Un refugiado en la era de Trump: ‘A veces siento que nunca me fui de Colombia’

Julio Rodriguezmezcla su trabajo entre comediante y chofer de Uber para sobrevivir en Miami.

Foto: dvarela@miamiherald.com - Daniel A. Varela

Este era el momento que tanto había anhelado. O por lo menos, eso fue lo que pensó. Sentado en la silla de maquillaje del estudio de Mega TV en Miami, Julio Rodríguez repasaba el guión en su cabeza. Ya vestido de pies a cabeza en su disfraz blanco, con una cola de caballo negra y collares de piedra para interpretar el papel de un pastor en una entrevista subida de tono. No despegaba su ojo del reloj. Pronto, le tocaría salir a su otro trabajo: chofer de Uber. Esto fue un mes antes de que el coronavirus volcará su vida.

(Lea la nota principal del especial: ¿Cómo los corruptos de América Latina evitan las autoridades migratorias en EE.UU.?)

Rodríguez condujo a mucha gente por las calles de Miami en su Tahoe negra. Su trabajo en Uber le permitió conocer la playa, la bodega, el bar y el club de "striptease''. Miami contiene muchos mundos diferentes y todos existen a la misma vez. Pero, para un conductor que debe ganar $1.000 dólares a la semana para poder cubrir el pago del auto -que tiene una tasa de interés del 24% por su estatus migratorio-, el seguro y poner comida sobre la mesa, Miami puede ser un viaje aterrador.

Rodríguez es un solicitante de asilo. En el 2016, el artista dejó atrás una carrera de entretenimiento de 20 años en Colombia luego de que recibiera amenazas de muerte cuando su comedia se tornara en todo sentido, políticamente incorrecta. “Tuve que hacerlo por mi familia”, dijo Rodríguez. Desde ese entonces, la administración de Trump realizó más de 48 cambios de política migratoria del país, aumentando tarifas, reduciendo protecciones y haciendo todo lo posible para desincentivar que las personas emprendan el viaje hacia el norte. Algunas de las medidas pueden eludirse si uno tiene el dinero y contactos. Rodríguez no tiene ni lo uno ni lo otro.

Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional de Miami con su esposa y dos hijas pequeñas el día antes de Halloween en 2016. Su vida estaba en crisis. Pasó de ser un actor en Bogotá formando parte de elencos de teatro y apariciones en “Sábados Felices”, a temer por la vida de su familia. “Salí del bar donde me había presentado esa noche y encontré la boleta con la amenaza escrita a máquina el parabrisas”, dijo el hombre de 46 años de edad a el Nuevo Herald. “Yo no sé ni cómo manejé a casa”.

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Se apresuró a solicitar visas de turista (las cuales caducaron hace ya mucho tiempo) y huyó con su familia a los Estados Unidos. “No sabía si nos quedaríamos en Estados Unidos. Pero lo que era cierto es que era imposible quedarnos en Colombia”, dijo de su tierra natal, en aquel entonces presidida por Juan Manuel Santos.

Una semana después de que Rodríguez aterrizara en Miami, Donald J. Trump ganó la elección. Su promesa de construir un “gran, gran muro” se había convertido en un “grito de guerra” conservador, que marcó el comienzo de una Casa Blanca enfocada en una agenda nacionalista excluyendo a personas que, en otras épocas fueron bienvenidos. “Esta administración continúa encontrando formas nuevas y crueles de negar a los solicitantes de asilo sus derechos más básicos”, dijo Dennise Moreno, abogada y becaria del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (PASA).

Desde hace décadas, Miami ha sido el puerto seguro para muchos extranjeros, convirtiéndola en un símbolo de diversidad nacional. Durante varios años fue denominada una “ciudad santuario”, que limitaba la cooperación de autoridades locales para reforzar leyes migratorias. Con un presidente nuevo en la Casa Blanca, esa designación tuvo consecuencias para el alcalde del condado republicano, Carlos Giménez. El 25 de enero de 2017, cinco días después de su presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva reteniendo fondos federales de esas ciudades.

Mientras otras comunidades resistieron, Giménez desistió. Dos días después de esa orden ejecutiva, el presidente firmó otra. Impuso una suspensión de 90 días a personas provenientes de siete países musulmanes de visitar Estados Unidos y una restricción permanente a los refugiados sirios. La política cobró vigencia al día siguiente desatando un caos en los aeropuertos a lo largo del país.

En medio de todo eso, el 9 de febrero de 2017, la familia Rodríguez presentó su solicitud de asilo. Ahí comenzó la espera que aún no termina. "Nosotros le pedimos ayuda a otros amigos comediantes y artistas que también hicieron su petición de asilo'', explicó Rodríguez. “Nos recomendaron un ‘paralegal’ que no sería muy caro”. La familia vendió una tienda de comida saludable en Bogotá para mantenerse a flote. Rodríguez, su esposa y sus dos hijas se instalaron en un departamento en Kendall. Matricularon a la mayor en la escuela.

En abril de 2017, Rodríguez pisó por primera vez una oficina local del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Le tomaron sus huellas dactilares. Eso fue todo. A pesar de la inquietud y temor que sienten muchos con visas vencidas y la falta de respuesta (las suyas vencieron el 29 de abril de 2017), nadie ha vuelto a llamar. Según las reglas vigentes en aquel entonces, los solicitantes de asilo podían pedir su permiso de trabajo después de 150 días y obtenerlo en 30 días. Incluso entonces, Rodríguez enfrentó retrasos. Su permiso de trabajo tardó 219 días y llegó en noviembre de 2017.

Un amigo logró conseguirle un trabajo que pagaba en efectivo limpiando carros cerca del aeropuerto. Todos los días revisa el buzón de correo esperando recibir la convocatoria para su entrevista migratoria donde los expertos determinarán si existe un “temor creíble” y si Rodríguez enfrentaría represalias si fuera regresado a su país. La notificación brilla por su ausencia.

El que ríe de último

Conocido por su alias el “Nené” en Colombia, Rodríguez no es como otros comediantes tradicionales de América Latina. Por lo general, no se disfraza de personajes estereotípicos ni repite frases cliché. Rodríguez tiene alma de contestatario. Casi siempre sube al escenario vistiendo unos jeans oscuros, chaqueta de cuero y una de sus muchas camisetas de rock ‘n’ roll. Es un feroz crítico de Álvaro Uribe, el predecesor de Santos, acusándolo de arruinar el país, diciendo que está invadido por capos de la droga infiltrados en el gobierno. Aun siendo así, y según su declaración jurada, votó dos veces por Uribe, quien se encontraba en arresto domiciliario hasta el pasado 10 de octubre en medio de acusaciones de soborno.

Un militar que asistió a una función de Rodríguez lo citó al comediante a su oficina en la Escuela Colombiana de Inteligencia y Contrainteligencia. El coronel le hizo una propuesta: “Venga a enseñarle caracterización a los cadetes”. Rodríguez aceptó el trabajo, que consistía en enseñarle a los cadetes cómo emplear habilidades teatrales en operativos clandestinos. Se volvió una figura popular, ganándose el premio a mejor maestro del año. Un vocero del Ministerio de Defensa de Colombia confirmó al Herald que Rodríguez trabajó en la escuela militar desde 2014 hasta el otoño de 2016.

Un mes antes de la partida de Rodríguez, su esposa recibió la primera amenaza por teléfono. Una semana después, llamaron a Rodríguez. La voz masculina le detalló la rutina diaria de Rodríguez incluyendo los horarios en que recogía a las niñas en la escuela. Luego encontró la boleta supuestamente firmada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La copia examinada por el Herald acusaba a Rodríguez de “colaborar directamente con operaciones de inteligencia”, provocando la “muerte de muchos compañeros”. Rodríguez escribió en su solicitud de asilo que su trabajo con el Ejército lo había convertido en un blanco, lo cual era irónico para un hombre cuyo humor estaba lleno de críticas al gobierno.

Según los datos oficiales migratorios, 2.650 colombianos solicitaron asilo, de los cuales 370 fueron aprobados. Después de que Rodríguez llegó a Miami, la administración Trump apretó silenciosamente las restricciones, tanto que si intentara venir a Estados Unidos hoy como solicitante de asilo muy seguramente le negarían la entrada.

En enero de 2018, la administración anunció una nueva política de “último en entrar, primero en salir”. El propósito: eliminar la acumulación de solicitudes de asilo, dándole prioridad a los recién llegados para aumentar deportaciones evitando así que los solicitantes de asilo permanecieran en el territorio mucho tiempo.

El 2 de abril de 2018, la administración dio un paso más allá. Molestos por la vorágine de casos retrasados, el Departamento de Justicia le impuso una cuota a los jueces de inmigración, obligándolos a cerrar 700 casos al año. Según los críticos, este tipo de mandato le imposibilitaba a los solicitantes recabar la evidencia necesaria para sus casos. El 11 de junio el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, hizo un anuncio ominoso (para Rodríguez).

Sessionns dijo que las personas que son víctimas de “delitos privados, incluida la violencia doméstica y de pandillas, en su país de origen ya no calificarán automáticamente para el asilo en Estados Unidos”. Aunque el Departamento de Estado ha dicho que las guerrillas de Colombia cometen algunos de los peores abusos, incluidos "asesinatos políticos, asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad pública y funcionarios locales "y el uso generalizado de “secuestros y desapariciones forzadas”, ese tipo de actividad delictiva ya no era suficiente para garantizar una respuesta afirmativa.

“Las leyes de inmigración de nuestra nación estipulan que se otorgue asilo a las personas que han sido perseguidas, o que tienen un temor fundado de persecución, debido a su pertenencia a un ‘grupo social particular’, pero la mayoría de las víctimas de delitos personales no se ajustan a esta definición, no importa cuán vil y reprobable sea el crimen perpetrado contra ellos”, dijo Sessions. Sin embargo, un juez federal luego bloqueó la medida.

La vida en el limbo, esperando por los funcionarios de inmigración, ha limitado las opciones de Rodríguez. Dejó a miembros de su familia en Colombia. “Nuestra gran preocupación es nuestra familia en Colombia. Mi papá está envejeciendo. La abuela de mi esposa aún está viva”, recalcó Rodríguez. “Lo peor es no poder verlos, en otro país, pensar que algo podría pasar y no los veríamos a tiempo”. Mientras tanto, su vida sigue colgando en la balanza.

En julio de 2019 el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, negoció una serie de acuerdos con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Bajo la nueva política, los migrantes deberán solicitar asilo en el primer país que ingresen en su viaje hacia Estados Unidos. De no hacerlo, Estados Unidos tendría la potestad de negarles el ingreso al país. Como estos acuerdos no fueron catalogados como tratados, no requirieron la aprobación del Congreso. Estas disposiciones también afectaron a miles de cubanos y venezolanos varados en México.

Un memorándum filtrado escrito por el subdirector del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Mark Koumans, alentó a los empleados de la agencia a ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con su carga de casos en la frontera en lugar de procesar los expedientes de personas como Rodríguez. El resultado: para fines del año fiscal 2019, el retraso de todos los casos judiciales de inmigración, incluido los de asilo, superó los 869.000. El COVID solo lo empeoró: el nuevo recuento supera 1.1 millones, según el Departamento de Estado.

Para febrero de 2020, el Departamento de Justicia anunció una serie de aumentos a las tarifas de los trámites migratorios incluyendo cobrarle a los solicitantes de asilo $495 dólares por los permisos de trabajo y una tarifa de $50 dólares para que sus casos sean escuchados en los tribunales. Solo otros tres países cobran tarifas por las solicitudes de asilo: Irán, Fiji y Australia. La administración también aumentó las tarifas por otros servicios, como la apelación de órdenes de deportación, solicitudes de ciudadanía y residencia.

James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que administra los tribunales de inmigración, calificó los aumentos de tarifas como “marginales”. Rodríguez tendrá que tomar esto en cuenta cuando presente la renovación de los permisos de trabajo el 9 de diciembre de 2021. Esto le representará $1,470 dólares. Esa vez también tendrá que pedir el permiso de trabajo de su hija mayor, quien cumple la mayoría de edad el próximo julio. Sin embargo, un juez en California otorgó una orden preliminar en septiembre para detener temporalmente la implementación de las nuevas tarifas que comenzarán este mes.

Potencialmente peor para Rodríguez es la ampliación de una provisión existente en la ley del XIX conocida como la “regla de carga pública”. Este cambio tenía como objetivo denegar la residencia a los inmigrantes que pudieran buscar ayuda gubernamental en el futuro. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que esta regla no se aplicará a los solicitantes de asilo, nadie sabe si esto pudiera cambiar. Rodríguez siguió esperanzado.

La familia todavía vivía en un apartamento de dos habitaciones en Kendall. Su esposa ahora trabajaba como gerente en un restaurante local. Entre los dos cheques de pago, Rodríguez y su esposa se las arreglaban. Finalmente las cosas agarraron rumbo.

Rodríguez no renunciaba a su sueño. El Miami Improv tenía una noche a la semana dedicada a las presentaciones en español. Rodríguez se lanzó como pez en el agua. Comenzó un podcast, llamado “Amnesia”. Incluso actuó en una serie de Univisión. Pero no fue suficiente para renunciar al Uber.

“Esta es una ciudad difícil”, dijo Rodríguez. Finalmente llegó su momento estelar consiguiendo un papel en El Show de Alexis Valdés. Rodríguez fue todo un éxito. Todo parecía ir viento en popa, hasta que pegó el coronavirus en marzo de 2020. Cancelaron todo, hasta Rodríguez. Se acabaron las noches de comedia stand-up. El alcalde ordenó el cierre de negocios. El restaurante que empleaba a su esposa, como cualquier otro restaurante, cerró. Bajo toque de queda, el trabajo en Uber también se paró

Lo único que no se detuvo fueron las facturas, incluido el pago del automóvil de $800 dólares con la aplastante tasa de interés del 24%. Aunque el condado detuvo los desalojos, la empresa que administra el condominio aún esperaba su dinero. Luego, el programa de Valdés se suspendió de manera indefinida. Como todos tenían un número de seguro social y pagan impuestos, Rodríguez y su esposa recibieron un cheque de estímulo del Servicio de Impuestos Internos. No lo cobraron, temerosos de que el gobierno quisiera recuperarlo.

En abril, la administración “detuvo” la inmigración legal. La medida suspendió casi todos los programas de visas y la lotería, que emite 50.000 residencias al año. A los residentes permanentes se les prohibió intentar traer a sus cónyuges e hijos. Las instalaciones de USCIS y los consulados de EE.UU. cerraron debido a la pandemia. De repente sonó el teléfono. Había una pequeña oportunidad.

Hoy, su alarma suena a las 5 a.m. Se viste, se pone una máscara y conduce hasta un centro de distribución de alimentos en Hallandale Beach. Mientras espera en el estacionamiento, las camionetas cargan cientos de comidas calientes. Con el cierre de los comedores públicos y los centros para personas mayores, los más pobres y frágiles del condado siguen necesitados de sus comidas. Esos almuerzos no se entregarán solos. Rodríguez espera en cola con los conductores de respaldo en Lean Delivery. Hasta ahora ha tenido suerte.

Durante ocho días seguidos, ha podido reemplazar a conductores de la planilla que se ausenta. Carga 120 comidas en la parte trasera de la Tahoe, que hace meses recorría las partes más exclusivas de la ciudad y ahora es un camión de comida. Muchos lo esperan en la acera o sentados en el portón de afuera. “Dios lo bendiga”, una señora anciana le dice a Rodríguez.

El Instituto de Política Migratoria estimó que seis millones de inmigrantes trabajan en empleos en la primera línea: atención médica, producción de alimentos y entrega de mandados a domicilio aumentando su riesgo de exposición y contracción del coronavirus.

Mientras tanto, las restricciones a la inmigración siguen aumentando. Bajo un nuevo reglamento en la Florida, personas que enfrentan la deportación deberán presentar un pasaporte vigente y un formulario I-94, el documento federal que prueba que ingresaron a EE.UU. legalmente. Rodríguez no se vio afectado de inmediato, pero podría estarlo en el momento de la renovación.

Hasta ahora, ha renovado su licencia de conducir dos veces, y muestra que tiene un salvoconducto y está a la espera de las autoridades migratorias. Su próxima fecha de renovación es el 14 de noviembre, 10 días después de las elecciones presidenciales. Otro cambio tendrá un gran impacto a futuro: aumentó el tiempo de espera para su permiso de trabajo. Ahora los solicitantes de asilo deberán esperar un año antes de enviar su petición, a menos que cumpla con una “excepción extraordinaria”, pero nadie sabe lo que esto significa.

Cualquier solicitud de permiso de trabajo presentada por un solicitante de asilo puede ser denegada si existe algún tema administrativo pendiente, incluso un error tipográfico o no llenar la casilla de un segundo nombre. Si una solicitud de asilo es rechazada, también se cancelará automáticamente el permiso de trabajo inmediatamente.

“Estamos a la merced de que cualquier cosa cambie de la noche a la mañana”, dijo Rodríguez. “El hecho de que estemos bien hoy no significa que lo estaremos mañana”. En el ínterin, Rodríguez está regresando a la comedia. No es a pasos agigantados, pero es algo. Los martes transmite un programa de YouTube desde el cuarto de su hija llamado “Políticamente en su Recto”.

“Todos creen que esta ciudad es cosmopolita, llena de personas bellas como lo que uno puede apreciar en lugares como Miami Beach, Brickell, o Wynwood. Creemos que es arte, el festival de Ultra y Key Biscayne. Pero en realidad, hay mucha pobreza, más de lo que muchos se imaginan”, recalcó Rodríguez. “A veces siento que nunca me fui de Colombia”.

*Fabio Posada periodista independiente informó desde Cali, Colombia. Marcos Martínez Chacón de Aristegui Noticias informó desde la Ciudad de México. La reportera de inmigración del Herald, Monique O. Madan colaboró con este despacho. Este proyecto investigativo es financiado por el Fondo para el Periodismo de Investigación en asociación con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Nuevo Herald.