15 Jan 2019 - 12:58 a. m.

Una ola de vandalismo en Brasil, la primera prueba de fuego de Bolsonaro

El recién posesionado presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a una crisis social en la región nordeste de su país. La violencia se ha tomado las calles y las soluciones del gobierno parecen no ser efectivas a largo plazo.

- Redacción Internacional

Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019. / AFP
Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019. / AFP

Desde hace dos semanas el terror se apoderó de Ceará, uno de los 26 estados que componen Brasil. El vandalismo comenzó a azotar la región sin compasión, afectando a más de 50 ciudades, siendo Fortaleza, su capital, la más impactada. Las llamas ya han consumido autobuses, tiendas y la tranquilidad de los habitantes de la zona; y aunque la violencia no es algo nuevo para este estado, pues fue considerado el tercero más violento del país en 2017 con una tasa de 59 muertos por cada 100.000 habitantes, la radicalización de actos vandálicos fue una situación inesperada.

“Hay autobuses que no podemos tomar, nunca sabemos si volveremos a casa, algunas paradas están muy lejos…es una inseguridad total…podemos decir que estamos a merced de los bandidos”, aseguró una de las habitantes de Fortaleza.

Todo parece indicar, según las autoridades, que el detonante de la crisis fue el endurecimiento de las medidas penitenciarias del gobierno con las que se pretende luchar contra el crimen organizado dentro de las cárceles. Desde los centros de reclusión algunos criminales parecen mantener el control de sus actividades delictivas, según informan las autoridades locales. Además, en 2018, la guerra de mafias rivales dejó decenas de muertos en varias prisiones del país. La principal disputa se da entre los Guardianes del Estado y el Comando Vermelho, dos conocidos grupos de narcotraficantes en la región. 

Uno de los cambios más polémicos es el de detener la práctica de separar a los prisioneros según el grupo al que pertenecen, lo que contribuiría a desarticular las bandas criminales. También entró en vigor la prohibición entrar teléfonos móviles a los centros penitenciarios. El secretario de la Casa de Gobierno de Ceará, Élcio Batista, defendió la articulación de una política nacional entre los estados para acabar con el crimen organizado, pues asegura que los estados no pueden solucionar el problema solos.

“Estamos hablando de tráfico de drogas y armas, lavado de dinero. Son crímenes federales. Estamos hablando de cuestiones que han traspasado las fronteras del país, de delitos internacionales. Este es el gran desafío que hay que enfrentar, porque no estamos hablando de un problema ubicado en Ceará. Ya ocurrió en los últimos años en Epírito Santo, Acre, Sao Paulo, Río de Janeiro y Río Grande”, señaló Batista.

Si bien se necesita un plan integral para derrotar al crimen organizado, la crisis social que surgió en Ceará plantea un gran interrogante para su ejecución: ¿cómo luchar contra el crimen sin generar más caos?

Hasta el momento se han registrado más de 200 actos de vandalismo que incluyen incendios, explosiones, y ataques a propiedad pública y privada. Además, se han arrestado a más de 200 ciudadanos por participar de las agresiones. El recién investido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dentro de sus banderas principales tiene aumentar la seguridad, pidió que se declaren actos terroristas a los eventos en Ceará.

“Sus actos, como incendiar o hacer explotar bienes públicos o privados, deben ser tipificados como terrorismo”, afirmó el presidente desde su cuenta de Twitter. Le puede interesar: Bolsonaro denuncia "terrorismo" por ataques en Brasil

Para contener la ola de violencia, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, envió tropas a la zona para preservar el control del gobierno. Sin embargo, Luiz Fábio Paiva, investigador de la Universidad Federal do Ceará, asegura que el uso de la fuerza es una acción limitada y por ello no promueve un cambio real en el escenario de la violencia.

Así que, si la represión no muestra ser la solución, el gobierno debe encontrar otros caminos para erradicar a las bandas criminales. El coordinador de la ONG Centro Defensa da Vida, Herbert de Souza, destaca que los involucrados en la violencia suelen tener el mismo perfil: jóvenes en contexto de abandono y en zonas con poca infraestructura urbana. Por ello, investigadores como Fábio Paiva aseguran que el gobierno debería tener políticas orientadas al bienestar social en lugar de medidas represivas.

“Si no lo haces, efectivamente, no tienes solución a un problema que es muy serio y que, desafortunadamente, ha sido tratado con amateurismo y bravuconería”, asegura Fábio Paiva. Le puede interesar: El programa de Gobierno que Bolsonaro intentará implementar en Brasil

Pero la respuesta del gobierno simplemente ha sido la represión. “En los últimos 15 o 20 años, la acción ha sido básicamente enviar a la Fuerza Nacional al Estado y abrir vacantes en el sistema penitenciario federal para transferir a algunos líderes de facciones criminales”, asegura Batista. Luego de que la crisis en Ceará cumpliera más de una semana, el gobierno mandó más de 400 soldados para reforzar la seguridad y trasladó a algunos reos, varios de ellos jefes criminales, a otros centros penitenciarios, como es el conducto regular del gobierno. Pero las intervenciones militares recientes son una prueba de que por la fuerza no se consiguen resultados.

El investigador César Barreira, coordinador del Laboratorio para el Estudio de la Violencia en la Universidad Federal de Ceará, asegura que “el tema de la planificación tiene que hacerse de una manera muy rigurosa para que tengamos acciones a corto, mediano y largo plazo. No podemos contener la violencia con violencia. Hay que contenerlo con inteligencia, con racionalidad”.

La naturaleza del gobierno brasileño debe cambiar hacia una estrategia más profunda para erradicar el problema de raíz. Sin embargo, el nuevo mandatario no de señales de resolver la situación por la vía pacífica. El presidente ha señalado que la policía deber resolver el problema del crimen, y que, si un agente mata a diez, 15 o 20 delincuentes con diez o 30 tiros en cada uno “debería ser condecorado y no procesado”. Con esas limitaciones, ¿podrá Bolsonaro y su equipo de gobierno lidiar con esta crisis?

El recién posesionado presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a una crisis social en la región nordeste de su país. La violencia se ha tomado las calles y las soluciones del gobierno parecen no ser efectivas a largo plazo.

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