La reforma de pensiones en Francia fue aprobada en primer debate en la mañana de este jueves. Propuesta por el presidente Macron bajo su promesa de hacer un cambio profundo en el país, el proyecto queda a la espera de un nuevo debate en la Asamblea Nacional para que sea ratificada oficialmente.
Es importante aclarar que la rama Legislativa de Francia funciona de forma bicameral. El Parlamento (Congreso) está dividido en dos cámaras: el Senado, que corresponde a la Cámara Alta y ya aprobó la reforma; y la Asamblea Nacional, la Cámara Baja que discutirá en la tarde de este jueves el proyecto y decidirá si la reforma es un éxito o un debacle político para Macron.
Para que una reforma, en este caso la pensional, sea aprobada y ratificada en Francia, debe de tener aprobación mayoritaria tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional.
El proyecto, que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64, recibió 193 votos a favor y 114 en contra, con 38 abstenciones en el Senado, aunque continúa la incertidumbre sobre si obtendrá en la tarde los votos cruciales de los diputados tras semanas de protestas masivas.
“El Senado acaba de aprobar la reforma de las pensiones (...) Estaremos esta tarde en la Asamblea Nacional [a partir de las 2 p.m. con la misma voluntad de que esta reforma esencial salga adelante”, trinó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.
El gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.
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Pero más allá del proyecto, Macron, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.
Desde el miércoles por la noche, multiplica las reuniones de crisis con el gobierno y los grupos oficialistas para asegurarse que existe una mayoría, que evitaría activar un polémico procedimiento parlamentario: el artículo 49.3 de la Constitución.
Este le permitiría la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrían frenarla si aprueban una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne. Algunos ya avanzaron que presentaran mociones.
Someter la reforma al voto de los diputados y perderlo “obstaculizaría gravemente” el “resto de su mandato”, pero recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”, advirtió el diario francés L’Opinion.
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Ante esta disyuntiva, la diputada oficialista Aurore Bergé abogó en la cadena CNews por “ir al voto” y consideró que la disolución evocada la víspera por Macron en caso de revés, según los participantes a una reunión, permitiría obtener una “aclaración”.
Pero convocar nuevas elecciones legislativas, menos de un año después de las últimas, sería una apuesta arriesgada, máxime cuando el partido ultraderechista de Marine Le Pen, opuesto a la reforma, aparece reforzado, según los observadores.
París, epicentro de las marchas
Las miradas están puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en “una veintena” de legisladores de LR que, según el senador Bruno Retailleau, votarían en contra.
Los sindicatos llamaron “solemnemente” a los parlamentarios a votar contra una reforma “injusta” y contra la que manifestaron el 7 de marzo entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.
Sin embargo, la contestación parece caer, a medida que los franceses reconocen que se acabará aplicando esa ley. Y las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continúan, aunque con menos fuerza.
Pero los opositores de la reforma siguen manifestándose. Thomas Portes, diputado opositor expresó que “una vez más, el poder se ha deshonrado a sí mismo […[. Llamo a todos los que se oponen a esta reforma a que marchen sobre París (...) No dejen que les roben dos años de vida”, trinó.
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En cambio, el líder histórico de la formación izquierdista La Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon, apeló por Twitter a los diputados a “corregir esta negación de la democracia” que para él supone votar un proyecto que tiene, según las encuestas, el rechazo del 68 % de los franceses.
Los principales líderes sindicales se congregarán al mediodía ante la Asamblea para realizar un último llamado a los diputados y se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.
En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
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