Tensión comercial en Argentina

Han sido días complicados para el modelo económico argentino. Las medidas implementadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que buscan generar mayor liquidez y hacer frente a la crisis económica mundial, no han sido bien vistas por varios países que sienten que Argentina se blinda e impide una fluida relación comercial.

El temor de empresarios de otros países comenzó a tener eco en las decisiones de sus gobiernos. Hace unas semanas, en la asamblea del BID en Montevideo, varios países manifestaron su descontento por la situación. Se habló de que preparaban una declaración conjunta y estudiaban una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La semana pasada, y como si fuera apenas un preaviso de lo que se preparaba, el gobierno de EE.UU. anunció ante su Congreso que excluiría a Argentina de los beneficios arancelarios conocidos como Sistema Generalizado de Preferencias, y acusó al gobierno de Fernández de no acatar fallos arbitrales a favor de dos compañías estadounidenses.

Cinco días después caería el baldado de agua fría. Cuarenta países se manifestaron ante la OMC, en la reunión del Consejo para el Comercio de Bienes, en lo que algunos economistas consideran podría ser el paso previo a una denuncia formal, por la restricción a las importaciones que practica el gobierno argentino.

Encabezados por EE.UU., el bloque de la Unión Europea, México y Japón, el documento fue suscrito también por Australia, Israel, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taiwán, Tailandia y Turquía. Igualmente, Chile, Colombia, Perú, Singapur, Malasia y Hong Kong manifestaron su preocupación, aunque no se sumaron al documento entregado en Ginebra al organismo multilateral.

El documento señala que desde 2008 Argentina ha aumentado la lista de productos (computadores portátiles, equipos de aire acondicionado, tractores, maquinarias y herramientas, carros, autopartes, plásticos, químicos, juguetes, zapatos, productos textiles, bicicletas, equipajes y productos de papel) sujetos a licencias de importación no automáticas. Según las normas de la OMC, las licencias deben procesarse en un período de 60 días.

“Muchas compañías afirman haber tenido que esperar hasta seis meses y más. En algunos casos, las licencias les son rechazadas en su totalidad, sin justificación o explicación. Esas medidas provocan enormes pérdidas a muchos exportadores”, informa el documento. Hasta ahora, un 30% de las declaraciones juradas que las empresas deben presentar por cada artículo enviado ha sido rechazado por el Ministerio de Comercio.

Así mismo, el gobierno argentino es acusado de “falta de transparencia” con las licencias de importación, y de presiones por parte de funcionarios públicos a empresarios de distintos países.

La respuesta no tardó en llegar. El reclamo, dicen desde la Cancillería, no está sustentado en datos objetivos. “Llama la atención que las acusaciones hayan sido planteadas por países que aumentaron sus exportaciones a Argentina en un 25% en 2011”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller Héctor Timerman destacó que Argentina fue el país que más aumentó sus importaciones entre los miembros del G20. Sin embargo, por las políticas implementadas, se rumora en ámbitos políticos que el país podría ser sacado de este grupo.

Pero el gobierno argentino decidió responder con artillería pesada. Sobre todo en el caso mexicano. Hace tres semanas Argentina reclama al país manito la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica, pues la balanza comercial genera déficit desde 2008. El gobierno mexicano propuso un cambalache: si desistían del reclamo, ellos no firmarían la queja ante la OMC. La presidenta no aceptó y fue así como México se sumó a la protesta.

Ahora el gobierno de Fernández, sorprendido, estudia denunciar el acuerdo bilateral, y si México no negocia en un plazo de 30 días, la importación de vehículos y autopartes provenientes de este país se verá afectada. Se frenaría, así, el ingreso de las marcas Nissan, Volkswagen, Honda, Ford y General Motors.

Bajo la misma tónica, la Cancillería recordó que los dos miembros de la OMC que más veces han sido denunciados son EE.UU. y la Unión Europea, y devolvió el balón, argumentando que la denuncia es un ejemplo de la presión política que sufren los países en desarrollo.

El gobierno de Fernández ha insistido en que no cederá ante este tipo de presiones y que continuará implementando políticas que puedan llevar al país hacia un buen rumbo económico. Evalúa, entre tanto, respuestas puntuales para los países que apoyaron el documento ante la OMC.