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Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España expresaron este domingo, 4 de enero, su rechazo conjunto a las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio venezolano. En un comunicado oficial, los seis países advirtieron que este tipo de intervenciones vulneran principios fundamentales del derecho internacional y representan un grave riesgo para la estabilidad regional y la seguridad de la población civil.
En el documento, los países firmantes manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” frente al uso de la fuerza en Venezuela, señalando que estas acciones contravienen normas esenciales consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, como la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Según el comunicado, este tipo de operaciones sienta un precedente “sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional.
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Los seis gobiernos insistieron en que la situación venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas. En ese sentido, reafirmaron que cualquier salida a la crisis debe darse a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en estricto apego al derecho internacional. El comunicado subraya que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
Los seis países también reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz. Recordaron que este principio se ha construido sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. En este contexto, hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de la región.
El comunicado también incluye un exhorto al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes para que utilicen sus buenos oficios diplomáticos con el fin de contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
Finalmente, los países firmantes expresaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos de Venezuela. Según el texto, este tipo de acciones resulta incompatible con el derecho internacional y constituye una amenaza directa para la estabilidad política, económica y social tanto del país como de la región en su conjunto.
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