Un debate en contravía

Sin importar quién gane las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre en Argentina, una cosa parece clara tras revisar las propuestas de los distintos candidatos a suceder a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada: el país pasará de haber coqueteado con la descriminalización de las drogas en 2008 a embarcarse en una estrategia de mano dura y militarización de la política antidrogas.

A una semana de la jornada electoral, el narcotráfico se ha convertido en uno de los temas recurrentes de esta campaña presidencial, sin llegar a ser el más relevante. La problemática fue apenas mencionada en el debate presidencial que se realizó a principios de octubre, y no fue sino hasta las más recientes semanas que medios de comunicación, académicos e intelectuales comenzaron a discutir sobre qué debe hacer Argentina para dar solución al tráfico de drogas.

Uno de los tres candidatos más opcionados, Sergio Massa, tomó como bandera de su campaña, la “guerra contra el narcotráfico”, y propuso, en un anuncio televisivo, penas más duras y una política de seguridad con mayor presencia e injerencia del Ejército en las fronteras. Con imágenes que bien podrían haber salido de alguna película de Hollywood, con helicópteros y aviones de combate, Massa se convirtió en el candidato que promete acabar con el problema de las drogas en Argentina.

Una vez alborotado el avispero, Mauricio Macri y Daniel Scioli, los otros dos candidatos con mayor opción a ocupar el sillón de Rivadavia, se vieron obligados a responder, aunque de manera poco contundente y clara. “Sus propuestas han sido ambiguas y parecen restarle importancia al debate”, señala el internacionalista Juan Gabriel Tokatlián, experto en políticas antidrogas.

Un documento firmado por más de 100 intelectuales argentinos alerta que las actuales propuestas sólo empeorarán el problema. “La negación o tergiversación (del narcotráfico) sólo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas, en contraposición con la legislación vigente”, enfatiza el texto.

Las dimensiones que ha tomado el problema del narcotráfico en Argentina, dicen los expertos, ameritan que quien vaya a ser presidente conozca el tema. El país se ha convertido en un territorio clave en la ruta de la cocaína proveniente de Bolivia, Colombia y México hacia Europa, y en el segundo en la región en términos de consumo. Aunque sus condiciones ambientales no son propicias para el cultivo de coca y no se han registrado plantaciones, la cercanía de las provincias norteñas de Salta y Jujuy con Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— y Paraguay —el principal productor de marihuana en Suramérica— las convierten en un campo fértil para que los narcotraficantes desarrollen allí sus actividades, destaca un reporte de Naciones Unidas.

Sin embargo, investigadores como el doctor en política Alberto Föhrig revelan que Argentina dejó hace mucho de ser sólo un país de tránsito, y que hoy exporta, consume y elabora drogas. “Hay una sensación de que en Argentina crece el narcotráfico y que por ello existen unos niveles de violencia relativamente inusitados para los parámetros generales del país”, explica por su parte Tokatlián.

Ejemplo de ello es lo sucedido en la ciudad de Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, uno de los puntos más calientes en la penetración del narcotráfico, en donde la tasa de homicidios en 2014 resultó entre tres y cuatro veces mayor que la media nacional. Igual sucede en varias ciudades de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires.

El narcotráfico se ha hecho también evidente tras la captura de importantes capos colombianos, como alias Mi Sangre, la muerte de varias personas a manos de sicarios por ajustes de cuentas y la presencia de células de carteles de República Dominicana, Perú, México y Colombia en varias ciudades del país.

Sin embargo, tal y como lo revela el informe Drogas: una iniciativa para el debate. Documento de Convergencia, uno de los problemas es que Argentina no cuenta actualmente con cifras que permitan hacer un diagnóstico integral del fenómeno de las drogas. “En épocas electorales, los ciudadanos vinculan la percepción de la inseguridad con narcotráfico, sin que esto sea necesariamente cierto”, dice Tokatlián, quien cita las cifras de la Encuesta de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella. Según este estudio, en 2004, 26% de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de un delito; nueve años después, la cifra es de 35%. “Esta situación se refuerza en un período electoral donde aparecen candidatos como Sergio Massa, que quiere involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico”, alerta.

“El gran problema es la relación existente entre narcos, violencia y corrupción política, judicial y policial. Actualmente, no hay ni una política ni una ley que dé marco a un nuevo enfoque, por tanto cada policía, juzgado o gobierno local hace lo que cree mejor, y así distintos problemas siguen hoy todos mezclados”, explica por su parte el politólogo Marcos Novaro.

Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella destaca que para el 66% de los argentinos el narcotráfico y el crimen organizado son los temas que más afectan al país. Las propuestas de los tres principales candidatos (ver recuadros) han calado negativamente en los líderes de opinión en el país. “Son propuestas irresponsables”, dice Jorge Battaglino, especialista en política latinoamericana. “No tienen en cuenta que la experiencia comparada indica que la intervención militar en la lucha contra el narco ha fracasado”.

Para Tokatlián, “entre los principales presidenciables sigue predominando la idea de cómo incorporar el país a la anacrónica y fútil guerra contra las drogas”. Por su parte, para el profesor de la Universidad de Buenos Aires Julio Burdman, el debate no pasará del momento mediático y el golpe de efecto que los candidatos buscan dar en este momento para captar la atención del electorado.

De allí la petición de los 100 intelectuales para que se discuta abiertamente la problemática relacionada con el narcotráfico y se trabaje a consciencia en una verdadera política antidrogas que contemple también los aspectos preventivos: empleo y educación, entre otros. Argentina parece llegar tarde al debate mundial que se viene dando desde hace varios años sobre cómo enfrentar la problemática de las drogas. Mientras en Estados Unidos, en Europa y en América Latina se están explorando modos de regulación legal, Argentina se dirige, según lo propuesto por los líderes políticos que gobernarán el país en el futuro, hacia un camino contrario. “No veo a Argentina siguiendo la tendencia marcada por países como Brasil, Colombia, Jamaica, Chile, México, y ni hablar de Uruguay”, señalan los expertos.

Sin importar quién gane las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre en Argentina, una cosa parece clara tras revisar las propuestas de los distintos candidatos a suceder a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada: el país pasará de haber coqueteado con la descriminalización de las drogas en 2008 a embarcarse en una estrategia de mano dura y militarización de la política antidrogas.

A una semana de la jornada electoral, el narcotráfico se ha convertido en uno de los temas recurrentes de esta campaña presidencial, sin llegar a ser el más relevante. La problemática fue apenas mencionada en el debate presidencial que se realizó a principios de octubre, y no fue sino hasta las más recientes semanas que medios de comunicación, académicos e intelectuales comenzaron a discutir sobre qué debe hacer Argentina para dar solución al tráfico de drogas.

Uno de los tres candidatos más opcionados, Sergio Massa, tomó como bandera de su campaña, la “guerra contra el narcotráfico”, y propuso, en un anuncio televisivo, penas más duras y una política de seguridad con mayor presencia e injerencia del Ejército en las fronteras. Con imágenes que bien podrían haber salido de alguna película de Hollywood, con helicópteros y aviones de combate, Massa se convirtió en el candidato que promete acabar con el problema de las drogas en Argentina.

Una vez alborotado el avispero, Mauricio Macri y Daniel Scioli, los otros dos candidatos con mayor opción a ocupar el sillón de Rivadavia, se vieron obligados a responder, aunque de manera poco contundente y clara. “Sus propuestas han sido ambiguas y parecen restarle importancia al debate”, señala el internacionalista Juan Gabriel Tokatlián, experto en políticas antidrogas.

Un documento firmado por más de 100 intelectuales argentinos alerta que las actuales propuestas sólo empeorarán el problema. “La negación o tergiversación (del narcotráfico) sólo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas, en contraposición con la legislación vigente”, enfatiza el texto.

Las dimensiones que ha tomado el problema del narcotráfico en Argentina, dicen los expertos, ameritan que quien vaya a ser presidente conozca el tema. El país se ha convertido en un territorio clave en la ruta de la cocaína proveniente de Bolivia, Colombia y México hacia Europa, y en el segundo en la región en términos de consumo. Aunque sus condiciones ambientales no son propicias para el cultivo de coca y no se han registrado plantaciones, la cercanía de las provincias norteñas de Salta y Jujuy con Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— y Paraguay —el principal productor de marihuana en Suramérica— las convierten en un campo fértil para que los narcotraficantes desarrollen allí sus actividades, destaca un reporte de Naciones Unidas.

Sin embargo, investigadores como el doctor en política Alberto Föhrig revelan que Argentina dejó hace mucho de ser sólo un país de tránsito, y que hoy exporta, consume y elabora drogas. “Hay una sensación de que en Argentina crece el narcotráfico y que por ello existen unos niveles de violencia relativamente inusitados para los parámetros generales del país”, explica por su parte Tokatlián.

Ejemplo de ello es lo sucedido en la ciudad de Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, uno de los puntos más calientes en la penetración del narcotráfico, en donde la tasa de homicidios en 2014 resultó entre tres y cuatro veces mayor que la media nacional. Igual sucede en varias ciudades de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires.

El narcotráfico se ha hecho también evidente tras la captura de importantes capos colombianos, como alias Mi Sangre, la muerte de varias personas a manos de sicarios por ajustes de cuentas y la presencia de células de carteles de República Dominicana, Perú, México y Colombia en varias ciudades del país.

Sin embargo, tal y como lo revela el informe Drogas: una iniciativa para el debate. Documento de Convergencia, uno de los problemas es que Argentina no cuenta actualmente con cifras que permitan hacer un diagnóstico integral del fenómeno de las drogas. “En épocas electorales, los ciudadanos vinculan la percepción de la inseguridad con narcotráfico, sin que esto sea necesariamente cierto”, dice Tokatlián, quien cita las cifras de la Encuesta de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella. Según este estudio, en 2004, 26% de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de un delito; nueve años después, la cifra es de 35%. “Esta situación se refuerza en un período electoral donde aparecen candidatos como Sergio Massa, que quiere involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico”, alerta.

“El gran problema es la relación existente entre narcos, violencia y corrupción política, judicial y policial. Actualmente, no hay ni una política ni una ley que dé marco a un nuevo enfoque, por tanto cada policía, juzgado o gobierno local hace lo que cree mejor, y así distintos problemas siguen hoy todos mezclados”, explica por su parte el politólogo Marcos Novaro.

Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella destaca que para el 66% de los argentinos el narcotráfico y el crimen organizado son los temas que más afectan al país. Las propuestas de los tres principales candidatos (ver recuadros) han calado negativamente en los líderes de opinión en el país. “Son propuestas irresponsables”, dice Jorge Battaglino, especialista en política latinoamericana. “No tienen en cuenta que la experiencia comparada indica que la intervención militar en la lucha contra el narco ha fracasado”.

Para Tokatlián, “entre los principales presidenciables sigue predominando la idea de cómo incorporar el país a la anacrónica y fútil guerra contra las drogas”. Por su parte, para el profesor de la Universidad de Buenos Aires Julio Burdman, el debate no pasará del momento mediático y el golpe de efecto que los candidatos buscan dar en este momento para captar la atención del electorado.

De allí la petición de los 100 intelectuales para que se discuta abiertamente la problemática relacionada con el narcotráfico y se trabaje a consciencia en una verdadera política antidrogas que contemple también los aspectos preventivos: empleo y educación, entre otros. Argentina parece llegar tarde al debate mundial que se viene dando desde hace varios años sobre cómo enfrentar la problemática de las drogas. Mientras en Estados Unidos, en Europa y en América Latina se están explorando modos de regulación legal, Argentina se dirige, según lo propuesto por los líderes políticos que gobernarán el país en el futuro, hacia un camino contrario. “No veo a Argentina siguiendo la tendencia marcada por países como Brasil, Colombia, Jamaica, Chile, México, y ni hablar de Uruguay”, señalan los expertos.