En medio de una sala abarrotada y expectante, donde una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaba su nuevo informe sobre Colombia, era inevitable palpar la ironía del momento. Hace solo cuatro meses, al desobedecer las medidas cautelares en el caso Petro, el gobierno colombiano se había enfrentado a la CIDH y renegado erróneamente de la tradición de acatamiento al Sistema Interamericano. En ese entonces, la visita de la CIDH habría sido tan tensa como inoportuna. Pero la política tiene esos giros: tras la alianza del presidente Santos y el alcalde Petro en las elecciones, el gobierno parece retomar el diálogo respetuoso con la CIDH, contra lo que le aconsejaron apresurados asesores en abril.
De modo que la visita de la CIDH normaliza las relaciones con Colombia, como lo muestra el hecho de que el presidente Santos haya recibido a la delegación. Tras el encuentro, el mandatario circuló desde Twitter fotos de la reunión, anunciando que Colombia no sería candidata a volver en 2015 a la “lista negra” de la CIDH sobre situaciones graves de derechos humanos. Pero si se leen las 481 páginas del minucioso informe, hay tantas razones de celebración como de preocupación.
Entre blanco y negro
Salir de la “lista negra” ha sido una prioridad para el gobierno y un asunto de honor para la Canciller. De ahí que hayan acordado con la CIDH un mecanismo para no aparecer temporalmente en el tristemente célebre capítulo IV del informe anual de ese organismo, que mira con lupa los países con peor desempeño en derechos humanos. En efecto, el informe que se acaba de presentar resultó de una visita que la CIDH hizo a finales de 2012, cuando Colombia llevaba más de una década haciendo parte de la lista negra. Aceptar la visita fue la contraprestación y la muestra de buena voluntad del gobierno para lograr la salida temporal de la lista, en la que Colombia no ha figurado desde entonces y no figurará el próximo año.
Pero el arreglo es provisional. La salida en firme del capítulo IV dependerá de que el Estado colombiano continúe los avances y detenga los retrocesos en la protección de los derechos humanos que documenta la CIDH. Como pasa con la candidatura a otros clubes mundiales –como la OCDE--, el ingreso de Colombia al de los países cumplidores de los derechos humanos dependerá no de los alegatos del gobierno, sino de las mejoras en la práctica: dejar de ser el país con el segundo número más alto de desplazados internos en el mundo, uno de los más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos, el lugar donde el 64% de los pueblos indígenas está en riesgo de extinción física o cultural, las mujeres han sido botín de guerra y grupos muy variados –desde la población LGBTI hasta las comunidades negras— siguen siendo víctimas de discriminación cotidiana.
El dilema de la paz y la justicia
Si la lista de pendientes es compleja para el Estado, lo es también para la CIDH. Como los dos lo han reconocido, el paso fundamental en materia de derechos humanos sería el fin del conflicto armado, del que nacen buena parte de las violaciones más serias.
El dilema para la CIDH queda claro en su informe: a la vez que celebra el avance en las negociaciones de paz, advierte sobre los límites que impone el derecho internacional y el Sistema Interamericano a los beneficios penales que pueden recibir los miembros de las FARC y otras guerrillas. Para la CIDH, los mecanismos de justicia transicional deben pasar por un escrutinio minucioso, por cuanto el Estado está obligado a castigar las violaciones graves de derechos humanos. Por eso ve con recelo las normas del Marco Jurídico para la Paz en general, y en especial el hecho de que abra la opción de perseguir penalmente sólo a los máximos responsables de delitos graves.
Se trata de una posición polémica en contextos de conflicto armado como el colombiano, donde por limitaciones prácticas (la enorme cantidad de violaciones de derechos humanos) como políticas (la necesidad de alcanzar un acuerdo con los combatientes) es difícil que cada uno de los casos pueda ser esclarecido judicialmente. El estándar de la CIDH, surgido fundamentalmente de transiciones de dictaduras a democracias en otros países de la región, no parece jurídica y fácticamente el más adecuado para Colombia.
En este frente, como lo dijo a este diario Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la Comisión), la CIDH y el Estado colombiano tendrán que mantener un continuo diálogo para calibrar el balance entre paz y justicia. En ese diálogo, el Estado tiene sólidas básicas jurídicas y fácticas para sostener que, en contextos de justicia transicional, combatir la impunidad no debe significa siempre investigar a todos los combatientes por todos los delitos que pudieron haber ocurrido en el marco del conflicto armado. Y que un proceso de esclarecimiento y penalización serio, transparente y concentrado en los máximos responsables puede brindar más justicia que uno que intente abarcar muchos casos, pero no rinda frutos concretos.
Más allá de la guerra
Como sucede con frecuencia, los dilemas de la guerra y la paz tienden a opacar otros retos igualmente importantes para los derechos humanos en el país. No es el caso del informe de la CIDH, que ofrece un completo inventario de situaciones graves que encontró en múltiples encuentros en Bogotá, Medellín, Popayán y Quibdó. Y una rica hoja de ruta para un Estado que merezca salir de la lista negra.
Está documentada, por ejemplo, la situación de los pueblos indígenas afectados por proyectos mineros. En contravía de los lineamientos de la CIDH sobre la consulta previa, la práctica muestra que las consultas son hechas sin reglas claras y transparentes, o sin el asentimiento de los pueblos y comunidades en los casos graves para los cuales el Sistema Interamericano exige su consentimiento.
Pero el gobierno no es el único que encontrará críticas y recomendaciones. También las hallará el Procurador Ordoñez, a quien la CIDH le hace serios cuestionamientos por su cruzada contras los matrimonios del mismo sexo y los derechos de las personas LGBTI. O los nuevos congresistas, que discutirán proyectos de ley que buscan reforzar el fuero penal militar, cuya ampliación la CIDH objeta enfáticamente con base en el consenso del derecho internacional en la materia.
El esperado informe está ya en la discusión pública. No tanto para entrar o salir de la lista negra, sino para cambiar la realidad de los derechos humanos.
*Miembro fundador de Dejusticia y columnista de El Espectador
**Investigador principal de Dejusticia