contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre estremeció dentro y fuera de México y generó una ola de protestas como ninguna otra de las atrocidades cometidas en el marco de la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Los familiares encabezaron contundentes protestas en Guerrero y, cada día 26, se han desplazado a la capital, donde miles de personas inundaban las calles para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que buscara a los jóvenes y castigara a todos los culpables.
Sin embargo, con el paso de los meses, la desesperación de los padres y su desconfianza hacia el gobierno fue en aumento, mientras el crimen perdió espacios en la prensa y cayó la participación en las marchas.
Este domingo, los familiares, que también han llevado sus protestas a Estados Unidos y Europa, prefirieron convocar en la capital a una jornada artística y cultural llamada "Voces por Ayotzinapa", en la que habrá breves pronunciamientos de defensores de derechos humanos e intervenciones de música, danza y poesía.
"Es natural que un movimiento con esa intensidad, conforme va pasando el tiempo, se vaya agotando, debilitando. Tuvo su momento álgido y la gente se empieza a cansar, empiezan a tener otras cosas (que atender), salen otros temas" de violencia, explica a la AFP el analista político José Antonio Crespo, del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Para la investigadora Layda Negrete, uno de los factores que debilitó la protesta es que no se identificó un "siguiente paso que sea razonable y lograble".
"Esa falta de claridad en términos de las metas a corto, mediano y largo plazo es lo que hace muy difícil el movimiento", señala la coproductora del multipremiado documental "Presunto culpable", que exhibió los graves problemas de justicia en México.
Distanciados del gobierno
Los familiares de estos jóvenes, que se formaban para ser maestros rurales, siguen sin creer en la investigación oficial de la fiscalía, que concluyó que los jóvenes fueron entregados por la policía de Iguala a narcotraficantes y que éstos los incineraron en un basurero cercano y arrojaron las cenizas a un río.
Los sicarios del cártel Guerreros Unidos habrían masacrado a los estudiantes por pensar que entre ellos había infiltrados de un grupo rival, dijo la fiscalía.
El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que ésta es la "verdad histórica" del crimen, sustentada en los testimonios del centenar de detenidos y pruebas recogidas en el terreno.
Sin embargo, sólo se ha podido determinar científicamente la muerte de uno de los 43 estudiantes, identificado entre los escasos restos humanos hallados en la zona, por lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron precipitadas las conclusiones del fiscal.
Los padres acusan al gobierno, con el que han roto el diálogo, de querer dar carpetazo al caso e intentar que quede en el olvido.
Logros del movimiento
Pese al desgaste, Negrete defiende que la lucha de las familias ha logrado varias metas.
Una de ellas fue el acuerdo alcanzado con el gobierno para que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajaran a México y estén investigando el crimen y la propia actuación de la fiscalía.
Además, las familias convirtieron las desapariciones en un parteaguas para el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), que por primera vez empezó a recibir fuertes críticas de los generadores de opinión, señala Negrete.
"Hubo un costo político para el gobierno en términos de imagen, de credibilidad", coincide Crespo. El crimen de Ayotzinapa "fue como la gota que derramó el vaso de mucho descontento, impunidad, corrupción, abusos, de participación directa de fuerzas de gobierno de algún nivel que tienen vínculos con el crimen organizado", explica.
Numerosos usuarios de Twitter también tratan de mantener viva la memoria de los estudiantes. Uno de ellos, el periodista y productor televisivo Epigmenio Ibarra, hace cada noche en su cuenta un "pase de lista" repitiendo, uno por uno, los nombres de los 43 jóvenes que desaparecieron la fatídica noche de Iguala.