Esta semana, la Procuraduría General de México presentó un informe preliminar sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Según ese informe, 17 personas (cuyas identidades son desconocidas) fueron quemadas en el basurero de Cocula, de modo que existe una “posibilidad” de que los 43 estudiantes fueran incinerados allí. Pero la sugerencia le supo mal al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar el caso, que calificó al informe de incompleto y aseguró que rompía su colaboración con la Procuraduría por falta de confianza.
Meses atrás, el GIEI y la Procuraduría habían acordado crear un grupo de investigación para el caso, en el que intervendrían peritos de ambas entidades. Fue ese grupo el que presentó el informe, cuyos detalles no se han hecho públicos. En un comunicado, el GIEI dijo: “La difusión pública de un documento provisional que no responde a estas cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica. La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad”.
La historia de desencuentros entre el GIEI y la Procuraduría viene de tiempo atrás. Después de que se acusara al Gobierno de ignorar el paradero de los 43 estudiantes (que efectivos de la policía de Iguala habrían entregado al cartel Guerreros Unidos), la Procuraduría dijo que fueron quemados en el basurero. Los padres de los estudiantes rechazaron esa hipótesis por falta de pruebas y el GIEI, que entró a investigar desde enero de 2015, se puso de su parte: de acuerdo con el informe del perito José Torero, ningún cuerpo fue quemado en el basurero. El GIEI comprobó además que mucha de la investigación de la Procuraduría “tuvo déficits importantes” y que fue destruida evidencia esencial.
Un estudio posterior encontró que había restos óseos y, aunque la Procuraduría dijo que algunos de ellos pertenecían a los estudiantes, nunca se comprobó ninguna identidad. De acuerdo con el GIEI, el incendio “no pudo haber ocurrido en dicho lugar en las condiciones y tiempo señalados”. Los padres de los estudiantes sugieren que la Procuraduría ha querido dar el caso por cerrado sin haber resuelto interrogantes esenciales y el GIEI la critica por haber eludido la rectificación de la información de los testigos, que llevó a una confusión constante en el transcurso de la investigación.
Dichos interrogantes aparecen en la crítica que hace el GIEI . Aún hace falta saber, por ejemplo, cuánta energía se necesita para hacer desaparecer un cuerpo en un basurero a cielo abierto; cuánta madera es necesaria para desvanecerlo; determinar si “una pira como la señalada puede cremar una parte significativa de un cuerpo”. Cada una de esos interrogantes determina si es posible que, como se ha dicho, se quemen 43 cuerpos en una noche sin casi dejar rastro. Ninguna de esas cuestiones, sin embargo, fue resuelta en este informe y su presentación sólo “rompió las reglas y generó desconfianza” a los padres y a los peritos. El GIEI presentará un nuevo informe a finales de abril, cuando termina su trabajo en México.
Por Redacción El Mundo
