Vidas robadas

Abel y Francisco Madariaga son padre e hijo, y su caso es casi único. Francisco nació hace 35 años en Campo de Mayo, una guarnición militar en la provincia de Buenos Aires, que se hizo célebre por ser uno de los principales centros de reclusión y tortura durante la última dictadura militar en Argentina. Pero además, porque fue uno de los sitios donde se instauraron salas de maternidad clandestinas, donde los militares llevaban a las jóvenes embarazadas capturadas por el Ejército. En este lugar daban a luz a sus hijos. Que pocos días después serían arrebatados de sus brazos. Que pocos días después serían entregados a militares o familias cercanas a la dictadura.

Allí nació Francisco, un 5 de julio de 1977. A las pocas horas de nacido sería separado de su madre. Ella, sería arrojada al mar, en uno de los “vuelos de la muerte”. Él, sería entregado al oficial de inteligencia Víctor Francisco Gallo y a su esposa, Inés Susana Colombo, quienes lo registraron como su hijo. Francisco Madariaga, fue primero Alejandro Gallo.

Hace dos años, gracias a la labor hecha por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, se convirtió en el nieto 101 en ser recuperado. Supo que los que decían ser sus padres, no lo eran. Que su apellido no era Gallo, ni su nombre Alejandro. Que era Francisco Madariaga, que su madre había sido asesinada en la dictadura y su padre, el verdadero, se llamaba Abel, seguía vivo y lo buscaba. Hace dos años que Abel y Francisco son padre e hijo. Único caso. No existe otra pareja de padre e hijo, vivos, víctimas de la dictadura.

El pasado jueves Francisco cumplió años y no hubo celebración. Las cámaras de televisión lo enfocaron llorando, con una mezcla de dolor y felicidad, sentado en los Tribunales de Comodoro Py, mientras leían la sentencia contra Susana Colombo y Víctor Gallo, sus “apropiadores”. Junto a ellos, otros siete militares, incluidos los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone. Todos fueron declarados culpables por lo que se describió como un plan sistemático de robo de bebés.

En su defensa, Videla argumentó que fueron hechos aislados. Dijo que las madres, como militantes, “usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos”. Pero las pruebas eran irrefutables. Contra él, y contra todos los militares y civiles que participaron del delito, existían testimonios de 900 víctimas de la dictadura, que constataron la existencia de maternidades clandestinas.

El juicio, que comenzó en 2011, luego de retomar una denuncia presentada hacia más de 15 años por Abuelas de Plaza de Mayo, resultó en una condena de 50 años para Jorge Videla, quien ya había sido condenado en diciembre de 2010 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y 15 años para Reynaldo Bignone. Asimismo, los militares Antonio Vanek, Jorge Eduardo Acosta, el responsable del Hospital Militar Santiago Riveros y el obstetra Jorge Magnacco fueron condenados a 40, 14, 20 y 10 años, respectivamente. Víctor Gallos y Susana Colombo recibieron condenas de 15 y 5 años.

“Esto no nos pasó solamente a nosotros, sino a todo el pueblo argentino, pudimos avanzar en la justicia”, decía, sobre una tarima, Victoria Montenegro, una de las nietas recuperadas. Sin embargo, las heridas que abrió la dictadura son difíciles de cerrar. Algunos, como Abel, piden penas más severas. “Como sociedad tenemos que crecer en el castigo a los apropiadores”, aseveró.

Otros señalan que las investigaciones judiciales tienen que empezar a involucrar a todos aquellos que colaboraron con los militares. Se prevé que los juicios continúen. Que el estamento argentino discuta sobre todos aquellos que tuvieron responsabilidad en estos delitos. Aún existen militares prófugos; pero sobre todo, existen todavía más de 400 casos de hijos de desaparecidos que no conocen su verdadera identidad.

Abel y Francisco Madariaga son padre e hijo, y su caso es casi único. Francisco nació hace 35 años en Campo de Mayo, una guarnición militar en la provincia de Buenos Aires, que se hizo célebre por ser uno de los principales centros de reclusión y tortura durante la última dictadura militar en Argentina. Pero además, porque fue uno de los sitios donde se instauraron salas de maternidad clandestinas, donde los militares llevaban a las jóvenes embarazadas capturadas por el Ejército. En este lugar daban a luz a sus hijos. Que pocos días después serían arrebatados de sus brazos. Que pocos días después serían entregados a militares o familias cercanas a la dictadura.

Allí nació Francisco, un 5 de julio de 1977. A las pocas horas de nacido sería separado de su madre. Ella, sería arrojada al mar, en uno de los “vuelos de la muerte”. Él, sería entregado al oficial de inteligencia Víctor Francisco Gallo y a su esposa, Inés Susana Colombo, quienes lo registraron como su hijo. Francisco Madariaga, fue primero Alejandro Gallo.

Hace dos años, gracias a la labor hecha por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, se convirtió en el nieto 101 en ser recuperado. Supo que los que decían ser sus padres, no lo eran. Que su apellido no era Gallo, ni su nombre Alejandro. Que era Francisco Madariaga, que su madre había sido asesinada en la dictadura y su padre, el verdadero, se llamaba Abel, seguía vivo y lo buscaba. Hace dos años que Abel y Francisco son padre e hijo. Único caso. No existe otra pareja de padre e hijo, vivos, víctimas de la dictadura.

El pasado jueves Francisco cumplió años y no hubo celebración. Las cámaras de televisión lo enfocaron llorando, con una mezcla de dolor y felicidad, sentado en los Tribunales de Comodoro Py, mientras leían la sentencia contra Susana Colombo y Víctor Gallo, sus “apropiadores”. Junto a ellos, otros siete militares, incluidos los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone. Todos fueron declarados culpables por lo que se describió como un plan sistemático de robo de bebés.

En su defensa, Videla argumentó que fueron hechos aislados. Dijo que las madres, como militantes, “usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos”. Pero las pruebas eran irrefutables. Contra él, y contra todos los militares y civiles que participaron del delito, existían testimonios de 900 víctimas de la dictadura, que constataron la existencia de maternidades clandestinas.

El juicio, que comenzó en 2011, luego de retomar una denuncia presentada hacia más de 15 años por Abuelas de Plaza de Mayo, resultó en una condena de 50 años para Jorge Videla, quien ya había sido condenado en diciembre de 2010 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y 15 años para Reynaldo Bignone. Asimismo, los militares Antonio Vanek, Jorge Eduardo Acosta, el responsable del Hospital Militar Santiago Riveros y el obstetra Jorge Magnacco fueron condenados a 40, 14, 20 y 10 años, respectivamente. Víctor Gallos y Susana Colombo recibieron condenas de 15 y 5 años.

“Esto no nos pasó solamente a nosotros, sino a todo el pueblo argentino, pudimos avanzar en la justicia”, decía, sobre una tarima, Victoria Montenegro, una de las nietas recuperadas. Sin embargo, las heridas que abrió la dictadura son difíciles de cerrar. Algunos, como Abel, piden penas más severas. “Como sociedad tenemos que crecer en el castigo a los apropiadores”, aseveró.

Otros señalan que las investigaciones judiciales tienen que empezar a involucrar a todos aquellos que colaboraron con los militares. Se prevé que los juicios continúen. Que el estamento argentino discuta sobre todos aquellos que tuvieron responsabilidad en estos delitos. Aún existen militares prófugos; pero sobre todo, existen todavía más de 400 casos de hijos de desaparecidos que no conocen su verdadera identidad.