Violencia: una vieja conocida

En febrero de 2007, policías guatemaltecos asesinaron y quemaron a tres diputados salvadoreños miembros del Parlamento Centroamericano. Algunas de las víctimas eran también miembros prominentes de la Asamblea Legislativa salvadoreña, pertenecientes al entonces partido gobernante. Las investigaciones iniciales mostraron que los autores eran oficiales de una unidad élite de la división de investigaciones criminales de la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Algunos de ellos fueron arrestados cinco días después y enviados a una prisión de máxima seguridad. Tres días más tarde, estos mismos policías fueron asesinados por un comando que penetró a la prisión. Investigaciones posteriores señalaron a ex diputados guatemaltecos y salvadoreños como responsables del crimen de los diputados; mientras que algunos reportes vincularon a uno de los diputados víctimas como miembro de una organización de narcotraficantes.

Este caso ilustra los niveles de penetración de las redes criminales en las organizaciones estatales centroamericanas. El llamado triángulo norte de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras) es actualmente una de las regiones más violentas del mundo. Datos de las autoridades locales indican que para el año 2010, Honduras y El Salvador alcanzaron tasas de homicidio por encima de 70 muertes por cada cien mil habitantes; en Guatemala, regiones del norte del país están bajo control casi completo de organizaciones criminales. En algunas de estas regiones, las tasas de homicidio quintuplican los promedios nacionales.

Las explicaciones más frecuentes sobre los altos niveles de violencia en Centroamérica apuntan a la penetración del crimen organizado y a la expansión de las pandillas juveniles, las llamadas “maras”. Sin embargo, un examen más detallado sugiere que las causas y los precipitantes de la violencia en Centroamérica están más arraigados en una larga historia de conflictos y violencia.

Datos de los anuarios de la Organización Panamericana de la Salud indican que en los años sesenta, mucho antes de que comenzaran las guerras civiles y los conflictos políticos en la región, países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua ya tenían tasas de homicidios que superaban las 25 muertes por cada cien mil habitantes, por encima de las tasas colombianas de la época. Los registros de instituciones salvadoreñas que datan de los años cincuenta muestran que este país centroamericano tenía entonces tasas de homicidio de 35 muertes por cada cien mil habitantes.

La violencia no es nueva en Centroamérica. Sus expresiones, sin duda, han cambiado a través de los años, pero es un error pensar que la violencia criminal aparece solo con el fin de los conflictos políticos, con el surgimiento de las maras y la penetración del crimen organizado. La violencia ya existía como resultado de la práctica de los estados centroamericanos de delegar y externalizar la utilización de la violencia por medio de grupos armados informales, los cuales en muchos casos sustituían a las instituciones estatales en la imposición del orden y la seguridad.

En los ochenta, estos grupos actuaron como escuadrones de la muerte y paramilitares durante las guerras civiles, al tiempo que aprovecharon sus contactos con los servicios de inteligencia y la impunidad derivada de su acceso al poder para establecer los primeros vínculos con los narcotraficantes suramericanos. Cuando se firmaron los pactos de paz y las transiciones políticas hacia la democracia se hicieron una realidad, muchos de estos grupos no se desmovilizaron completamente. Algunos de ellos, protegidos por la sombra de políticos y empresarios locales, se transformaron en bandas de crimen organizado o en grupos de limpieza social que siguieron actuando en contra de criminales de poca monta y pandilleros. Paradójicamente, el fin de las guerras civiles a mediados de los noventa produjo un aumento de la violencia común que marcó a Centroamérica como una región muy insegura.

La guerra contra el narcotráfico en Colombia y el bloqueo de las rutas tradicionales por el Caribe hicieron que los carteles pusieran su mirada sobre nuevas rutas por Centroamérica. Muchos de los viejos contactos entre los antiguos grupos armados se desempolvaron y grupos criminales con acceso al poder político que habían estado “dormidos” se reactivaron para poder proteger las demandas de las nuevas rutas a través de la región. En la búsqueda por asegurar las rutas por Centroamérica, narcotraficantes encontraron en las selvas centroamericanas y en las débiles y corruptas instituciones locales, el terreno perfecto para el asentamiento de sus operaciones de traslado y transporte de drogas hacia el norte. A cambio por la protección, los traficantes inundaron la región con drogas y aumentaron el ya voluminoso arsenal de armas de guerra. Más aún, los traficantes colombianos y mexicanos encontraron también capital humano, con gente especializada en el uso de la violencia extrema como herencia de los largos años de guerras civiles.

Mientras tanto, las maras, las cuales se habían formado bajo los modelos culturales de las pandillas del sur de California como resultado de la fuerte migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos, comenzaron a ser utilizadas como el chivo expiatorio de toda la violencia y la criminalidad. Pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que a finales de los noventa constituían en realidad un problema menor de inseguridad, comenzaron a transformarse en grandes organizaciones transnacionales cuando los gobiernos de turno impulsaron las campañas de súper mano dura y de cero tolerancia.

Muchas de esas campañas, las cuales tenían fines electorales, extendieron los límites de la violencia legítima por parte del Estado y echaron mano de grupos informales armados y paramilitares para limpiar barrios de pandilleros. En respuesta, las pandillas aumentaron sus niveles de cohesión interna, desarrollaron amplias estructuras territoriales y eligieron líderes transnacionales, lo cual les permitió negociar con los grandes carteles criminales, establecer grandes redes lucrativas de extorsión en los centros urbanos y servir como los distribuidores locales de la droga sobrante del tráfico intercontinental. A finales de los planes de mano dura, la violencia en Centroamérica es aún peor. Varios de los responsables policiales y militares de esas políticas aparecieron vinculados con el crimen organizado y las pandillas emergieron más poderosas que nunca.

* Profesor visitante de Florida International Univesity y becario del programa de Seguridad, Drogas y Democracia en América Latina (LASDD), financiado por Open Society y coordinado por Social Science Research Council y Universidad de Los Andes.