Sombras sobre la independencia del Poder Judicial en Argentina
Un pedido de juicio político en contra de Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia en Argentina, y una posible reforma a la justicia podrían debilitar al máximo tribunal y acabar con varias investigaciones sobre corrupción en el país.
La Corte Suprema de Justicia en Argentina congeló la decisión del Senado -de mayoría oficialista y dirigido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- de apartar de sus puestos a los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El caso no es cualquiera, pues da la casualidad que estos jueces participaban en un proceso crucial para el país: la investigación en contra de Fernández de Kirchner por corrupción.
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Estamos hablando del supuesto pago de sobornos durante el kirchnerismo, más conocido como la “Causa de los Cuadernos”. Según una investigación del diario La Nación, un chofer apuntó en ocho cuadernos, y con lujo de detalles, cientos de viajes con bolsas cargadas de dinero, producto de presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado. Escándalo en el que al parecer está implicada la expresidenta argentina (2007-2015) y quien insiste en que todo se trata de una persecución política.
De ahí que el traslado de los jueces no era una decisión de rutina. Y es que el juez Bruglia fue quien ratificó la investigación en ese caso de supuestos sobornos, Bertuzzi condenó por corrupción a Amado Boudou -vicepresidente durante la presidencia de Fernández de Kirchner- y Castelli es quien en un futuro podría evaluar el “Caso Cuadernos”, pues el expediente fue asignado al tribunal que él integra. Por esto, la oposición alega que apartar a los jueces de sus puestos es una estrategia para lograr la impunidad de la vicepresidenta de la nación.
¿Por qué desplazar a los jueces de sus puestos? Los argumentos del kirchnerismo en el Senado: que la designación de los jueces, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue irregular por lo que deben volver a sus tribunales de origen. “Lo que hizo Macri con el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli es un acto absolutamente inconstitucional (...) los jueces incumplieron las condiciones que establece la Constitución para el traslado de jueces, que consiste en contar con el acuerdo del Senado”, dijo María de los Ángeles Sacnun, senadora por el movimiento Frente de Todos. Postura que compartió el presidente argentino, Alberto Fernández, quien el 17 de septiembre confirmó por decreto el desplazamiento de los tres jueces.
Decisión que frenó temporalmente Carlos Rosenkrantz, presidente del alto tribunal, el 29 de septiembre luego de que los jueces presentaran un recurso que les permitía litigar directamente en la Corte contra esta decisión del Legislativo.
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Ahora, si bien los cinco magistrados supremos no resolvieron de fondo la cuestión y aún está en análisis, es indiscutible que esta decisión reforzó las tensiones entre la Corte Suprema y el kirchnerismo. Tanto así, que la diputada Vanesa Siley, de la coalición política Frente de Todos, presentó un proyecto para promover un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. Su objetivo: la destitución del funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pero esta ofensiva, según alega Siley, no es precisamente por el traslado de los jueces. De hecho, el pedido de juicio político salió a la luz el 25 de septiembre, mientras Rosenkrantz tramitaba el recurso que solicitaron los jueces federales para evitar su desplazamiento. Aun así, el presidente de la Corte denunció una campaña de hostigamiento en su contra.
Siley cuestiona las decisiones de Rosenkrantz en el caso “Muiña”. En 2017 él votó para que se le otorgara un beneficio a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad. Siley también hace referencia a otros dos expedientes vinculados a ese mismo delito. “Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces”, dijo Rosenkrantz.
La idea de un juicio político es exagerada para muchos. “Fui crítico del fallo ‘Muiña’. Denuncié al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No comparto muchas de sus posturas ideológicas. Pero el pedido de juicio político a Rosenkrantz no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y amplía una vez más la autodestructiva grieta”, dijo Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista quien integra la comisión de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en materia de reforma judicial.
Posición similar a la de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista para el diario La Nación, quien dijo que “es perfectamente válido que cada uno de nosotros tengamos una opinión distinta o una opinión crítica sobre un fallo de la Corte o sobre los votos de un magistrado. Pero transformar una discrepancia en una razón, fundamento o causa de destitución de un juez es no sólo un disparate, sino un abuso de poder que atenta contra el Estado de Derecho”.
Reforma a la justicia
El problema no se queda ahí. Sobre la mesa está pendiente la discusión sobre una reforma a la justicia. “Este no es el único preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el Poder Judicial (...). El gobierno está poniendo todas sus energías en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos”, apuntó el diario El País de España en su editorial del 1° de octubre. “Una reforma probablemente necesaria, pero que debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino”, agregó el diario.
Alberto Fernández presentó el 29 de julio una propuesta de reforma que, entre otros, pretende impulsar la creación de la justicia federal penal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, lo que conllevará una ampliación del número de juzgados. Sin embargo, los opositores del presidente afirman que su reforma buscaría influir en las investigaciones en contra de Cristina Fernández.
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“Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, dijo. Para Fernández, ese poder “debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.
El proyecto fue aprobado en el Senado el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde el gobierno tendrá que poner todos sus esfuerzos para conseguir los votos necesarios.
¿Qué puede pasar?
En este punto hay tres decisiones claves por analizar: la primera es la decisión de la Corte Suprema sobre el desplazamiento de los jueces, determinación que al parecer se conocerá a finales de esta semana o comenzando la otra. La segunda, esperar si el juicio político en contra de Carlos Rosenkrantz prospera, lo que podría poner en riesgo su puesto. Y la tercera, está por verse si el oficialismo en la Cámara consigue los votos necesarios para convertir el proyecto de reforma en ley. Las últimas dos decisiones, para algunos, impactarían la independencia del Poder Judicial en el país.
La Corte Suprema de Justicia en Argentina congeló la decisión del Senado -de mayoría oficialista y dirigido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- de apartar de sus puestos a los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El caso no es cualquiera, pues da la casualidad que estos jueces participaban en un proceso crucial para el país: la investigación en contra de Fernández de Kirchner por corrupción.
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Estamos hablando del supuesto pago de sobornos durante el kirchnerismo, más conocido como la “Causa de los Cuadernos”. Según una investigación del diario La Nación, un chofer apuntó en ocho cuadernos, y con lujo de detalles, cientos de viajes con bolsas cargadas de dinero, producto de presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado. Escándalo en el que al parecer está implicada la expresidenta argentina (2007-2015) y quien insiste en que todo se trata de una persecución política.
De ahí que el traslado de los jueces no era una decisión de rutina. Y es que el juez Bruglia fue quien ratificó la investigación en ese caso de supuestos sobornos, Bertuzzi condenó por corrupción a Amado Boudou -vicepresidente durante la presidencia de Fernández de Kirchner- y Castelli es quien en un futuro podría evaluar el “Caso Cuadernos”, pues el expediente fue asignado al tribunal que él integra. Por esto, la oposición alega que apartar a los jueces de sus puestos es una estrategia para lograr la impunidad de la vicepresidenta de la nación.
¿Por qué desplazar a los jueces de sus puestos? Los argumentos del kirchnerismo en el Senado: que la designación de los jueces, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue irregular por lo que deben volver a sus tribunales de origen. “Lo que hizo Macri con el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli es un acto absolutamente inconstitucional (...) los jueces incumplieron las condiciones que establece la Constitución para el traslado de jueces, que consiste en contar con el acuerdo del Senado”, dijo María de los Ángeles Sacnun, senadora por el movimiento Frente de Todos. Postura que compartió el presidente argentino, Alberto Fernández, quien el 17 de septiembre confirmó por decreto el desplazamiento de los tres jueces.
Decisión que frenó temporalmente Carlos Rosenkrantz, presidente del alto tribunal, el 29 de septiembre luego de que los jueces presentaran un recurso que les permitía litigar directamente en la Corte contra esta decisión del Legislativo.
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Ahora, si bien los cinco magistrados supremos no resolvieron de fondo la cuestión y aún está en análisis, es indiscutible que esta decisión reforzó las tensiones entre la Corte Suprema y el kirchnerismo. Tanto así, que la diputada Vanesa Siley, de la coalición política Frente de Todos, presentó un proyecto para promover un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. Su objetivo: la destitución del funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pero esta ofensiva, según alega Siley, no es precisamente por el traslado de los jueces. De hecho, el pedido de juicio político salió a la luz el 25 de septiembre, mientras Rosenkrantz tramitaba el recurso que solicitaron los jueces federales para evitar su desplazamiento. Aun así, el presidente de la Corte denunció una campaña de hostigamiento en su contra.
Siley cuestiona las decisiones de Rosenkrantz en el caso “Muiña”. En 2017 él votó para que se le otorgara un beneficio a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad. Siley también hace referencia a otros dos expedientes vinculados a ese mismo delito. “Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces”, dijo Rosenkrantz.
La idea de un juicio político es exagerada para muchos. “Fui crítico del fallo ‘Muiña’. Denuncié al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No comparto muchas de sus posturas ideológicas. Pero el pedido de juicio político a Rosenkrantz no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y amplía una vez más la autodestructiva grieta”, dijo Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista quien integra la comisión de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en materia de reforma judicial.
Posición similar a la de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista para el diario La Nación, quien dijo que “es perfectamente válido que cada uno de nosotros tengamos una opinión distinta o una opinión crítica sobre un fallo de la Corte o sobre los votos de un magistrado. Pero transformar una discrepancia en una razón, fundamento o causa de destitución de un juez es no sólo un disparate, sino un abuso de poder que atenta contra el Estado de Derecho”.
Reforma a la justicia
El problema no se queda ahí. Sobre la mesa está pendiente la discusión sobre una reforma a la justicia. “Este no es el único preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el Poder Judicial (...). El gobierno está poniendo todas sus energías en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos”, apuntó el diario El País de España en su editorial del 1° de octubre. “Una reforma probablemente necesaria, pero que debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino”, agregó el diario.
Alberto Fernández presentó el 29 de julio una propuesta de reforma que, entre otros, pretende impulsar la creación de la justicia federal penal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, lo que conllevará una ampliación del número de juzgados. Sin embargo, los opositores del presidente afirman que su reforma buscaría influir en las investigaciones en contra de Cristina Fernández.
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“Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, dijo. Para Fernández, ese poder “debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.
El proyecto fue aprobado en el Senado el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde el gobierno tendrá que poner todos sus esfuerzos para conseguir los votos necesarios.
¿Qué puede pasar?
En este punto hay tres decisiones claves por analizar: la primera es la decisión de la Corte Suprema sobre el desplazamiento de los jueces, determinación que al parecer se conocerá a finales de esta semana o comenzando la otra. La segunda, esperar si el juicio político en contra de Carlos Rosenkrantz prospera, lo que podría poner en riesgo su puesto. Y la tercera, está por verse si el oficialismo en la Cámara consigue los votos necesarios para convertir el proyecto de reforma en ley. Las últimas dos decisiones, para algunos, impactarían la independencia del Poder Judicial en el país.