Desde 2014, cuando Suecia presentó la primera política exterior feminista (PEF) al mundo, esta ha sido adoptada por un total de 14 países y abandonada posteriormente por 5 de ellos, mientras que 8 más han manifestado interés en desarrollarla. En noviembre de 2022, Colombia se convirtió en la tercera de América Latina, después de México y Chile, en anunciar su intención de lanzar una PEC pacifista, interseccional y participativa.
Más allá de los distintos matices nacionales, toda política exterior feminista evidencia un compromiso ético con la igualdad de género, la paz, la justicia social, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos vulnerables y el cuidado, y busca integrar estos elementos al ejercicio internacional, tanto bilateral como multilateral. Para ello, también aboga por el desmantelamiento del patriarcado, un sistema social que históricamente ha otorgado poder y privilegio a los hombres al tiempo que ha reproducido la opresión y discriminación de las mujeres y las personas de sexualidades diversas.
Además de ser la raíz estructural de la concentración del trabajo de cuidado no remunerado y la pobreza de tiempo en las mujeres y niñas, la brecha salarial con los hombres y el continuum de violencias de género, el patriarcado concibe el reparto de poder como un juego de suma cero, con lo cual refuerza la subrepresentación femenina en cargos de liderazgo político, económico y militar. Su vínculo orgánico con otros sistemas como el racismo y el capitalismo también explica la desigualdad y subyugación basadas en raza, etnia y clase social, entre otros.
La incorporación de una política exterior feminista fue una apuesta congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia: potencia mundial de la vida” dado el compromiso del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez con la transformación estructural, la paz integral, la seguridad humana, la justicia social y ambiental, y los enfoques de género, interseccional y étnico-territorial, así como el reconocimiento de las mujeres en su diversidad como actores esenciales de cambio. Desde sus inicios se pensó como una estrategia complementaria al primer Plan de Acción Nacional (PAN) de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones sobre Mujer, Paz y Seguridad, una deuda histórica del Estado colombiano en cuya construcción participaron organizaciones de mujeres feministas, campesinas, indígenas y afrodescendientes y personas LGBTIQ+ de todo el territorio nacional.
En el caso específico de la PEF y luego de sortear las etapas iniciales de elaboración con amplia participación de la sociedad civil y academia, a mediados de 2024 se creó la figura de una embajadora itinerante para subrayar el lugar prioritario de los asuntos de género dentro de la política exterior del Gobierno Nacional y para liderar y coordinar el trabajo diplomático relacionado con esta agenda entre las distintas misiones multilaterales y bilaterales de Colombia en el exterior, así como con la Cancillería. Dicho trabajo se ha concentrado en aumentar la visibilidad y el protagonismo de Colombia en distintos espacios regionales e internacionales en función de la defensa de la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTIQ+, así como la socialización de las experiencias vividas y buenas prácticas vinculadas a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Estas últimas han sido sistematizadas en coordinación con el programa de cooperación Sur-Sur, “De Colombia al Mundo” de la APC Colombia con miras a apoyar la integración de los enfoques de género y diversidad sexual a las políticas de paz desarrolladas en otros países.
Pese a los logros, que no son intrascendentes, la PEF colombiana enfrenta desafíos múltiples. Primero, al ser un instrumento separado del espectro conjunto de la política exterior del país, su despliegue no ha sido sistemático. Tampoco ha contado con el respaldo institucional necesario. Segundo, los avances en su formalización son escasos. Además de oficializarse tan solo cuatro meses antes de terminar el Gobierno, el enfoque de género no ha sido transversalizado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se ha implementado un protocolo robustecido de prevención de violencias basadas en género y los puestos directivos de la Cancillería evidencian disparidades marcadas entre hombres y mujeres. De 74 cargos de embajador en planta externa —sumando embajadas, misiones, consulados generales y embajadas itinerantes— 45 son ocupados por hombres y 29 por mujeres, distribución lejana de la paridad sustantiva, mientras que en planta interna 18 posiciones directivas son ejercidas por hombres y 11 por mujeres.
Tercero, la voluntad política ha sido contradictoria. Al tiempo que la Casa de Nariño ha apoyado proyectos de envergadura como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la emisión de directivas presidenciales para la adopción de protocolos contra la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación y para la protección de la población LGBTIQ+ y la firma del decreto de la PEF, por solo nombrar algunos, regularmente el primer mandatorio ha tenido pronunciamientos sexistas y absuelto incluso a figuras públicas acusadas de violencia de género. Lejos de ser inofensivos, estos actos legitiman y reproducen relaciones de dominación ancladas en el patriarcado que el Gobierno nacional ha prometido combatir.
En el contexto mundial actual, caracterizado por el aumento de las guerras, la conflictividad, la violencia —comenzando por la de género— la polarización política y el gasto militar, el deterioro ambiental acelerado y la parálisis creciente del orden multilateral basado en reglas, la derecha radical viene tergiversando globalmente las agendas de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y derechos LGBTIQ+ en función de un proyecto autoritario, nacionalista y patriarcal común. No se tratan de asuntos de “nicho” ni “ideologías” amenazantes que las narrativas cristianas alternativas sobre la mujer y la familia están llamadas a combatir, sino la punta de lanza para sembrar divisiones dentro de nuestras sociedades y atacar los derechos humanos y la democracia en general. Entender y combatir esta avanzada extremista es una tarea urgente en la que la política exterior feminista, a la par con otras centradas en la protección, dignificación y cuidado de la vida, tiene un papel crucial que jugar. Ojalá perdure.
* La autora estuvo en el equipo de empalme del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y posteriormente ejerció los cargos de embajadora alterna en la Misión de Colombia ante Naciones Unidas y embajadora itinerante para los Asuntos de Género y Política Exterior Feminista.
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