Un año sin respuestas

Hoy no se sabe dónde están. No existe certeza de que estén vivos, pero tampoco de que estén muertos. Hoy, a un año de la tragedia, los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos. A lo largo de 365 días el Gobierno, los medios y la sociedad civil han dado versiones, han culpado al Estado, al narco y a los movimientos sociales. Hoy, sin embargo, se sabe poco sobre cómo 43 futuros maestros dejaron sus hogares para no volver. Hoy la palabra desaparecido toma un especial significado. Un año después de que fueran vistos por última vez los 43 estudiantes, existen pocas respuestas y muchas más preguntas.

Ayotzinapa, que en náhuatl quiere decir tortuga, era un pueblo desconocido hasta hace un año. Hoy, su significado engloba la tragedia que más ha sacudido a México en la última década. Ahora en su nombre lleva las consecuencias de una guerra contra el crimen organizado de casi ocho años cobrando vidas, siglos de corrupción y la ineficiencia de un gobierno que no ha sabido manejar las crisis que le ha tocado vivir. Pero también la de una sociedad civil que ha resistido y ha continuado en la búsqueda de la verdad, las palabras de cientos de periodistas que han seguido el caso de cerca y se han convertido en las voces de los padres y de los normalistas desaparecidos. El caso ha trascendido fronteras y México ha visto muestras de solidaridad desde todos los rincones del mundo.

Sin embargo, el camino para la reparación debe ir más allá del paso del tiempo y las buenas intenciones. Ayotzinapa es una herida abierta que no debe cerrarse por el olvido. La búsqueda de la verdad debe ser una prioridad tanto para el Gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil. El caso Ayotzinapa es hoy víctima de una guerra de versiones.

A principios de mes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe sobre las investigaciones hechas hasta el momento. En un documento de más de 500 páginas cuestionaron seriamente la investigación que había presentado la Procuraduría General de la República. El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, afirmó en enero de este año que la “verdad histórica” era que los jóvenes habían ido a la ciudad de Iguala a boicotear un evento de la esposa del presidente municipal y que, al ser confundidos como integrantes del grupo delictivo de los Rojos, fueron asesinados e incinerados en un basurero en el poblado vecino de Cocula. Esta versión fue derrumbada por el GIEI: no fueron confundidos, no iban a boicotear ningún evento y no fueron quemados en el basurero de Cocula.

Por tanto, a un año de los trágicos hechos de Iguala, la búsqueda de la verdad implica también que las instituciones, y en especial la Procuraduría, recuperen la confianza y la legitimidad que perdieron. De acuerdo a una casa encuestadora (Gii 360) sólo el 25% de los encuestados considera que la versión de la Procuraduría es verídica, en contraste con el 36%, que considera como verdadera la investigación del GIEI. Sin embargo, lo que más asusta de la encuesta es que el 70% dijo que cree que el caso nunca va a ser resuelto. Es así como el reto que enfrenta el Gobierno tiene que ver con la legitimidad de sus instituciones y con su capacidad de investigación y administración de justicia, ambas áreas frágiles en la realidad de México.

Por otra parte, son los padres de los normalistas quienes en primer lugar deben ser reparados por la desaparición de sus hijos. En este momento el gobierno de Peña Nieto no ha sido capaz de dar las respuestas que ellos están buscando y que merecen. El jueves pasado, el presidente se reunió con más de 100 personas, entre familiares y defensores. La reunión fue a puertas cerradas, pero se sabe que en ella declaró estar del mismo lado de los familiares, ordenó hacer caso a las recomendaciones del informe del GIEI, mantener abierta la investigación y formar una fiscalía que atienda el caso particular.

Sin embargo, esta reunión no dejó satisfechos a los padres. Acusan al presidente de no comprometerse y defender su “verdad histórica”. Cómo pueden estar satisfechos si, de acuerdo a la versión que ha mantenido el Gobierno, sus hijos fueron reducidos a cenizas y la que sostiene hasta ahora el GIEI los mantiene como desaparecidos. La versión del GIEI deja un espacio a la incertidumbre para pensar que los desaparecidos pueden regresar.

La travesía de las tortugas es un libro editado por la revista Proceso y que relata la vida de los 43 normalistas hasta antes del 26 de septiembre. El martes pasado fue presentado, entre otras personas por el padre de uno de los normalistas. Entre el llanto y la desesperanza, el hombre dice sentir que su hijo está vivo. Ningún discurso de ningún político puede ganarle a ese sentimiento.

La tragedia de Ayotzinapa radica en que fue una violación a los derechos humanos cometida con las luces prendidas, en una democracia y bajo la vigilancia de todos los niveles del Gobierno. Se trató de una investigación hecha a las pocas semanas de que ocurrieran los hechos y ordenada por Peña Nieto. La Procuraduría dio los primeros resultados dos meses después de la desaparición. Los ojos del mundo se posaron en el estado de Guerrero y, a pesar de todo lo anterior, hoy Giovani Galindres Guerrero, Adán Abraján de la Cruz, Bernardo Flores Alcaraz y 40 jóvenes más permanecen desaparecidos.

Ayotzinapa puso en evidencia la fragilidad del Estado, que no ha podido dar una explicación sobre cómo permitió que se gestara la tormenta perfecta en la ciudad de Iguala. Cómo permitió que un alcalde narcotraficante se mantuviera en el poder, por qué la pasividad de la policía federal y el ejército, que, a sabiendas de que quienes estaban siendo atacados eran estudiantes, no intervinieron. Hoy a México le faltan 43, pero también le falta un gobierno que sea capaz de enfrentar la tragedia que encarna Ayotzinapa. El eco de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” empieza injustamente a sonar menos como una exigencia y más como una conmemoración.

* Periodista mexicana.

Hoy no se sabe dónde están. No existe certeza de que estén vivos, pero tampoco de que estén muertos. Hoy, a un año de la tragedia, los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos. A lo largo de 365 días el Gobierno, los medios y la sociedad civil han dado versiones, han culpado al Estado, al narco y a los movimientos sociales. Hoy, sin embargo, se sabe poco sobre cómo 43 futuros maestros dejaron sus hogares para no volver. Hoy la palabra desaparecido toma un especial significado. Un año después de que fueran vistos por última vez los 43 estudiantes, existen pocas respuestas y muchas más preguntas.

Ayotzinapa, que en náhuatl quiere decir tortuga, era un pueblo desconocido hasta hace un año. Hoy, su significado engloba la tragedia que más ha sacudido a México en la última década. Ahora en su nombre lleva las consecuencias de una guerra contra el crimen organizado de casi ocho años cobrando vidas, siglos de corrupción y la ineficiencia de un gobierno que no ha sabido manejar las crisis que le ha tocado vivir. Pero también la de una sociedad civil que ha resistido y ha continuado en la búsqueda de la verdad, las palabras de cientos de periodistas que han seguido el caso de cerca y se han convertido en las voces de los padres y de los normalistas desaparecidos. El caso ha trascendido fronteras y México ha visto muestras de solidaridad desde todos los rincones del mundo.

Sin embargo, el camino para la reparación debe ir más allá del paso del tiempo y las buenas intenciones. Ayotzinapa es una herida abierta que no debe cerrarse por el olvido. La búsqueda de la verdad debe ser una prioridad tanto para el Gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil. El caso Ayotzinapa es hoy víctima de una guerra de versiones.

A principios de mes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe sobre las investigaciones hechas hasta el momento. En un documento de más de 500 páginas cuestionaron seriamente la investigación que había presentado la Procuraduría General de la República. El entonces procurador, Jesús Murillo Karam, afirmó en enero de este año que la “verdad histórica” era que los jóvenes habían ido a la ciudad de Iguala a boicotear un evento de la esposa del presidente municipal y que, al ser confundidos como integrantes del grupo delictivo de los Rojos, fueron asesinados e incinerados en un basurero en el poblado vecino de Cocula. Esta versión fue derrumbada por el GIEI: no fueron confundidos, no iban a boicotear ningún evento y no fueron quemados en el basurero de Cocula.

Por tanto, a un año de los trágicos hechos de Iguala, la búsqueda de la verdad implica también que las instituciones, y en especial la Procuraduría, recuperen la confianza y la legitimidad que perdieron. De acuerdo a una casa encuestadora (Gii 360) sólo el 25% de los encuestados considera que la versión de la Procuraduría es verídica, en contraste con el 36%, que considera como verdadera la investigación del GIEI. Sin embargo, lo que más asusta de la encuesta es que el 70% dijo que cree que el caso nunca va a ser resuelto. Es así como el reto que enfrenta el Gobierno tiene que ver con la legitimidad de sus instituciones y con su capacidad de investigación y administración de justicia, ambas áreas frágiles en la realidad de México.

Por otra parte, son los padres de los normalistas quienes en primer lugar deben ser reparados por la desaparición de sus hijos. En este momento el gobierno de Peña Nieto no ha sido capaz de dar las respuestas que ellos están buscando y que merecen. El jueves pasado, el presidente se reunió con más de 100 personas, entre familiares y defensores. La reunión fue a puertas cerradas, pero se sabe que en ella declaró estar del mismo lado de los familiares, ordenó hacer caso a las recomendaciones del informe del GIEI, mantener abierta la investigación y formar una fiscalía que atienda el caso particular.

Sin embargo, esta reunión no dejó satisfechos a los padres. Acusan al presidente de no comprometerse y defender su “verdad histórica”. Cómo pueden estar satisfechos si, de acuerdo a la versión que ha mantenido el Gobierno, sus hijos fueron reducidos a cenizas y la que sostiene hasta ahora el GIEI los mantiene como desaparecidos. La versión del GIEI deja un espacio a la incertidumbre para pensar que los desaparecidos pueden regresar.

La travesía de las tortugas es un libro editado por la revista Proceso y que relata la vida de los 43 normalistas hasta antes del 26 de septiembre. El martes pasado fue presentado, entre otras personas por el padre de uno de los normalistas. Entre el llanto y la desesperanza, el hombre dice sentir que su hijo está vivo. Ningún discurso de ningún político puede ganarle a ese sentimiento.

La tragedia de Ayotzinapa radica en que fue una violación a los derechos humanos cometida con las luces prendidas, en una democracia y bajo la vigilancia de todos los niveles del Gobierno. Se trató de una investigación hecha a las pocas semanas de que ocurrieran los hechos y ordenada por Peña Nieto. La Procuraduría dio los primeros resultados dos meses después de la desaparición. Los ojos del mundo se posaron en el estado de Guerrero y, a pesar de todo lo anterior, hoy Giovani Galindres Guerrero, Adán Abraján de la Cruz, Bernardo Flores Alcaraz y 40 jóvenes más permanecen desaparecidos.

Ayotzinapa puso en evidencia la fragilidad del Estado, que no ha podido dar una explicación sobre cómo permitió que se gestara la tormenta perfecta en la ciudad de Iguala. Cómo permitió que un alcalde narcotraficante se mantuviera en el poder, por qué la pasividad de la policía federal y el ejército, que, a sabiendas de que quienes estaban siendo atacados eran estudiantes, no intervinieron. Hoy a México le faltan 43, pero también le falta un gobierno que sea capaz de enfrentar la tragedia que encarna Ayotzinapa. El eco de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” empieza injustamente a sonar menos como una exigencia y más como una conmemoración.

* Periodista mexicana.