¿Un Afganistán en África?

Desde la independencia de la antigua colonia del Sudán Francés, que adoptó en 1960 el nombre de Malí, los grupos tuaregs del norte siempre representaron una preocupación para el gobierno de Bamako. Sus exigencias iban desde una mejor repartición de las regalías recaudadas en la región hasta la independencia total del Azawad histórico, que equivale a dos tercios del país.

Malí, sin embargo, había conocido un período de casi dos décadas de estabilidad hasta finales de 2011, cuando la caída del régimen de Gadafi obligó a centenares de combatientes tuaregs, entre ellos varios de los líderes más radicales del movimiento autonomista, a regresar de su exilio en Libia. El caos en el que se sumió la antigua colonia italiana les permitió además aprovisionarse de armas pesadas con las que hasta entonces los guerrilleros tuaregs nunca habían contado. El Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), la principal organización insurgente tuareg, comenzó a desarrollar acciones militares que apenas meses atrás le habrían resultado imposibles.

No sólo los “hombres azules”, como se les conoce en el Sahara por la tintura de sus turbantes que les corre por el rostro, atravesaron la incontrolable frontera entre Argelia y Malí viajando desde Libia. Varios grupos radicales islamistas, entre ellos el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y los salafistas de Ansar Dine terminaron por instalarse en una zona en la que ya operaba el frente norafricano de Al Qaeda, AQMI. Con el interés de desalojar al ejército de Malí, su enemigo común, los grupos islámicos y los rebeldes tuaregs consolidaron una alianza en enero de 2012. El flujo constante de armas desde Libia les permitió avanzar rápidamente, tomando el control de las ciudades de Kidal y Anefis antes de sitiar Gao, segundo puerto del país sobre el río Níger.

Argumentando que había sido incapaz de conservar la integridad del país, un grupo de militares destituyó el 22 de marzo al presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, cuyo período terminaba ocho semanas después. Su renuncia se presentó horas antes de que los rebeldes declararan la independencia de Azawad, norte de Malí.

Aunque la nueva entidad territorial no fue reconocida por ninguna institución internacional, el país estuvo desde entonces dividido de facto. Sin la legitimidad política ni la capacidad militar para intentar una ofensiva, el presidente de la Asamblea Nacional, Dioncounda Traoré, quien reemplazó a Toumani Touré, pasó la segunda mitad de 2012 tratando sin éxito de consolidar un gobierno de unidad nacional.

Las diferencias entre los grupos rebeldes se hicieron cada vez más notorias a partir de junio de 2012, en particular porque los tuaregs no extienden sus reivindicaciones políticas al terreno de lo religioso: así como no estaban de acuerdo con la imposición de la ley islámica, ni con los castigos corporales, incluidas las mutilaciones, que los miembros de Ansar Dine infligían a sus contraventores, tampoco aprobaron la destrucción de los milenarios “mausoleos de los santos musulmanes” de Tombuctú.

En el plano táctico, los tuaregs del MNLA buscaban consolidar un Estado en el norte, con Gao como capital, y anunciaron que no continuarían sus acciones ofensivas, mientras los islamistas siguieron avanzando, tomando la ciudad de Douentza, al sur del río Níger, y aproximándose en los primeros días de enero de 2013 a la ciudad de Kona.

La intervención militar francesa fue aprobada en ese momento. La decisión del presidente François Hollande no era simple. Primero, porque dicha acción podría ser vista como un nuevo capítulo de la Françafrique, la criticada política paternalista de Francia hacia sus excolonias, en la cual los gobiernos franceses protegían regímenes a cambio de privilegios de explotación de recursos; segundo, porque el balance de las acciones armadas recientes de Francia en África dista mucho de ser completamente positivo.

Francia apoyó a los hutus que luego iniciarían el genocidio del pueblo tutsi. Y la transición de poderes forzada en Costa de Marfil, que contó con el apoyo de Nicolás Sarkozy e incluyó el bombardeo del palacio presidencial, se realizó contra un presidente que aún gozaba del apoyo popular.

Estos precedentes llevaron a Hollande a declarar hace unas semanas que, a pesar de la petición hecha por el gobierno de la República Centroafricana de una ayuda militar francesa, no permitiría una acción de su ejército en el extranjero “si no es para defender nuestros intereses y en ningún caso para intervenir en los asuntos interiores de otro país”.

En el caso de Malí, sin embargo, dichos intereses existen. Francia tiene explotaciones de petróleo e importantes concesiones de proyectos de infraestructura y extrae de la zona cerca de la tercera parte del uranio que utiliza en las centrales nucleares que son su principal fuente de energía.

Si a esto se suma el hecho de que, como lo señala Erin Burnett, corresponsal de CNN en la región del Sahel, “Malí es la última oportunidad que tiene Al Qaeda de tener un país entero como santuario”, es comprensible el apoyo casi unánime de la clase política francesa, incluso al interior de la oposición de derecha. Las posiciones contrarias de políticos como Dominique de Villepin y el expresidente Valéry Giscard d’Estaing, conocido por su cercanía a varios dictadores africanos, han encontrado poco eco.

El presidente francés completó hace poco el retiro de las tropas francesas de Afganistán y tiene todo el interés en una guerra corta. Pero, a pesar de la legitimidad que las fuerzas políticas internas y la comunidad internacional han dado a la operación y al rápido avance de las tropas combinadas franco-malienses, el conflicto corre el riesgo de prolongarse.

El periódico Le Monde anunció el martes que el número inicial de 3.000 soldados franceses combatiendo en primera línea sería “ampliamente superado”. Hasta el momento el conflicto ha provocado la huida de cerca de 145.000 refugiados hacia los países vecinos y el desplazamiento interno de al menos 225.000 personas.