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El sistema forense de las fiscalías mexicanas está colapsado por una sobre acumulación de cadáveres y una errónea integración de la información en las bases de datos. Ambos factores, son producto de récords históricos de homicidios dolosos y la falta de profesionalización e infraestructura.
Esas deficiencias dieron la vuelta al mundo hace dos semanas con la escena de dos tráileres refrigerados con casi 300 cadáveres no identificados, los cuales ya no cabían en las instalaciones de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
No es ninguna novedad desde la perspectiva de peritos y médicos forenses entrevistados por la Agencia Anadolu, quienes coincidieron en que se acrecentó cuando en 2007 los militares salieron de sus cuarteles como parte de una estrategia de seguridad en la administración del expresidente Felipe Calderón.
“Hay deficiencias desde la profesionalización, la integración, la localización, la investigación policial y científica. Además, también cuando no hay información adecuada, no hay forma de hacer una resolución, son cuerpos rezagados, sin identificación, y se van acumulando”, explica la maestra Gloria López Santiago, victimóloga del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense.
Para Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), cesado por el gobierno local después de los hallazgos, “hoy el sistema forense requiere de unas instituciones perfectamente integradas con todos los recursos suficientes para que las pruebas del Ministerio Público aporten a las causas penales”.
Según el médico forense de formación, no sólo se trata de falta de refrigeradores o material de trabajo, sino de fortalecer las áreas de peritos en grafoscopía, balística, química y genética.
Por otro lado, ambos refieren al Nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en vigor en junio del 2016, y con el cual se generarían protocolos de actuación e integración más eficientes.
“Es urgentísimo que todos los estados, los gobernadores, tomen consciencia porque el sistema ya se implantó a nivel nacional, quieran o no quieran; para que las áreas de dictaminación pericial hagan causas penales bien consolidadas”, señala Cotero Bernal.
Violencia y sobrecupo
Desde hace 12 años hasta la fecha se han registrado más de 200.000 asesinatos, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el 2017 el año récord en la historia mexicana.
Las escaladas de violencia se tradujeron en decenas de cuerpos que llegaban por día a los anfiteatros de las fiscalías del país, sin que tuvieran la capacidad suficiente para resguardarlos, bajo todos los procedimientos acordes a la ley.
“Desde luego que hubo días con 10 homicidios al día más o menos… de dos años para acá se agudizó la criminalidad en Jalisco”, cuenta Cotero Bernal, quien considera que no sólo son producto de violencia entre grupos de narcotráfico, sino de células encargadas de robos de vehículos, casa habitación y negocios.
Dos peritos forenses consultadas por la Agencia Anadolu -quienes pidieron anonimato por temor a represalias en sus trabajos- narraron que durante los días violentos en la zona conurbada de Ciudad de México, el personal y el equipo era insuficiente para atenderlos.
“A mí sí me llegó tocar ver que los cadáveres se quedaban en la plancha porque los refrigeradores estaban ocupados. En 2012 atacaron a toda una familia dedicada al narcomenudeo, fueron siete cadáveres en una sola diligencia; sólo había dos camillas, y son dos refrigerados con tres gavetas, entonces imagínate”, narra una perito.
“No se tiene material para trabajar los cuerpos. Cada médico tiene que andar viendo con qué necropsear. Como luego no hay agua para lavar, tienes que andar pisando fluidos y desechos. Es una porquería los anfiteatros, pero no te queda de otra más que andar trabajando así”, añade la otra perito entrevistada.
Caso Jalisco
El sobrecupo en el ICJF, derivó en que la Fiscalía autorizara el resguardo de los 273 cuerpos en dos tráileres refrigerados en un lote baldío, lo cual fue denunciado el pasado 14 de septiembre por vecinos, debido al olor penetrante.
Posteriormente, cuando la noticia recorrió países de todos los continentes, el gobierno de Jalisco cesó a Cotero Bernal, a quien culparon de gestionar el traslado de los cadáveres al vehículo refrigerado.
Y, luego, también fue removido de su cargo el fiscal general Raúl Sánchez.
El extitular forense de la entidad, acusó que esa facultad sólo le corresponde a la Fiscalía, y que desde su remoción, el gobierno “está invirtiendo lo que no hizo en 30 años”.
“No obstante que al gobierno de Jalisco estaba enterado de los problemas, se mantenía ajeno, había otras prioridades. No lo ven tan importante como el Tren Ligero de Guadalajara”, añade.
Para el exservidor público, un ejemplo del “desinterés” total es el reciente equipo de genética que adquirió el ICFJ, avaluado en unos USD 2'127.000, el cual actualmente no se pone en función.
Según dice, lo que sucedió en Jalisco no es aislado, sino generalizado en el país, desde la Procuraduría General de la República (PGR) hasta las fiscalías locales de los 32 estados del país.
En un país con casos como el del tráiler y numerosas fosas clandestinas –concluye la maestra López Santiago-, la identificación podría ser “mucho más efectiva”, si se tuviera una base de datos correctamente integrada, con el historial médico de diferentes instituciones.
Por Agencia Anadolu
